EL CLUB BILDELBERG - Soros, el sicario de la oligarquía británica, y la política de saqueo conocida como “globalización” - Parte XXXVI - PROF. VIVIANA ONOFRI

 

EL CLUB BILDELBERG

RED TAVISTOCK

Soros, el sicario de la oligarquía británica, y la política de saqueo conocida como “globalización”

Parte XXXVI

 

 

 Un cálido abrazo a toda la querida audiencia de EL CLUB DE LA PLUMA.

 Mi columna de hoy será una continuidad de reflexiones iniciadas hace varios meses de la mano de los libros del Dr. Daniel Estulin: LA VERDADERA HISTORIA DEL CLUB BILDELBERG, EL INSTITUTO TAVISTOCK y LA TRASTIENDA DE TRUMP. Me centraré en la figura de George Soros y en la política de saqueo conocida como “globalización”.

 

 George Soros es o, mejor dicho, su grupo de fundaciones es un frente de la comunidad de inteligencia angloestadounidense de izquierdas, por un lado y el “Proyecto Democracia del Gobierno de los Estados Unidos, por el otro. Soros no acaba de llegar al mundo de la actividad criminal.

 Ha estado involucrado en distintas operaciones violentas, como guerras financieras especulativas para destruir monedas nacionales, respaldar políticas asesinas de eutanasia y aportando mucho dinero a campañas internacionales para la legalización de las drogas. Además, tiene una relación de no demasiada traición con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

 

 Soros dio inicio a su legado genocida trabajando para la maquinaria asesina que masacró a más de 500.000 judíos húngaros durante el Holocausto. El joven Soros se encargaba de saquear las propiedades de los judíos a las órdenes del teniente general de la SS Kurt Becher, jefe de la Waffen SS.

 

 La supuesta promoción de Soros del narcoterrorismo es el equivalente a las cañoneras que empleaba el Imperio cuando emprendió sus guerras del opio contra China y la India en el siglo XIX.

 Soros es el testaferro del Imperio y proporciona cobertura a la asquerosa política de saqueo conocida de manera eufemística como GLOBALIZACIÓN.

 

 Mediante organizaciones como Human Rights Watch, la Soros Foundation y el Open Society Institute, Soros promueve las drogas y destruye naciones.

 

 Soros es la cara visible de una vasta y sucia red secreta de intereses financieros privados,

controlados por la aristocracia y las familias reales que lideran Europa, con un epicentro en la casa británica de Windsor. Esta red, denominada por sus miembros El Club de las Islas, se construyó sobre los restos del naufragio del Imperio británico tras la Segunda Guerra Mundial.

 

 El Club de las Islas domina corporaciones gigantescas como la holandesa Shell, Imperial Chemical Industries, Lloys de Londres, Unilever, Río Tinto Zinc y la angloestadounidense DeBeers. Domina el suministro mundial de petróleo, oro, diamantes y muchas otras materias primas vitales y despliega estos activos no solo para alcanzar sus objetivos geopolíticos. Soros sólo es estadounidense en su pasaporte. Es un operador financiero global que resulta que está en Nueva York sencillamente porque “ahí está el dinero”.

 Soros especula en los mercados financieros mundiales mediante su empresa OFFSHORE Quantum Fund NV, un fondo de inversión privado o “fondo especulativo”.

 

 El Quantum Fund está dado de alta en el paraíso fiscal de las Antillas Neerlandesas, en el Caribe. Esto es para evitar pagar impuestos, así como para ocultar la auténtica naturaleza de sus inversores y lo que él hace con el dinero. George Soros forma parte de una mafia financiera bien tejida, “mafia” en el sentido de una fraternidad cerrada al estilo masónico o de familias que persiguen objetivos comunes.

 

 Volvemos a la organización Open Society cuyas operaciones contra el bloque oriental

empezaron mucho antes de la caída del muro de Berlín y resultaron más sencillas cuando llegó a manos de Soros toda la red existente de intelectuales asociados con el antiguo Congreso para la Libertad Cultural y la Fundación Europea para la Cooperación Internacional. La filosofía subversiva por la que abogaban estaba centrada en los “derechos humanos individuales” y el “desarrollo” humano individual contra los supuestos estragos de las naciones Estado.

