ANORMALIDADES
ARGENTINAS
Desde Buenos Aires, saludo a los oyentes de El Club de la
Pluma
A esta altura del experimento libertario no hace falta
abundar en ejemplos a la hora de decir que nos gobierna un desquiciado. Un
psicótico perverso que expone y lleva a la práctica sus ideas como si fueran
una verdad absoluta frente a las que no caben ni el diálogo, ni la
confrontación ni la puesta en duda. Su pensamiento expone una polarización
donde él representa todo lo bueno en tanto quien no acuerda en un 100%,
representa lo contrario.
En paralelo a esta patología, asistimos a una degradación
de las instituciones como sólo conocimos de la mano magistral de García
Márquez, Alejo Carpentier, Roa Bastos o Mario Vargas Llosa; a una reducción
hasta la inexistencia de la jerarquía jurídica y del Estado de Derecho. Porque,
¿qué significa cuando un Decreto, como el 70/23, deroga de un plumazo 26 leyes
sancionadas por el Congreso, que en la pirámide jurídica tienen jerarquía
superior?
¿Qué significa cuando la Corte no suspende ese decreto,
abiertamente inconstitucional?
¿Qué significa también que un gobernador instruya a “sus”
diputados para una votación en el Congreso, desconociendo que esos diputados no
lo representan ni a él ni a su provincia sino “al pueblo de la Nación” en su
conjunto?
¿Qué debemos entender cuando un fiscal como Pollicita no
encuentra elementos suficientes para demostrar la corrupción y el
enriquecimiento ilícito de un funcionario, mostrados a cielo abierto?
¿Qué lectura debemos hacer frente a un Poder Ejecutivo
que endeuda al Estado cuando el artículo 75 inciso 4 de nuestra Constitución le
otorga al Congreso la facultad exclusiva de “contraer empréstitos sobre el
Crédito de la Nación”?
Y más aún, ¿qué interpretación merece que la Sala IV de
la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano
Borinsky y Javier Carbajo, haya sobreseído a Mauricio Macri y su pandilla en la
causa por la deuda que tomó, a espaldas del Congreso, con el FMI?
¿Qué significa que Videla haya muerto preso y Carlos
Blaquier en su cama? ¿Qué significa, finalmente, que el gobierno incumpla la
Ley de Financiamiento Universitario, desconozca los fallos judiciales y ningún
tribunal haya establecido el embargo de las cuentas nacionales? Este incompleto
listado significa, lisa y llanamente, que entre el Madame Bovary de Flaubert y
nuestra Constitución no existe diferencia alguna: ambos son una ficción.
“El Congreso no
puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las Legislaturas provinciales a los
gobernadores de provincia, Facultades Extraordinarias ni la Suma del Poder
Público (…) por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos
queden a merced de persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan en sí una
nulidad insanable (…)”. Es el artículo 29 de nuestra Constitución. No obstante
lo categórico de esta prohibición, entre 1853 y 1989 diversos presidentes
constitucionales echaron mano en 23 oportunidades de Decretos de Necesidad y
Urgencia. Este número aumentó de manera exponencial entre 1989 y 1994, cuando
el presidente Menem firmó, según el registro de Ferreira Rubio y Goretti, 336
DNU. A su abierta inconstitucionalidad sumaban una variedad de temas, entre los
que se mezclaban las privatizaciones, la donación de cemento a Bolivia y las
carreras de Fórmula 1, haciendo tambalear el ya dudoso argumento de la
“necesidad y urgencia”. Para la sociedad, total normalidad.
También pareció normal que, a fines del ´93, y como si el
artículo 30 no existiera, dos personas (Menem y Alfonsín) acordaran en secreto
la reforma constitucional, estableciendo no sólo el contenido sino el
procedimiento a aplicar. A través de una “cláusula cerrojo” impidieron a la
Convención Constituyente abrir el debate, debiendo votar el paquete cerrado que
dos individuos decidieron en el Pacto de Olivos.
Mientras en la prensa sólo se hablaba de la reelección, se
colaban dos artículos que destruyeron el principio republicano de división de
poderes: el de los Decretos de Necesidad y Urgencia y el de las Delegaciones
Legislativas.
A partir de allí, sólo fue cuestión de tiempo para que la
misma existencia de estos instrumentos abriese las puertas al autoritarismo. El
Decreto 267/2015 sancionado por Macri, borró de un plumazo la ley 26.522 de
Regulación de Medios Audiovisuales. Y por el 257, suspendió la vigencia del Código
Procesal Penal de la Nación, materia expresamente prohibida por la
Constitución. Tal descalabro sólo fue y sigue siendo posible porque la política,
la prensa, la justicia y la gran mayoría de la sociedad guardaron y guardan un
silencio apabullante.
Y aunque el presidente puede hoy gobernar solo y la vida
de los argentinos está a su merced, no hay en la sociedad una preocupación
fuerte que ponga el foco en semejante anomalía.
Los argentinos hemos normalizado un significado
particular del concepto de “orden” y una legitimación selectiva del
autoritarismo y la violencia. Sesgo introducido desde muy temprano en nuestra
Historia por las clases dominantes y que nos ha convertido, con el paso del
tiempo, en una sociedad profundamente inmoral.
Cuando el porteño Mitre se levantó en armas contra el
gobierno legal de la Confederación en 1860 y lo derrotó en Pavón, asumió de
facto el Poder Ejecutivo. Su carácter de usurpador no fue cuestionado por las
clases dominantes y así pudo intervenir las provincias y colocar en ellas
autoridades afines al liberalismo porteño. Su bandera era, aunque cueste creerlo,
la defensa de la Constitución. No tuvo la misma suerte Ángel Vicente Peñaloza
quien, derrotado por los centralistas, terminó rindiéndose en Loma Blanca.
