LA REVISTA Y EL PROGRAMA "EL CLUB DE LA PLUMA" PRETENDEN SER CANALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICANDO, DIFUNDIENDO AQUELLO QUE PUEDA CONTRIBUIR A UNA MAYOR CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE NUESTRAS REALIDADES, NUESTRA HISTORIA Y NUESTRA IDENTIDAD.
NUESTRO EDITORIAL…
¿PICANTE?
¡¡¡NO RECOMENDADO PARA
OIDOS SENSIBLES…!!!!
PROGRAMA “EL CLUB DE
LA PLUMA” EMITIDO EL DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR RADIO WEB “EL CLUB DE
LA PLUMA” CÓRDOBA – ARGENTINA
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LA INFORMACIÓN INÚTIL
Estamos jodidos, sí. Estamos
jodidos, compañeros. Algunos ya lo sentimos así desde el genocidio, desde la
"salida" misma de la dictadura (que en aspectos decisivos nos dejó
sus reglas de juego). En nuestros trabajos anteriores hemos dado distintas
perspectivas de esta sociedad de información, tal como la llaman. Hoy vamos a
mencionar al mexicano Fernando Buen Abad, que aporta una mirada más cercana a
la nuestra en este tema.
Dice Buen Abad que "A estas
alturas de la historia la agenda temática indispensable para cualquier sociedad
no es un misterio ni un enigma indescifrable. No hay territorio en el planeta
que no tenga urgencia de saber qué pasa (verdaderamente) con la economía, no
como la trama de negociados procaces culpables de la miseria sino como la
realidad cruda y dura del paradero de las riquezas producidas por los
trabajadores." Si ya sabemos que la riqueza la crea el trabajo y no los
parásitos dueños del capital, ¿por qué seguimos aceptando ovejunamente que se
la lleven TODA? Y sobre eso, sobre preguntas de ese talante, reina la inanición informativa.
No hay territorio que no requiera saber,
con nitidez escrupulosa, qué hacen los “políticos”, no por el entramado tóxico
del tráfico de influencias, favores u odios entre ellos, sino por la calidad y
la cantidad de los problemas sociales que deben atender bajo mandato
democrático.
No hay un centímetro de planeta
que pueda confiar en su estructura social sin conocer la dinámica completa del
avance en las ciencias, en las artes, en
la conflictividad y principalmente en la evolución de sus luchas, todas y cada
una, en el espectro complejo de la sociedad actual. Y eso es de lo que más se
silencia y tergiversa. Desfigurar los hechos es, por supuesto, desinformar.
Hace mucho tiempo, en los métodos
y los instrumentales científicos de la producción informativa, dejó de tener
valor la excusa de la ignorancia. Lo que se publica -o lo que se silencia-
tiene la marca de los grupos de “inteligencia”, públicos o privados, que operan
dentro y fuera de los medios de información. Ahí se cuecen los datos, su
extensión, su profundidad su calidad y su cantidad. Ahí se definen los temas y
se define el “canon” informativo obligatorio que una sociedad requiere para su
desempeño cotidiano. Pero, bajo el capitalismo, que ha convertido la
información también en mercancía, secuestrada para tribulaciones políticas o
mercenarias, el “canon” (el conjunto mínimo obligatorio de información) no
obedece a la producción social de conocimiento colectivo sino a la lógica de
mercado.
Tal “canon” es hoy una referencia
ineludible para medir la calidad y cantidad de la producción, la distribución y
la interlocución con la información ofertada. Hay perfiles etarios, de género,
de oficio, de orientaciones políticas, estéticas o científicas. Hay
datossuficientes, relevamientos geográficos, climatológicos económicos,
políticos y culturales abundantes, como para proveer a las sociedades enteras
con informaciones pertinentes, oportunas, amplias y críticas. Sin excusas, sin
pretextos y sin omisiones. Y, sobre todo, proveer al “canon” con verdad
científica, diversa, rica, consensuada y enriquecida permanentemente. Hay
métodos avanzados para garantizarlo a pesar de que la niebla de mediocridad y
servilismo que cubre a la mayoría de los “medios” no permita que se conozca la
fuerza de la ciencia al servicio de la información social cotidiana.