 Como respuesta a un cisma en el anterior Centro Internacional para la Libertad Cultural a cuento de los desmadres de la Nueva Izquierda, este grupo se puso principalmente del lado de la Nueva Izquierda.

 

 No es casual que Human Rights Watch, el instrumento de golpes de Estado contra los Gobiernos que se rebelan contra las élites, se convirtiera, al mismo tiempo, en el arma clave del Open Society Institute. Human Rights Watch y su estrecho aliado, Amnistía Internacional del Foreign Office británico, constituyen escuadrones de ataque internacional contra las naciones que se oponen al libre mercado y a la globalización.

 

 El mundo que se está viniendo abajo es el del poder único que los NEOCOMS de la Administración de Bush pusieron en marcha cuando se rompió la Unión Soviética. Los Gobiernos que no se sumaran a este mundo con un poder único serían eliminados con el paso del tiempo mediante una política de cambio de régimen, por ejemplo, las revoluciones de colores financiadas desde fuera de los países, como admitió sin sonrojarse Victoria Nuland en el caso de Ucrania. Sólo el Departamento de Estado de los Estados Unidos gastó allí cinco millones de dólares en ONGs.

 

 Pero esta política también implicaba la intervención militar directa con el pretexto de la democracia y los derechos humanos, como en el caso de Irak, Libia y Siria y que sus objetivos siempre son “dictadores y demonios”. Y, naturalmente, Rusia y China eran los objetivos finales de esta política de cambio de régimen. “Este imperio es algo más que las naciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Son las fuerzas oligarcas que ejercen su poder en todo el sistema financiero trasatlántico neoliberal y la defensa militar del orden mundial del poder único y les importa un bledo el bienestar general de la población de los países en que da la casualidad que viven.”

 

 Soros al afirmar que los Estados “tienen intereses, pero no principios”, explica que la sociedad abierta ideal suprimiría los intereses nacionales concretos, mientras una estructura política y financiera internacional se ocuparía del llamado “bien común”. Sinceramente, causaría gracia, si no fuera perversamente siniestro. Cualquier nación que rechace la globalización, es una sociedad cerrada y sujeta a ataques por parte de Soros y su gobierno en la sombra formado por agentes nacionales, obviamente, porque la llamada GLOBALIZACIÓN encubre el saqueo más demoníaco de los Estados-nación. Soros no es más que un peón del equipo del Estado Profundo, alias el Imperio británico moderno, que está forzando las guerras. Si, definitivamente, yo también querría empezar la Tercera Guerra Mundial, eso haría que el poder y el dinero siguieran fluyendo en mi dirección.

 No hay nada como una lucha peligrosa para proporcionar cobertura al fraude financiero.

 

 Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención, invitándolos a una nueva emisión de EL CLUB DE LA PLUMA el próximo domingo.

  

PROF. VIVIANA ONOFRI

Profesora en Letras

ex catedrática de la Universidad Nacional de Mar del Plata

 

AL FILO DE UNA DICTADURA: DEMOLIENDO EL ESTADO DE DERECHO - PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

 

AL FILO DE UNA DICTADURA:

DEMOLIENDO EL ESTADO DE DERECHO

 

 Desde Buenos Aires, les mando un fuerte abrazo a los que escuchan El Club de la Pluma. Soy Lidia Rodríguez Olives

 

 Decíamos en la columna anterior que Argentina es una sociedad autoritaria, que ha ido demoliendo con cada golpe de Estado las bases jurídicas e institucionales que sostienen un orden democrático. Pero el fin de las dictaduras no significará la clausura del autoritarismo mientras gobiernos electos intenten remediar las dificultades económicas centralizando el poder político y clausurando los canales de participación. Todos los programas neoliberales fueron aplicados bajo una fuerte concentración del poder, ya que difícilmente hubiesen contado con el apoyo de la sociedad civil.