Esto no impidió que fuera degollado frente a su familia y
su cabeza exhibida en un poste de la plaza de Olta. Poco importó que en él se
encarnaran los verdaderos principios constitucionales que afirmaban el
federalismo. A partir de entonces, quedó establecido quiénes están habilitados
para darle sentido a la palabra “orden”.
Y nadie mejor que Lucio López reflejó en La Gran Aldea la
mentalidad de nuestras clases dominantes y su percepción del mundo, en palabras
que bien podrían haber sido pronunciadas en algún almuerzo de AEA: “Nosotros
somos la clase patricia de este pueblo, nosotros representamos el buen sentido,
la experiencia, la fortuna, la gente decente. Fuera de nosotros es la canalla,
la plebe quien impera. Seamos nosotros la cabeza. Nuestra divisa es Obediencia.
Cúmplase nuestra divisa”.
Con Mitre también nació una lectura aberrante del texto
constitucional, de fuerte impacto en el SXX: aquella que hace del artículo 21,
que ordena a los ciudadanos armarse en defensa de la patria y de la
Constitución, la excusa perfecta para un golpe militar. Y no importa que, para
esta peculiar lectura, haya que ignorar que ese artículo se refiere a la guerra
exterior y que el 22 cataloga tal conducta como sedición. La divisa de nuestras
clases dominantes, que con tanta claridad expuso Lucio López, estará siempre por
encima de la Carta Magna.
Y será impuesta con fraude y derrocando gobiernos legítimos;
masacrando pueblos enteros para entregar esas tierras a “la gente decente”;
asesinando sin tapujos a quienes, desde abajo, pugnaron por más derechos, por
menos explotación, por una vida digna y por un reparto equitativo de la riqueza
que con su trabajo producían. La Matanza de Villamayor, la campaña de Roca, los
expulsados sin juicio y sin defensa por la Ley de Residencia, la Semana
Trágica, los fusilados en la Patagonia y los asesinados en Napalpí; el
bombardeo de Plaza de Mayo, la proscripción del peronismo, los muertos de
Trelew y los 30 mil desaparecidos son nítidos ejemplos de que los intereses de
unos pocos, pero poderosos, en Argentina, no reconocen más ley que la propia;
que no existen, para ellos, ni la Constitución ni la República; y que son los
dueños absolutos de las instituciones y de los derechos de todos.
Pero si en el SXIX bastaba la aclamación en Asamblea
Pública para legitimar la violencia y el uso de la fuerza, en el SXX la
apariencia de legalidad proviene de las mismas instituciones del Estado.
Y ese es el rol que en nuestro país siempre cumplió el
Poder Judicial convertido, a esta altura, en una verdadera mafia. No sólo avaló
cada golpe de Estado, sino que dio estabilidad a las normas sancionadas por
gobiernos de facto, posibilitando su permanencia más allá de los “Estados de
Excepción”. El peronismo estuvo proscripto 18 años y la Ley de Entidades
Financieras de Martínez de Hoz sigue en vigencia. Para los Tribunales
argentinos, el único derecho que parece existir es el de propiedad, llevando su
inviolabilidad hasta el extremo del abuso y el despojo. Argentina es el único
país del mundo donde el depósito en garantía entregado por un inquilino pasa a
manos directas del propietario, quien lo devuelve 2 años después sin actualización
alguna.
El artículo 16 de la Constitución afirma que “todos los
habitantes son iguales ante la ley”. Pero el Poder Judicial, garante de este
derecho, lo ha convertido en verdadera letra muerta. Una jubilada puede estar
presa más de 30 días por tratar de robar carne en un supermercado. Pero Macri,
involucrado en las causas del Correo Argentino, de los Panamá Papers, en el
contrabando de autopartes, en el negociado con las cloacas de Morón, en el
espionaje a los familiares de la Amia y del ARA San Juan, en el armado de la
Mesa Judicial y en el conflicto de interés por las Autopistas del Sol, blindado
por la justicia, anda suelto y fue presidente. Cristina Kirchner está presa
porque “debía saber” lo que ocurría en Santa Cruz con la obra pública provincial.
Pero Javier Milei no tiene por qué saber lo que ocurría en ANDIS, directamente
dependiente del Poder Ejecutivo. Roberto Baratta, funcionario del kirchnerismo,
está preso por enriquecimiento ilícito, porque compró una casa por 70 mil
dólares y la refaccionó por 300 mil. Pero, según la justicia, no hay elementos
suficientes para demostrar el mismo delito en Manuel Adorni quien, con un
salario de $1.500.000, compró propiedades por valor de 400 mil dólares, viajó
al exterior con su familia y es propietario de autos de lujo. La independencia
judicial es, entonces, otra de las tantas ficciones argentinas. Y no hay ni
habrá igualdad ante la ley con una casta judicial clasista, cuyos fallos se han
convertido en instrumento político e ideológico.
Vivimos hoy una degradación en todos los frentes que no
puede ser entendida como el ejercicio perverso del poder por un gobierno
autoritario. Somos el resultado de un proceso que, a lo largo de nuestra
Historia, ha prostituido las instituciones y erosionado el Estado de Derecho;
ha vaciado de significado conceptos como República y Democracia; y ha
reemplazado en la arena política la soberanía popular por los intereses de las
corporaciones. Pero de esta Argentina que avergüenza somos todos responsables,
como también lo somos de ponerle límites. Porque como bien escribió Alejandro
Horowicz, “Si algo terrible que pueda suceder en una sociedad sucede, es porque
la compacta mayoría no deseó impedirlo”
Desde Buenos Aires, saludo a los que escuchan El Club de
la Pluma
PROF.
LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES
Profesora
de Historia - Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO

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