Desinformar no solo es suspender o sobreabundar en la “transmisión” de
“datos”, es también sepultar un canon social informativo obligatorio. Es reducir
el acto de informar al capricho de los fabricantes de “noticias”. Es redactar
corpus cercenados, al antojo de una ofensiva contra la consciencia de los
pasivos receptores, para entregarles una visión (o noción) de la realidad
deformada, desfigurada, desinformada. Es un fraude de punta a punta. No es una
“omisión” más o menos interesada o tendenciosa…no es una “falla” del método; no
es un accidente de la lógica narrativa; no es un incidente en la composición de
la realidad; no es una errata del observador;
no es miopía técnica ni es, desde luego, “gaje del oficio”. Es lisa y
llanamente una canallada contra el conocimiento, un delito de lesa humanidad.
Es como privar a los pueblos de su Derecho a la Educación. A estas alturas de
la Historia y, especialmente de la historia de los “medios de comunicación”, no
hay derecho que justifique la acción deliberada de silenciar lo que ocurre. La
excusa de “no saber”, de “no conocer”, de “no tener información” para, por
ello, no asumir la responsabilidad profesional y ética que le compete a un
medio informativo… es francamente sospechosa y ridícula.
A
la vista de todas las canalladas inventadas por los monopolios para violar el
legítimo derecho de los pueblos a la mejor información evaluada ética y
científicamente por las sociedades, bien vendría instruir una revolución
jurídico-política hacia una nueva Justicia Social irreversible que tuviera como
ejes prioritarios los que competen a la Cultura y a la Comunicación como
inalienables. O dicho de otro modo, que nunca más la Cultura, la Comunicación
ni la Información puedan ser reducidas, retaceadas ni regateadas por el interés
de la clase dominante contra las necesidades de las clases oprimidas,
impunemente.
PEDRO
RODRIGUEZ
Desde Rosario- Militante Social
EL PODER
JUDICIAL:
UN
PROBLEMA DE AYER Y SIEMPRE
Desde Buenos
Aires, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma. Soy Lidia Rodríguez Olives
Recordábamos en la
última columna que en las atrocidades que se cometieron durante el Proceso de
1976, los militares no estuvieron solos. Tenemos pendiente juzgar a empresas y
empresarios. Porque cuando el Terrorismo de Estado se entroniza ejerciendo indiscriminadamente
violencia contra la sociedad, son varios los responsables.
La Dictadura de
1976 también fue apoyada por jueces, abogados y fiscales que contribuyeron a
consolidar un sistema de torturas, desapariciones, asesinatos y depredación. Uno
puede tomar el Golpe de 1976 como un hecho aislado y atípico; o bien, puede
ponerlo en perspectiva histórica. Desde esta mirada veremos que la tan mentada
independencia del Poder Judicial siempre ha sido y sigue siendo una ficción;
una bandera que encubre un ideario conservador y elitista, siempre dispuesto a
interpretar el Derecho en función de intereses minoritarios y del control
social.
La Justicia argentina
tuvo un papel relevante durante la Dictadura y, dentro de su estructura, el
Fuero Federal fue el más activo. Denegó Hábeas Corpus; confirmó la validez de
normas represivas; se negó a investigar las denuncias que llegaban a sus
juzgados; instruyó causas fraudulentas para extorsionar empresarios; persiguió
a jueces de instancias inferiores que realizaban instrucciones penales;
participó en maniobras de ocultamiento de cadáveres y se negó a investigar las
causas de esas muertes; fue cómplice de la apropiación ilegal de menores;
prestó ayuda para interrogar y torturar detenidos y delató a abogados
comprometidos con causas de Derechos Humanos. A pesar de este frondoso
prontuario, hasta 2015, sólo 129 funcionarios judiciales fueron vinculados a alguna
práctica terrorista. 99 de ellos fueron denunciados penalmente, 53 formalmente
imputados, pero sólo 1 condenado. El resto continuó en funciones. Porque la
“familia judicial” se protege y ningún poder se controla a sí mismo.
La Dictadura
conjugó una coalición de sectores conservadores y liberales que se proponían
refundar la Argentina sobre las bases del orden y el control social. Se trataba
de disciplinar a la clase trabajadora y a sus organizaciones y restaurar las
jerarquías y valores tradicionales, tanto en lo público como en lo privado.
Como en otras dictaduras, los liberales conducirán la economía, mientras los
conservadores lo harán con la justicia y la educación. Por eso, no es asombroso
que la nueva Corte Suprema haya jurado por los Objetivos Básicos y el Estatuto
del Proceso de Reorganización Nacional. Tampoco, que haya quedado conformada
por jueces promovidos o designados por otras dictaduras y jubilados por el
gobierno peronista en 1973. Y menos asombroso resulta su vinculación con el
catolicismo más rancio, como es el caso de Alejandro Caride, miembro del Opus
Dei; o de Federico Videla Escalada, socio de la Corporación de abogados
católicos; y también de Pedro Frías, representante ante el Vaticano del
gobierno de Onganía.
No fue la casualidad
sino su “complicidad militante” la que llevó a esta Corte a establecer que las
Actas Institucionales y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional
eran normas que se integraban a la Constitución en la medida en que
subsistieran las causas que habían dado legitimidad a esas normas de facto.
También por “complicidad militante” se extendió el estado de sitio y se eliminó
el derecho de opción a salir del país durante su vigencia, se convalidó la
justicia militar para juzgar civiles, aduciendo que (y cito) “los civiles
juzgados no demostraron los errores en que los jueces militares podían haber
incurrido ni que el fallo hubiese sido diferente si se tratara de un tribunal
civil”. La “justicia militante” rechazó 5487 pedidos de Habeas Corpus.
Estos “Apóstoles
de la Dictadura”, comprometidos en difundir su evangelio, también colaboraron
para hacer posible el plan económico de Martínez de Hoz. Dotando al gobierno de
la mayor discrecionalidad posible, dedicaron su energía a restaurar el orden,
las jerarquías y la disciplina laboral, aunque esto significara el
cercenamiento de derechos adquiridos. Ocurrió con la sanción de la “Ley de
Prescindibilidad” 21274, que permitió despedir sin fundamento a 200 mil agentes
del Estado, en abierta violación del artículo 14 bis de la Constitución que
establece la estabilidad del empleado público.
La Corte confirmó
esas bajas, argumentando que las atribuciones gubernamentales “deben
reconocerse con amplitud”, a fin de permitir la “depuración” y la “reducción”
de la planta, sin que esto pueda revisarse en la justicia. Una gran cantidad de fallos están dirigidos a
garantizar el poder disciplinario de los empleadores. Mientras rechazaba
pedidos de licencia de delegados gremiales, reconocía al empresario el derecho
a modificar unilateralmente las condiciones del contrato de trabajo. Los
benefició avalando la suspensión del derecho de huelga, los despidos de gente
privada ilegalmente de su libertad y la reducción de las indemnizaciones.
Una desearía poder
decir que este comportamiento vergonzante fue una excepción, un paréntesis en
su recorrido histórico. Pero no es así. Una mirada retrospectiva nos muestra
que el Poder Judicial siempre fue favorable a reconocer la fuerza jurídica de
los actos normativos de los gobiernos de facto. También, que no sólo nunca
confrontó con los poderes oligárquicos, sino que estuvo a su entero servicio.
Podemos
remontarnos a 1861, cuando el gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre,
derrocó al gobierno constitucional y de Santiago Derqui en la Batalla de Pavón.
Mitre asumió, de hecho, la conducción nacional antes de ser electo presidente,
y todos sus actos, avalados por la Corte. No tuvieron la misma suerte los
revolucionarios Radicales de 1893 que, habiendo triunfado en Santa Fe y San
Luis, reclamaron su formal reconocimiento. Pero la Corte respaldó la
intervención federal a esas provincias argumentando que “la fuerza no
constituye derecho”. Sin embargo, este antecedente fijado por su propia
doctrina no les impidió en 1930 avalar con una Acordada y sin que nadie se los
pidiera, el Golpe de Estado contra Yrigoyen. Queda claro que, más allá de su
cacareada independencia, tanto la Corte como la justicia argentina conforman
una corporación política en defensa de determinados intereses. Y esto no es una
excepción: es la regla. Lo volverán a hacer en 1943, en 1955, en 1966 y en
1976. No sólo dotarán de legitimidad a gobiernos de facto, sino que asegurarán
la permanencia de las normas por ellos sancionadas. En 1990 y bajo un gobierno
supuestamente democrático, el fallo 209:274 estableció por unanimidad que,
“Ante decisiones más o menos recurrentes que se apoyan en el principio de
ilegitimidad de los actos de los gobernantes de facto y cuestionan o niegan que
ellos puedan generar derechos subjetivos, debe optarse por la seguridad
jurídica aceptando su validez, aún en contra de nuestras valoraciones,
afectivas o ideológicas, en favor de la democracia”.
La Justicia no es
un elemento más de la democracia: es su pilar fundante. Por ello resulta
imperativo abrir el debate sobre la necesidad de reformarla. Debemos comprender
que las estructuras y redes de un Poder Judicial ideológicamente conservador y
cómplice en la práctica de gobiernos autoritarios y del capital concentrado, siguen
vigentes. Lo vemos en los procesos que “duermen” o se “aceleran” según quién
sea el demandante o el demandado, beneficiando, por ejemplo, a Macri, cuya
deuda con el Estado lleva más de 20 años esperando una resolución. Lo vemos en
la utilización permanente de la doctrina de “arbitrariedad de la sentencia”
que, aplicada desde principios del SXX, permite a la Corte analizar y fallar en
casos que no son constitucionalmente de su competencia, erigiéndola en árbitro
supremo de cualquier conflicto y afectando decisiones de gobiernos soberanos. Así,
en 2018, la prepaga OSDE pudo evitar el pago de los costos que implicaban el
tratamiento de un paciente con Trastorno Generalizado del Desarrollo, pagos a
los que estaba obligada por un fallo en Primera Instancia confirmado por la
Cámara de Apelación. También lo vemos hoy en los fallos que subordinan los
derechos sociales a la emergencia económica o al derecho de propiedad,
haciéndolos ver como un privilegio. En marzo de 2024, la Corte Suprema,
respaldada por todo el arco empresario, sepultó el interés compuesto para el
cálculo de indemnizaciones, disminuyendo considerablemente el monto de las
mismas.
Es que mientras no
reformemos este Poder Judicial corrompido desde sus bases y su historia,
fiscales como Carlos Stornelli, yerno en primera instancia del represor Llamil
Reston y prófugo de la justicia, seguirán en sus puestos sirviendo al poder
real, como hizo el 12 de junio de 2024 con los detenidos en la manifestación
contra la Ley de Bases, a los que privó de su libertad acusándolos de
incitación a la violencia, delitos contra los poderes públicos y el orden
constitucional, intimidación pública e intento de Golpe de Estado. Todo esto
fundamentado en notas aparecidas en Clarín, La Nación y en un twit oficial.
También será posible que jueces como Ariel Lijo, que ostenta como antecedente
ser el magistrado más denunciado en la justicia y el que menos causas elevó a
juicio (entre ellas la del Correo Argentino), sean premiados con su postulación
para la Corte suprema.
El odio es enemigo
de la razón y, alimentado por las pasiones más bajas, hizo posible que estemos
donde estamos. Su fuerza destructiva nos ha llevado a lugares antes impensados,
donde recuperar la razón no sólo es una cuestión ética, sino que resulta
imprescindible para la supervivencia misma del cuerpo social.
Desde Buenos
Aires, les mando un gran abrazo a todos los oyentes de El Club de la Pluma
PROF.
LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES
Posgrado
en Ciencias sociales por FLACSO
PÁNICO Y
DESESPERACIÓN DE OCCIDENTE
ESPAÑA Y
SUS FANTASMADAS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
“LA ERA
DEL INDIVIDUO TIRANO”
Un cálido abrazo a
toda la querida audiencia de EL CLUB DE LA PLUMA. Otro domingo más, nos
encontramos en este espacio de reflexión compartida en el que, generalmente,
presentamos múltiples temáticas que, la mayoría de las veces, involucran al
planeta en su totalidad.
Nuestra columna de
hoy abarcará tres cuestiones que podrían, aparentemente, ser disímiles, pero
quizás no lo son tanto.
Los últimos hechos
tanto en el frente ucraniano-ruso, como en el de Medio Oriente tienen parecidos
asombrosos: en ambos escenarios de parte de la OTAN o del poder corporativo occidental,
se busca el enfrentamiento total. Lo de Kurst por parte de Ucrania como
operación estratégica se realizó esperando una sobrerreacción de Rusia para
facilitar la escalada del conflicto.
Ucrania ya no tiene
material militar ni propio ni de la OTAN. Esa operación en Kurst también buscaba
generar pánico en la Federación Rusa, distraer a los rusos del frente oriental
y bombardear la central nuclear de Kurst para generar un desastre nuclear,
culpar a los rusos y justificar una intervención militar posterior de
Occidente. Pero, ¿es tan tonta la OTAN como parece? Pues no, porque, aunque lo
de Kurst sea un desastre militar, sin embargo, es un paso más en la escalada.
Bombardear territorio
ruso, matar civiles, ya de parte de la misma OTAN en una situación de pánico y
desesperación, pero no es solamente pánico y desesperación de la OTAN, sino del
gobierno de Ucrania, del gobierno de Israel, del gobierno de Estados Unidos, de
la Unión Europea y, sobre todo, del poder corporativo, de Wall Street. Es que
la idea de que Rusia gane en Ucrania es una hipótesis inaceptable.
¡Ojo si gana Donald
Trump, aunque todavía él sigue siendo un misterio! Y Kamala Harris es la
candidata de Wall Street, de la élite oligárquica que domina el mundo, no lo
olvidemos, de ahí la demonización de Trump.
La victoria rusa en
Ucrania sería el final del control de Occidente, salvo que lleguemos a la
guerra nuclear. Y además saben que no pueden enfrentarse a Rusia y China,
simultáneamente, porque obviamente China no la dejará sola a Rusia. En Medio Oriente,
con el desafío de Israel a Irán, provocando directamente a la República
Islámica de Irán para que reaccione, ocurre algo similar. Israel está en pánico
histórico.
Se apuesta a una sobrerreacción
de Irán y ahí tendrían el pretexto mediático para arrastrar a los Estados
Unidos.
Israel sería
destruida fácilmente si no consigue arrastrar a Estados Unidos. Pero detrás de
Irán están China y Rusia porque no dejarán sola a la República Islámica de Irán.
Ahora bien, la estrategia es generar una escala regional o mundial. Si las
provocaciones no funcionan, ¿habrá una reacción directa de la OTAN? El objetivo
es aumentar la escalada en Oriente Medio que los salve de ese futuro que están
viendo: es el pánico del poder corporativo occidental y tanto en Ucrania como
en Israel les está yendo muy mal. La guerra en Ucrania también necesita de la
acción directa de Estados Unidos. Mucha atención a las próximas semanas de
máximo riesgo de estallido en Ucrania o en Oriente Medio. Puede ocurrir
cualquier cosa.
Estamos viviendo un
momento histórico altamente crítico.
Y pasamos ahora a
cuestiones domésticas, es decir, de España. El 22 de agosto, el gobierno español
confirmó la presencia de la ministra de Defensa, en tres de la islas y peñascos
que reclama Marruecos en el Estrecho de Gibraltar.
El pretexto oficial
era absolutamente irrelevante para llevar a la ministra hasta allí: una
patrullera amarrada en el puerto de Melilla, quedaba al mando del teniente de
navío Manuel Ángel López, pero al tomar posesión del cargo, el comandante López
resultó enfático y reiterativo: España le recuerda a Marruecos que ostenta la
soberanía de las ciudades de Ceuta y Melilla, además de las islas y peñascos
que reivindica la corona marroquí.
Los territorios que
España aún mantiene en África están rodeados de aguas jurisdiccionales, que
también son españolas. Por lo tanto, la Marina sigue dispuesta a ahuyentar a
los pesqueros marroquíes que incursionan en aguas jurisdiccionales. Pero más
allá de esos dichos, no está demás recordar que la OTAN no reconoce la
titularidad española de Ceuta, Melilla y demás posesiones africanas, porque así
lo firmó el gobierno de Madrid cuando se incorporó a la Alianza. Parece que se
les olvidó a nuestros gobernantes. ¡Qué fuerte!
Las repetidas
peticiones formales para que Ceuta y Melilla se incorporen a la OTAN no han
prosperado nunca, porque así lo decidieron Estados Unidos y el Reino Unido.
Para la OTAN, un ataque a nuestros enclaves en África no es un ataque a España.
Mucho hablar de
soberanía, pero es papel mojado. Las ostentosas declaraciones oficiales acerca
de Ceuta y Melilla de parte de nuestros gobernantes se quedan en declaraciones.
Lo mismo ocurrió en 1975, cuando el Sáhara era español.
En Rabat, saben que,
si entonces los españoles cedieron, también acabarán cediendo en los enclaves
africanos bajo soberanía española. La monarquía marroquí siempre ha considerado
a Ceuta y Melilla como “territorios ocupados” y parte de lo que la doctrina
oficial llama “el Gran Marruecos”, un proyecto expansionista para consumo
interno, pero que es la trama ideológica que justifica el papel de este país
como gendarme de los Estados Unidos en el norte de África.
En la entrada al Mar
Mediterráneo, tenemos a los dos perros rabiosos: en el peñón de Gibraltar, a
los británicos y, enfrente, a Estados Unidos. ¿Qué puede salir mal?
Y ahora pasamos al
momento filosófico con el libro “La era del individuo tirano” del filósofo
francés Eric Sadin que plantea el surgimiento de una condición inédita en el
siglo XXI, caracterizada por la eliminación progresiva de todo cimiento común
entre las personas, dejando en su lugar una constelación de seres individuales
descreídos de la política y movilizados por la ira y el resentimiento.
La década del 2010
produjo un cambio que no se evidencia tanto en las estructuras de la sociedad
como en los cuerpos, las posturas, las miradas, tensiones, gestos, violencia
verbal, sensación de malestar. Se expresa en la desconfianza hacia las
instancias del poder de todo tipo, acompañado con un rechazo hacia la
democracia participativa y un súbito apasionamiento hacia figuras que se valen
de la agresión.
¿Pensamos en Milei,
en Argentina?
Hay un discurso que
no condice con la realidad del neoliberalismo, porque es evidente la creciente
desigualdad, la precariedad, el retroceso del Estado de bienestar y del
principio de solidaridad.
El neoliberalismo ya es
un sistema agotado. Existe un nuevo resentimiento como un aire de época difuso
y, a la vez, como una insatisfacción individual, íntima y solitaria que hace
que los individuos no crean en los proyectos políticos colectivos. Esto deriva
en una insatisfacción permanente y los insatisfechos no quieren “que nadie
hable en nombre de ellos”, porque cada uno quiere erigirse en banquero de su propia
cólera.
Estamos ante la era
del individuo tirano, una condición que muestra la abolición progresiva de todo
sentimiento común. Hay una absoluta atomización de los sujetos, incapaces de construir
lazos constructivos y duraderos y emerge una nueva categoría que es la
apolítica.
El filósofo francés
da muestras de una capacidad reflexiva fascinante, pero nos detenemos aquí.
Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención, e invitándola a otra emisión de EL CLUB DE LA PLUMA, el próximo domingo. ¡Hasta la victoria, siempre, compañeros!
PROF. VIVIANA ONOFRI
Profesora en Letras
ex catedrática de la
Universidad Nacional de Mar del Plata