 

 Estos “Nuevos Autoritarismos” se iniciaron con el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999, pero perduraron con la Alianza, el macrismo y, actualmente, con el gobierno de Milei. Milei admira el menemismo y reproduce en el gobierno sus más destructivas características. En los 10 años al frente del Ejecutivo, Menem gobernó por decreto y los programas de ajuste fueron definidos por un grupo de tecnócratas. Su legado se ha instalado en nuestro orden constitucional y jurídico lesionando severamente la democracia y las instituciones, colocando en su lugar un régimen marcadamente autoritario. El presidente no es ya uno de los poderes del Estado, sino que se erige como encarnación de la Nación y custodio de sus intereses, intereses que sólo él define contra la oposición expresa de la sociedad. Así, la legitimidad electoral sirve como excusa para usurpar de manera creciente la totalidad del poder político.

 

 En 1996 y analizando el menemismo, Ferreira Rubio y Matteo Goretti publicaban en Desarrollo Económico un artículo titulado “Cuando el presidente gobierna solo”. Porque durante todo el período, Menem gobernó a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, que se convirtieron en moneda corriente. Sin embargo, y hasta la reforma de 1994, estos instrumentos estaban expresamente prohibidos por la Constitución Nacional, como también lo estaban las delegaciones legislativas. El art. 29 los declaraba de “nulidad insanable”.

 

 Pese a esta prohibición expresa, Menem firmó, entre 1989 y 1994, 336 DNU, a través de los cuales creó impuestos (facultad exclusiva del Congreso con iniciativa en la Cámara de Diputados), derogó leyes, reguló salarios, modificó derechos civiles y políticos, intervino organismos del Estado, concentró el manejo de la deuda externa, privatizó empresas públicas, alteró relaciones contractuales entre privados y desreguló la economía. Por el lugar que ocupa en la memoria colectiva y por su claro contenido inconstitucional, tal vez sea el decreto 36/90 (conocido como Plan Bonex) el que más merezca un espacio en esta columna. Los depósitos bancarios fueron confiscados y sus titulares recibieron, a cambio, bonos de la deuda externa canjeables a 10 años. Con él se violaron las relaciones jurídicas entre particulares, se afectó el derecho de propiedad y se instituyó un empréstito forzoso que perjudicó a gran parte de la población.

 

 Pero la concentración del poder no depende sólo de la voluntad de un actor. Se necesita que otros dejen hacer, que lo permitan, tanto por coincidencia como por incapacidad para impedir. Entonces, en la construcción de estos autoritarismos que se esconden bajo una fachada democrática, no sólo hay que analizar el comportamiento del Poder Ejecutivo, sino que resulta necesario someter al escrutinio tanto al Poder Judicial como al Congreso de la Nación; a los partidos políticos, a los gobernadores y a la sociedad en su conjunto. Porque cuando un gobernante se transforma en tirano, son muchos los responsables.

 

 Jaqueado por la hiperinflación y al borde del abismo, Alfonsín había adelantado las elecciones generales y, al perderlas, optó por dejar el gobierno 6 meses antes. Pero el candidato electo tenía sus condiciones. Sólo aceptaría hacerse cargo del gobierno si el Congreso aprobaba 2 leyes que consideraba imprescindibles para el desarrollo de su programa: la de Emergencia Económica y la de Reforma del Estado. Radicales y peronistas acordaron entonces aprobarlas, a pesar de que implicaban delegaciones legislativas prohibidas en la Constitución. Así recibió Menem la capacidad para privatizar empresas del Estado, suprimir o suspender derechos laborales, contraer deuda y renegociar la existente, fijar impuestos y eliminar barreras arancelarias. En uso de estas atribuciones delegadas, tanto la telefónica ENTEL como Aerolíneas Argentinas fueron vendidas por decreto. Pero también se abrogó el presidente la potestad de establecer quién o quiénes estarían exceptuados de las normas por él mismo dictadas. El decreto 581/90 permitió a la empresa Thomson Argentina recuperar el dinero de sus cuentas. Otro decreto, en medio de una apertura económica indiscriminada, exceptuó a las automotrices, protegiéndolas con un arancel del 35% que benefició SEVEL, empresa de la familia Macri.

 

 También los gobernadores aportaron lo suyo al acrecentamiento del poder del presidente. En mayo de 1990 firmaron el Primer Pacto Fiscal. A través de este acuerdo, el gobierno nacional aumentaba las transferencias y cedía parte de la recaudación a favor de las provincias. A cambio, recibía un apoyo incondicional en el Congreso, apoyo imprescindible a la hora de concretar el objetivo personal más ambicioso de Carlos Menem: la reforma constitucional que lo habilitaría para un nuevo mandato.

