DEFENDER LOS MEDIOS
PÚBLICOS Y LOS SRT,
MULTIMEDIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Uno de los bienes
colectivos esenciales, para garantizar derechos humanos básicos, es la libertad
de expresión, sin discriminaciones, ya que es un derecho fundamental del
espíritu de las personas y opera como garantía para ellas y la sociedad. En
función de lo cual la comunicación y la información constituyen un “bien social”,
a defender colectivamente, ante el Estado y por el Estado.
A su vez, los medios de
difusión y junto a los periodistas y las periodistas, que canalizan dicho
derecho humano básico, son un instrumento vital en el desarrollo de las
comunidades y tienen una representación implícita de la sociedad, en el
ejercicio del derecho a expresarse y a saber.
En ese sentido, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-5/85, del 13/11/1985,
sostuvo que, en la actualidad, “los medios masivos de comunicación son los que
hacen realidad el ejercicio de la libertad de expresión”.
Tan es así, que la
Constitución Nacional, en su reforma del año 1994, determinó que, el Congreso
Nacional se encargará de dictar leyes, “que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren
la responsabilidad indelegable del Estado … que protejan la identidad y
pluralidad cultural” y “los espacios culturales y audiovisuales”,
(art. 75, inc. 19 C.N.).
Lo referido es de
particular importancia, razón por la cual, en el año 2003, se dictó la Ley
nacional 25.750 que determinó, que “la política del Estado nacional preservará
especialmente”, entre otros bienes culturales, a “los medios de comunicación”,
(art. 1, inc. d).
El objetivo de la ley de
protección de los bienes culturales también implicaba la necesidad de preservar
diversas expresiones de la realidad del país, con sentido nacional y federal.
El gobierno ataca a bienes culturales
Lo
antes referido es fundamental, sin embargo, el presidente Javier Milei, en la
llamada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que
presentó en un primer momento, conocida como la “Ley Ómnibus”, propuso como
empresas a privatizar a la Agencia Telam de noticias. Luego ha buscado
eliminarla ilegalmente, en función del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/23, que es nulo absoluto e insanable.
También en dicho
proyecto se proponía privatizar a la Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA) y
violando la autonomía universitaria, incluyó como bien del Estado Nacional a
privatizar, a la Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A. y a los Servicios
de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A. (SRT).
Después, en el nuevo
proyecto de “Bases” presentado, ya que el anterior se retiró por el oficialismo
porque no obtuvo mayoría, solo se dejó para privatizar por la nación a RTA
(radios nacionales y la TV Pública). Esto es grave, ya que los medios que
abarca son importantísimos para la integración nacional y al acceso a la
información en todo el país, con sentido federal. A su vez, no se puede dejar
que medios estatales queden sometidos sólo a las reglas del mercado, hay
intereses superiores a tutelar en ellos.
El Papa San Juan Pablo
II, al respecto, sostuvo que, “con el nuevo capitalismo el Estado y la sociedad
tienen el deber de defender los bienes colectivos que, entre otras cosas,
constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir
legítimamente sus fines individuales”, (Carta Encíclica “Centesimus Annus”).
Además, el Gobierno de
Milei, sin justificación, cerró las redes sociales de todos los medios públicos, incluidos los
canales de televisión educativos. De esa manera, se destruyó los espacios
públicos en las redes sociales en Internet.
Defender los SRT de la UNC
En lo que hace a la Radio
de la Universidad Nacional del Litoral han dicho las autoridades de dicha
universidad, que se harán cargo del funcionamiento de la misma y no se
privatizará.
Más, para dolor de los
cordobeses, no pudimos festejar la no inclusión en la nueva ley Bases de los
SRT ya que, las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), decidieron
achicar y prácticamente hacer desaparecer la presencia del multimedio, con lo
que ello significa para la cultura de Córdoba. Dicho medio cuenta con la señal de televisión abierta Canal 10, que también está incluido
en la Televisión Digital Abierta (TDA), junto al Canal “U”; Radio Universidad
(AM 580); Nuestra Radio (FM 102.3), más su página web de noticias Cba24N y sus redes
sociales en Internet.
Todo lo que deja en
claro que, cuando se ha aplicado en el país la Ley 25.750, de defensa de los
bienes culturales, sólo se ha buscado garantizar, especialmente, la
preservación del capital y las ganancias de las grandes empresas
comunicacionales como cuando, en su momento, esa norma le permitió al Grupo
Clarín poder licuar sus pasivos en dólares, con motivo de la crisis del año
2001. Pero ahora, se desarman y dejan morir a los otros medios e incluso, el
Estado quiere deshacerse de prácticamente de todos los que posee como si fueran
innecesarios, afectando la democratización de la palabra, el respeto a las
audiencias y no asumiendo la necesidad que haya medios públicos que ayuden a la
construcción cívica.
El periodismo le da el sentido cultural al medio
A su vez, respecto de
los llamados bienes culturales no se puede dejar de hacer presente que, en la
conceptualización de ellos, hay que cuidar a los periodistas y las periodistas
que le dan el verdadero contenido cultural, a la información y al ejercicio de
la libertad de expresión. Las computadoras, las consolas de edición, las
antenas, las cámaras, los edificios y demás objetos del inventario empresarial
de los SRT, no sirven para conformar un bien cultural, son sólo soportes. Más, la
perspectiva neoliberal hace valer la rentabilidad económica, por sobre otros
conceptos y valores a contemplar. Como resultado de ello, se han despedido u
obligado a retiros voluntarios y a jubilaciones anticipadas a muchos trabajadores
que logran hacer posible las emisiones y a gran cantidad de periodistas, valiosos/as
que constituyen su esencia y dan la personalidad al multimedio SRT, que hay que
preservar.
De esta forma, Córdoba
va perdiendo una voz fundamental, que hace a su ser social, su historia y
personalidad. Lamentablemente, esto se produce, de la mano de la propia Universidad
que le dio vida y lo cobijó. Incluso, ahora han dicho sus autoridades
universitarias, que el reajuste para gastos del 270 % que les otorgará el
gobierno nacional, tampoco se va a coparticipar para los gastos de los SRT.
Las autoridades
provinciales deben tomar partido en la situación, y hacer su aporte al tema,
atento que la Constitución de la Provincia de Córdoba determina, que “la
información y la comunicación constituyen un bien social”, (art. 51). Tienen la
obligación de no ser indiferentes y defender a los SRT, como el bien social que
pertenece a la vida y la personalidad propia del pueblo cordobés,
indisolublemente unido, a lo que significa nuestra UNC, con 411 años de
presencia, la más antigua del país y una de las primeras de América.
Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado
constitucionalista cordobés y
Periodista de opinión