 

 Neutralizado el Congreso y controlados los gobernadores, sólo el Poder Judicial había quedado fuera de la órbita del Ejecutivo. No se trataba de una cuestión menor. La confiscación de los ahorros de miles de argentinos derivada del Plan Bonex, hacía prever una lluvia de juicios contra el Estado. La abierta inconstitucionalidad del decreto tornaba imprescindible el control de la Corte Suprema, garante última de la validez de las normas. Fracasadas las presiones para lograr la renuncia de algunos de sus miembros, Menem envía al Congreso un proyecto de ley para ampliar su composición de 5 a 9 miembros. La Corte reaccionó con una Acordada en la que denunciaba que “es de la esencia de los gobiernos autoritarios librarse de las trabas de la Constitución y de la Ley”. Pese a las denuncias sobre irregularidades en el trámite parlamentario, el proyecto fue aprobado en abril de 1990. Como consecuencia, 2 integrantes de la Corte renunciaron y el presidente pudo nombrar, entre abril y septiembre, 6 cortesanos afines. Hacer la Corte, tituló Verbitsky. No conforme con eso, reemplazó al Procurador General por decreto, hecho que ocurría por primera vez en la historia constitucional argentina.

 

 El reemplazo de la Corte resultó como Menem esperaba. Cuando el Caso Peralta, primer juicio por el Plan Bonex, llegó a esa instancia, el decreto fue validado. En su fallo, la Corte sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Ejecutivo de normas como el decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por la sola razón de su origen”. La división de poderes se convirtió en una simple enunciación, desdibujando para siempre los límites que la Constitución establece en el ejercicio del poder. Poco después del fallo por el Caso Peralta, las facultades de la Corte fueron cercenadas por el DNU 2071/91, que suspendía la autarquía judicial para regular sus salarios. Demostrando una vez más que no fallan conforme a derecho sino a intereses, la Corte se apresuró a declararlo inconstitucional, ya que “interfiere en lo resuelto por otras Acordadas de este Tribunal… situación que torna ineludible un pronunciamiento en salvaguarda del sistema de división de poderes consagrado por la Constitución Nacional”.

 

 En 1994 y violando nuevamente las normas establecidas, nuestra Constitución fue reformada. Se hizo a través del Pacto de Olivos, acuerdo entre los líderes de las 2 fuerzas políticas mayoritarias: radicales y peronistas. El nuevo texto fue redactado por ellos y la Convención Constituyente, impedida de analizarlo o modificarlo. Y mientras la opinión pública y los medios se entretenían con la reelección, los DNU y las delegaciones legislativas eran consagradas. Salió de ahí un texto peligroso e incoherente. Peligroso porque habilita el uso despótico y autoritario del poder. Incoherente, porque aquello que prohíbe expresamente en su artículo 29, lo habilita en el 99 inciso 3 y en el 76.

 

 El modelo imperial que hoy padecemos no es ni casual ni momentáneo. Es el resultado de un proceso histórico construido del que son responsables las instituciones, los partidos políticos, los líderes mesiánicos, los medios de comunicación y una sociedad donde predominan el odio, la ignorancia y el bolsillo, dispuesta a inmolar la democracia en aras de sus pasiones e intereses individuales.

 

 Hoy, un presidente que parece Calígula deroga leyes por decreto, pone en vigencia DNU sin aprobación del Congreso, cierra organismos nacionales, despide trabajadores, atropella el federalismo, entrega soberanía, destruye la ciencia, ataca la cultura, recorta prestaciones imprescindibles y pone en riesgo la vida de los argentinos. Acá, como siempre, la crisis económica lo justifica todo. Pero la lección que Argentina no termina de aprender es que la estabilidad económica nunca estará garantizada si se basa en la debilidad de las instituciones. Porque el autoritarismo, en la medida en que rompe todo vínculo con la sociedad, termina generando la inestabilidad que, paradójicamente, dice combatir.

 

 Desde Buenos Aires, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma

 

 

PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

Profesora de Historia

Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO