SOBERANÍA RESIGNADA POR EL GOBIERNO DE MILEI - Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe

 

SOBERANÍA RESIGNADA POR EL GOBIERNO DE MILEI

 

 

          Nuestra sociedad argentina, dentro de la genuina sensación de necesitar cambios, consagró presidente a un anarco capitalista como Javier Milei, que ha sostenido que “el Estado es una asociación criminal y… hay que entrar al sistema para dinamitar al Estado”. En ese objetivo, entre otros fines, Milei está atacando perfiles básicos de la Nación, nuestra patria. Reparemos que una Nación se funda en una población ligada por vínculos históricos, jurídicos y afectivos, en un territorio soberano que le da unidad y con un gobierno regulado por la Constitución Nacional.

 

No importa el pueblo

            Con una verdadera frialdad inaceptable, demuestra una profunda inhumanidad respecto de las personas que viven en el país. Así, deja sin medicamentos básicos a jubilados y personas necesitadas; no provee de alimentos a los merenderos; se jacta que ha echado a miles de personas y tantas cosas más, en contra de la población.

 

Entrega de las Malvinas

            Asimismo, en febrero de este año, violando resoluciones internacionales y en un franco desafío a Argentina, el ministro de relaciones exteriores inglés David Cameron visitó las Islas Malvinas y refirió que las islas Malvinas se consideran integrantes del Reino Unido.

            Esta visita se realizó a un mes de la reunión sostenida en Davos con el presidente Javier Milei.

            Ante ese hecho, la canciller argentina Diana Mondino sólo se limitó a emitir un twitter irónico diciendo, que “Estaremos felices de recibirlo en una próxima ocasión en Buenos Aires”. No se hizo una protesta formal del país, como corresponde. Omisión esta que no puede considerarse que se cumplió cuando se encontró, luego en Brasil, con el canciller inglés y manifiesta ella, que le hizo un reclamo no formal, sin valor jurídico internacional.

            Mientras tanto, después de la visita de Cameron, unilateralmente el gobierno británico dispuso, sobre zona reivindicada soberana por Argentina, extender a 170.000 kilómetros cuadrados el radio de veda total para la navegación y la pesca.

            Además, se está construyendo un nuevo puerto británico en Malvinas que se especializará en brindar servicios logísticos a terceros países con intereses en el continente blanco. Se pretende que dicho puerto sea la puerta de entrada para la Antártida, sustituyendo a Ushuaia, nuestro puerto del sur.

 

La Antártida Argentina

            La provincia de “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, fue creada por ley 23.775/90, cuyo territorio reviste particular importancia geopolítica para nuestro país y el mundo. A dicha provincia la integran las tierras y aguas reclamadas por Argentina, en la que se encuentra nuestro sector antártico. Hay que recordar que la Argentina, fue el primer país del mundo en tener una presencia en el Polo Sur hace 120 años, en 1904, con una base en el grupo de las Islas Orcadas, donde se fundó un observatorio meteorológico.

            La actitud de Cameron implica un avance en las reivindicaciones inglesas respecto de la Antártida, en el reclamo de una porción de territorio en el polo sur, que se superpone con nuestro sector antártico.

            En enero de este año 2024, el presidente Javier Milei visitó las bases Marambio y Esperanza, en la Antártida argentina, con motivo de un programa de control de la contaminación por microplásticos, sin embargo, no declaró nada respecto de la reivindicación soberana argentina en los hielos australes y nuestros derechos sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur.

 

 Ley de tierras

            El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por Milei, deroga la Ley 26.737 sobre “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales”, denominada “Ley de Tierras”. Dicha derogación viola el Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas. La Ley de Tierras buscó reducir el gran peligro que representa la posibilidad de la adquisición de tierras, y con ello de ecosistemas nativos de alta biodiversidad, glaciares o porciones de cuencas hídricas, efectuada por compradores extranjeros y/o por corporaciones de otros países.

            Luego, con la llamada Ley Ómnibus se ha buscado eliminar organismos del estado que controlan a las corporaciones y grandes sectores de interés. Las modificaciones propuestas en el proyecto sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios terminan siendo un complemento que, de manera negativa, se suma a la derogación por el DNU 70 de la Ley de Tierras, ya que dan impunidad a las empresas megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio.

            Razones por las cuales, el representante de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) el biólogo Dr. Raúl Montenegro puso una denuncia penal contra el presidente y los ministros firmantes de las normas referidas.

            Un país sin Ley de Tierras, y sin organismos del Estado de Control, termina no solo perdiendo soberanía sobre su propio territorio, sino recursos vitales, imposibles de recuperar.

 

Entrega de la soberanía del Río Paraná

            Otro aspecto soberano fundamental de nuestra Argentina es el Río Paraná, que ahora lo denominan “Hidrovía”, para no mencionar su nombre. Por él se transportan minerales y el 80 % de todas las exportaciones argentinas.    

            El presidente Milei ha hecho un pacto con Uruguay para que todas nuestras exportaciones por el Paraná salgan desde el puerto de Montevideo, desactivando la realización del canal Magdalena, que permitiría llegar a un puerto argentino y de ahí partir al exterior. Incluso los barcos que vienen por el río Paraguay y Paraná, que van a nuestro sur argentino, como al puerto de Mar del Plata, deben pasar por Montevideo, lo cual es inaceptable.

            Hay que agregar que existen 31 puertos privados por las que se canalizan grandes exportadoras, en los que se evaden, sin esfuerzo, los controles de los diversos organismos del Estado.

            A su vez, el presidente Milei en la Ley Ómnibus, (art. 346), pretendió lograr la facultad de poder él autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país, lo que le está vedado por el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que determina la competencia exclusiva del Congreso Nacional para “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación”.

            Luego, sin respetar la constitución, el gobierno de Milei ha dado, ilegalmente, al ejército norteamericano el control del tráfico del río Paraná, al firmarse, en un acto administrativo nulo, el Memorandum de entendimiento convenio suscripto entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuartel General del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Lo firmado implica una renuncia a poder asegurar el dominio soberano sobre la vía navegable. Incluso la AGP aparece en la lista de la Ley Ómnibus de dependencias del Estado que se busca desnacionalizar. 

            Al respecto, la canciller Diana Mondino no sólo no ha dicho nada, sino que su gestión se caracteriza por la indolencia y la desidia en materia de soberanía.

 

Evitar el infarto de patria

            Estamos a tiempo de evitar que estos golpes al corazón de la Patria grande se consoliden. No se puede permitir el doble juego que hace Milei que, por un lado, dice que busca generar consensos legales en un “Pacto de Mayo”, pero pone como requisito que, previamente, los gobernadores aprueben el DNU 70/23, declarado inválido por el Senado, por ser de nulidad absoluta e insanable y, además, la “Ley Ómnibus”.

  

Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista cordobés y

Periodista de opinión

EL CLUB BILDELBERG - RED TAVISTOCK - Parte XXXVII - PROF. VIVIANA ONOFRI

 

EL CLUB BILDELBERG - RED TAVISTOCK

Goldman Sachs, Estados Unidos no es soberano - el 11S y los billones que faltan

Parte XXXVII

 

 

 Un cálido abrazo a toda la querida audiencia de EL CLUB DE LA PLUMA.

 Mi columna de este domingo será la continuación de una serie de reflexiones ya iniciada hace varios meses, de la mano de los libros LA VERDADERA HISTORIA DEL CLUB BILDELBERG, EL INSTITUTO TAVISTOCK y LA TRASTIENDA DE TRUMP.

 

 Hoy me centraré en Goldman Sachs, la nula soberanía de los Estados Unidos y hechos oscuros y turbios tras el 11 de septiembre.

 Otro de los agentes claves en la estructura del poder del Estado profundo es Goldman Sachs, una empresa que, presuntamente, habría estado asociada con grandes responsabilidades en la CIA y en la comunidad de la INTELIGENCIA, tanto en el sistema financiero oculto como en el presunto presupuesto de la CIA y del Tesoro de los Estados Unidos.

 

 Lo que vimos durante la presidencia de Trump es a Goldman Sachs alineándose con él. En rigor, en las elecciones de noviembre próximo, no podemos estar plenamente del lado del grupo de Trump (él sólo es la cara visible), ni tampoco de la facción representada por Obama, Hillary Clinton y Biden, aunque sería más esperanzadora la

postura de Trump, para quien la guerra proxy en Ucrania, si fuera por él, se terminaría en 24 horas y mandaría la OTAN a la basura.

 

 Cuando la mayoría de las personas observan el Gobierno de los Estados Unidos, lo que ven son sólo 21 agencias gubernamentales. Sin embargo, Estados Unidos no es un gobierno soberano.

 No tiene soberanía informativa, no tiene soberanía financiera. Recordemos de mi columna sobre la Reserva Federal, que es una entidad privada, una de las extensiones de la “nobleza negra veneciana” en territorio americano. Lo que tiene Estados Unidos es a cinco contratistas de Defensa que controlan todas las bases de datos.

 

 Si estudias todas las cuentas bancarias del Gobierno de los Estados Unidos, ves que están controladas en depósitos por la Reserva Federal, lo que significa que las controlan bancos agentes, como, por ejemplo, Goldman Sachs.

 En el mundo de la política profunda y la geopolítica, cuando llegas a este punto, cuando te enfrentas a operaciones encubiertas y públicas, necesitas a personas que sepan dónde están escondidos los cadáveres. La clave del rendimiento de Goldman Sachs es el fervor con el que usó el llamado “apalancamiento”, el efecto multiplicador del apalancamiento se ha comparado a hacer sonar un látigo, con cierta cantidad de fuerza a la hora de hacer girar la muñeca que tiene como resultado una gran multiplicación de dicha fuerza en el extremo del látigo.

 

 Para conseguir el apalancamiento, Goldman Sachs utilizó los fondos de inversión. Estas son empresas que no hacen nada productivo, sino que obtienen su valor comprando acciones de otras compañías y conservándolas. No es en vano señalar que una cosa es la economía productiva, la que crea materiales y servicios y, otra muy diferente, la economía especulativa que no son más que papelitos de colores que generan solamente especulación, ganancias hipermillonarias para los Amos del Mundo.

 

 Actualmente, en los estertores del modelo de crecimiento basado en la deuda, Goldman Sachs y los chicos de Davos y el Fondo Económico Mundial están intentando reorientar el modelo hacia los flujos de efectivo para ver si pueden encontrar un filón para mantener el sistema de funcionamiento.

 

 En parte, el fin del modelo de crecimiento basado en la deuda se debe a que cuando se emiten acciones y deuda, en lugar de crear fondos en todo el mundo, lo único que haces es devaluar la moneda, lo que incrementa la inflación.

 

 Cuando nos referimos a la crisis de 2007-2008 y hablamos sobre la quiebra de Lehman

Brothers, o de la burbuja inmobiliaria o subprime, o “hipoteca basura”, no fue tan así, sino fue la crisis del modelo económico-financiero actual, pero el problema es que no existe un lenguaje para el modelo económico mundial que vendrá. Esa fecha fue el principio del fin del modelo.

 Las potencias tendrán que sentarse para conversar sobre cuál será el modelo que le seguirá al actual.

 

 Cuando cayó la Unión Soviética, el modelo se pudo expandir en un 40%, pero hoy ese modelo de expansión infinita no puede materializarse en un planeta con recursos finitos. Si Davos, entre otros, pretende mantener su esquema principal de “imprimir dinero y enriquecerse” va a necesitar más control sobre la economía. Esto nos lleva al presupuesto de los Estados Unidos, porque el principal reto consiste en que existe un flujo secreto de dinero en efectivo.

Hablamos de gastos generales, el presupuesto en negro, el sistema financiero oculto, los dividendos secretos; la parte encubierta afecta a la economía pública, pero no está permitido que nadie lo sepa, nadie puede hablar de ello.

 

 ¿Cómo reestructurarlo todo para ser más eficiente, pero sin dejar de financiar esa enorme cantidad de operaciones encubiertas? Y aquí es donde entra en juego Goldman Sachs, por lo que parece, Goldman Sachs está en lo más algo, con un poder político y financiero incomparable. Goldman Sachs fue creado en el siglo XIX y se hizo bien conocido por su venta privada de acciones.

 El banco tuvo un papel clave en la creación de la política de dólar fuerte, así como en la creación de burbujas financieras. Goldman Sachs ha tenido un papel clave en la historia del mundo.

 

 En los Estados Unidos existe un sistema financiero oculto que es un sistema completamente aparte de los libros de contabilidad que se ha usado como fondos con fines ilegales para operaciones encubiertas, la guerra económica y, en última instancia, dada la gran cantidad de dinero que implica, para la financiación encubierta de proyectos de investigación ocultos y ciencia límite exótica.

 

 Consideremos el presupuesto en negro más el sistema financiero oculto, más las manipulaciones del mercado y las operaciones encubiertas, como abrir los Estados Unidos a las drogas. Todos esos importes, llamados “importes en negro”, esa financiación ha ido creciendo, creciendo y creciendo, especialmente, a medida que el fraude financiero se hizo más efectivo y sofisticado. Pero a medida que ha ido creciendo esa cantidad de dinero a empezar a bastar para financiar la infraestructura de la seguridad nacional, que es, principalmente, un mundo paralelo que la mayoría de nosotros no ve.

 

 El dinero no pasa por los presupuestos oficiales de Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos tiene un presupuesto paralelo que es invisible y la CIA se ha convertido, literalmente, en el banquero más grande del mundo, completamente, fuera de control.

 

 El fraude financiero ya era importante en la década de 1980, pero en la de 1990 se hizo global. La globalización proporcionó la actividad y el flujo de capital necesarios para crear una gran burbuja en los mercados inmobiliarios, especialmente, en los Estados Unidos y de ahí, en todo el mundo desarrollado y fue entonces cuando tuvo lugar el golpe de Estado financiero. De modo que el objetivo de crear una burbuja inmobiliaria era generar ingresos para ellos.

 

 Y ahora cambiamos de tema. En el ejercicio fiscal de 1998 se empezaron a echar en falta grandes cantidades de dinero. Alguien estaba desplazando el 100% o más de los ahorros para la jubilación en los Estados Unidos. Básicamente, los estaba robando. Si examinamos el 11 de septiembre, se destruyó gran cantidad de datos sobre el fraude con bonos del Gobierno y, así, variedad de investigaciones.

 Ese fue uno de los muchos rastros que cubrió el 11 de septiembre.

 

 También sabemos que la oficina de Inteligencia naval que estaba investigando en busca del dinero que faltaba, saltó por los aires. A partir del 11 de septiembre, hemos visto una inmensa cantidad de dinero gastada en guerras extranjeras. Así, el 11 de septiembre fue la fiesta de salida del armario del Estado de la seguridad nacional. Esto es algo que se había desarrollado de forma bastante oficial desde la Segunda Guerra Mundial. Truman y Eisenhower hablaron sobre ello.

 

 Con el 11 de septiembre, se ajustaron las leyes y, esencialmente, se concedió al Gobierno una versión formal de neofascismo a cara descubierta. Cayó la máscara y la nueva realidad oficial, una dictadura de mano dura bajo el eslogan de la “guerra contra el Terror” se convirtió en la principal fuente de atención del mundo. Con eso, con la nueva estructura legal y con la Patriot Act de Estados Unidos y todo lo que vino después, las guerras en el extranjero, con los 6,5 billones de dólares que ha gastado oficialmente el Gobierno de los Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak, se crearon mayores posibilidades para robar y para desviar dinero de las arcas públicas hacia esos programas opacos y el dinero encubierto no para de crecer.

 

 Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención, pero antes, a continuación, escucharán en la versión de Sting: Money for nothing, y los invito a una nueva emisión más de EL CLUB DE LA PLUMA el próximo domingo.

  

PROF. VIVIANA ONOFRI

Profesora en Letras

 ex catedrática de la Universidad Nacional de Mar del Plata

 

EL CLUB BILDELBERG - Soros, el sicario de la oligarquía británica, y la política de saqueo conocida como “globalización” - Parte XXXVI - PROF. VIVIANA ONOFRI

 

EL CLUB BILDELBERG

RED TAVISTOCK

Soros, el sicario de la oligarquía británica, y la política de saqueo conocida como “globalización”

Parte XXXVI

 

 

 Un cálido abrazo a toda la querida audiencia de EL CLUB DE LA PLUMA.

 Mi columna de hoy será una continuidad de reflexiones iniciadas hace varios meses de la mano de los libros del Dr. Daniel Estulin: LA VERDADERA HISTORIA DEL CLUB BILDELBERG, EL INSTITUTO TAVISTOCK y LA TRASTIENDA DE TRUMP. Me centraré en la figura de George Soros y en la política de saqueo conocida como “globalización”.

 

 George Soros es o, mejor dicho, su grupo de fundaciones es un frente de la comunidad de inteligencia angloestadounidense de izquierdas, por un lado y el “Proyecto Democracia del Gobierno de los Estados Unidos, por el otro. Soros no acaba de llegar al mundo de la actividad criminal.

 Ha estado involucrado en distintas operaciones violentas, como guerras financieras especulativas para destruir monedas nacionales, respaldar políticas asesinas de eutanasia y aportando mucho dinero a campañas internacionales para la legalización de las drogas. Además, tiene una relación de no demasiada traición con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

 

 Soros dio inicio a su legado genocida trabajando para la maquinaria asesina que masacró a más de 500.000 judíos húngaros durante el Holocausto. El joven Soros se encargaba de saquear las propiedades de los judíos a las órdenes del teniente general de la SS Kurt Becher, jefe de la Waffen SS.

 

 La supuesta promoción de Soros del narcoterrorismo es el equivalente a las cañoneras que empleaba el Imperio cuando emprendió sus guerras del opio contra China y la India en el siglo XIX.

 Soros es el testaferro del Imperio y proporciona cobertura a la asquerosa política de saqueo conocida de manera eufemística como GLOBALIZACIÓN.

 

 Mediante organizaciones como Human Rights Watch, la Soros Foundation y el Open Society Institute, Soros promueve las drogas y destruye naciones.

 

 Soros es la cara visible de una vasta y sucia red secreta de intereses financieros privados,

controlados por la aristocracia y las familias reales que lideran Europa, con un epicentro en la casa británica de Windsor. Esta red, denominada por sus miembros El Club de las Islas, se construyó sobre los restos del naufragio del Imperio británico tras la Segunda Guerra Mundial.

 

 El Club de las Islas domina corporaciones gigantescas como la holandesa Shell, Imperial Chemical Industries, Lloys de Londres, Unilever, Río Tinto Zinc y la angloestadounidense DeBeers. Domina el suministro mundial de petróleo, oro, diamantes y muchas otras materias primas vitales y despliega estos activos no solo para alcanzar sus objetivos geopolíticos. Soros sólo es estadounidense en su pasaporte. Es un operador financiero global que resulta que está en Nueva York sencillamente porque “ahí está el dinero”.

 Soros especula en los mercados financieros mundiales mediante su empresa OFFSHORE Quantum Fund NV, un fondo de inversión privado o “fondo especulativo”.

 

 El Quantum Fund está dado de alta en el paraíso fiscal de las Antillas Neerlandesas, en el Caribe. Esto es para evitar pagar impuestos, así como para ocultar la auténtica naturaleza de sus inversores y lo que él hace con el dinero. George Soros forma parte de una mafia financiera bien tejida, “mafia” en el sentido de una fraternidad cerrada al estilo masónico o de familias que persiguen objetivos comunes.

 

 Volvemos a la organización Open Society cuyas operaciones contra el bloque oriental

empezaron mucho antes de la caída del muro de Berlín y resultaron más sencillas cuando llegó a manos de Soros toda la red existente de intelectuales asociados con el antiguo Congreso para la Libertad Cultural y la Fundación Europea para la Cooperación Internacional. La filosofía subversiva por la que abogaban estaba centrada en los “derechos humanos individuales” y el “desarrollo” humano individual contra los supuestos estragos de las naciones Estado.

 Como respuesta a un cisma en el anterior Centro Internacional para la Libertad Cultural a cuento de los desmadres de la Nueva Izquierda, este grupo se puso principalmente del lado de la Nueva Izquierda.

 

 No es casual que Human Rights Watch, el instrumento de golpes de Estado contra los Gobiernos que se rebelan contra las élites, se convirtiera, al mismo tiempo, en el arma clave del Open Society Institute. Human Rights Watch y su estrecho aliado, Amnistía Internacional del Foreign Office británico, constituyen escuadrones de ataque internacional contra las naciones que se oponen al libre mercado y a la globalización.

 

 El mundo que se está viniendo abajo es el del poder único que los NEOCOMS de la Administración de Bush pusieron en marcha cuando se rompió la Unión Soviética. Los Gobiernos que no se sumaran a este mundo con un poder único serían eliminados con el paso del tiempo mediante una política de cambio de régimen, por ejemplo, las revoluciones de colores financiadas desde fuera de los países, como admitió sin sonrojarse Victoria Nuland en el caso de Ucrania. Sólo el Departamento de Estado de los Estados Unidos gastó allí cinco millones de dólares en ONGs.

 

 Pero esta política también implicaba la intervención militar directa con el pretexto de la democracia y los derechos humanos, como en el caso de Irak, Libia y Siria y que sus objetivos siempre son “dictadores y demonios”. Y, naturalmente, Rusia y China eran los objetivos finales de esta política de cambio de régimen. “Este imperio es algo más que las naciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Son las fuerzas oligarcas que ejercen su poder en todo el sistema financiero trasatlántico neoliberal y la defensa militar del orden mundial del poder único y les importa un bledo el bienestar general de la población de los países en que da la casualidad que viven.”

 

 Soros al afirmar que los Estados “tienen intereses, pero no principios”, explica que la sociedad abierta ideal suprimiría los intereses nacionales concretos, mientras una estructura política y financiera internacional se ocuparía del llamado “bien común”. Sinceramente, causaría gracia, si no fuera perversamente siniestro. Cualquier nación que rechace la globalización, es una sociedad cerrada y sujeta a ataques por parte de Soros y su gobierno en la sombra formado por agentes nacionales, obviamente, porque la llamada GLOBALIZACIÓN encubre el saqueo más demoníaco de los Estados-nación. Soros no es más que un peón del equipo del Estado Profundo, alias el Imperio británico moderno, que está forzando las guerras. Si, definitivamente, yo también querría empezar la Tercera Guerra Mundial, eso haría que el poder y el dinero siguieran fluyendo en mi dirección.

 No hay nada como una lucha peligrosa para proporcionar cobertura al fraude financiero.

 

 Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención, invitándolos a una nueva emisión de EL CLUB DE LA PLUMA el próximo domingo.

  

PROF. VIVIANA ONOFRI

Profesora en Letras

ex catedrática de la Universidad Nacional de Mar del Plata

 

AL FILO DE UNA DICTADURA: DEMOLIENDO EL ESTADO DE DERECHO - PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

 

AL FILO DE UNA DICTADURA:

DEMOLIENDO EL ESTADO DE DERECHO

 

 Desde Buenos Aires, les mando un fuerte abrazo a los que escuchan El Club de la Pluma. Soy Lidia Rodríguez Olives

 

 Decíamos en la columna anterior que Argentina es una sociedad autoritaria, que ha ido demoliendo con cada golpe de Estado las bases jurídicas e institucionales que sostienen un orden democrático. Pero el fin de las dictaduras no significará la clausura del autoritarismo mientras gobiernos electos intenten remediar las dificultades económicas centralizando el poder político y clausurando los canales de participación. Todos los programas neoliberales fueron aplicados bajo una fuerte concentración del poder, ya que difícilmente hubiesen contado con el apoyo de la sociedad civil.

 

 Estos “Nuevos Autoritarismos” se iniciaron con el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999, pero perduraron con la Alianza, el macrismo y, actualmente, con el gobierno de Milei. Milei admira el menemismo y reproduce en el gobierno sus más destructivas características. En los 10 años al frente del Ejecutivo, Menem gobernó por decreto y los programas de ajuste fueron definidos por un grupo de tecnócratas. Su legado se ha instalado en nuestro orden constitucional y jurídico lesionando severamente la democracia y las instituciones, colocando en su lugar un régimen marcadamente autoritario. El presidente no es ya uno de los poderes del Estado, sino que se erige como encarnación de la Nación y custodio de sus intereses, intereses que sólo él define contra la oposición expresa de la sociedad. Así, la legitimidad electoral sirve como excusa para usurpar de manera creciente la totalidad del poder político.

 

 En 1996 y analizando el menemismo, Ferreira Rubio y Matteo Goretti publicaban en Desarrollo Económico un artículo titulado “Cuando el presidente gobierna solo”. Porque durante todo el período, Menem gobernó a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, que se convirtieron en moneda corriente. Sin embargo, y hasta la reforma de 1994, estos instrumentos estaban expresamente prohibidos por la Constitución Nacional, como también lo estaban las delegaciones legislativas. El art. 29 los declaraba de “nulidad insanable”.

 

 Pese a esta prohibición expresa, Menem firmó, entre 1989 y 1994, 336 DNU, a través de los cuales creó impuestos (facultad exclusiva del Congreso con iniciativa en la Cámara de Diputados), derogó leyes, reguló salarios, modificó derechos civiles y políticos, intervino organismos del Estado, concentró el manejo de la deuda externa, privatizó empresas públicas, alteró relaciones contractuales entre privados y desreguló la economía. Por el lugar que ocupa en la memoria colectiva y por su claro contenido inconstitucional, tal vez sea el decreto 36/90 (conocido como Plan Bonex) el que más merezca un espacio en esta columna. Los depósitos bancarios fueron confiscados y sus titulares recibieron, a cambio, bonos de la deuda externa canjeables a 10 años. Con él se violaron las relaciones jurídicas entre particulares, se afectó el derecho de propiedad y se instituyó un empréstito forzoso que perjudicó a gran parte de la población.

 

 Pero la concentración del poder no depende sólo de la voluntad de un actor. Se necesita que otros dejen hacer, que lo permitan, tanto por coincidencia como por incapacidad para impedir. Entonces, en la construcción de estos autoritarismos que se esconden bajo una fachada democrática, no sólo hay que analizar el comportamiento del Poder Ejecutivo, sino que resulta necesario someter al escrutinio tanto al Poder Judicial como al Congreso de la Nación; a los partidos políticos, a los gobernadores y a la sociedad en su conjunto. Porque cuando un gobernante se transforma en tirano, son muchos los responsables.

 

 Jaqueado por la hiperinflación y al borde del abismo, Alfonsín había adelantado las elecciones generales y, al perderlas, optó por dejar el gobierno 6 meses antes. Pero el candidato electo tenía sus condiciones. Sólo aceptaría hacerse cargo del gobierno si el Congreso aprobaba 2 leyes que consideraba imprescindibles para el desarrollo de su programa: la de Emergencia Económica y la de Reforma del Estado. Radicales y peronistas acordaron entonces aprobarlas, a pesar de que implicaban delegaciones legislativas prohibidas en la Constitución. Así recibió Menem la capacidad para privatizar empresas del Estado, suprimir o suspender derechos laborales, contraer deuda y renegociar la existente, fijar impuestos y eliminar barreras arancelarias. En uso de estas atribuciones delegadas, tanto la telefónica ENTEL como Aerolíneas Argentinas fueron vendidas por decreto. Pero también se abrogó el presidente la potestad de establecer quién o quiénes estarían exceptuados de las normas por él mismo dictadas. El decreto 581/90 permitió a la empresa Thomson Argentina recuperar el dinero de sus cuentas. Otro decreto, en medio de una apertura económica indiscriminada, exceptuó a las automotrices, protegiéndolas con un arancel del 35% que benefició SEVEL, empresa de la familia Macri.

 

 También los gobernadores aportaron lo suyo al acrecentamiento del poder del presidente. En mayo de 1990 firmaron el Primer Pacto Fiscal. A través de este acuerdo, el gobierno nacional aumentaba las transferencias y cedía parte de la recaudación a favor de las provincias. A cambio, recibía un apoyo incondicional en el Congreso, apoyo imprescindible a la hora de concretar el objetivo personal más ambicioso de Carlos Menem: la reforma constitucional que lo habilitaría para un nuevo mandato.

 

 Neutralizado el Congreso y controlados los gobernadores, sólo el Poder Judicial había quedado fuera de la órbita del Ejecutivo. No se trataba de una cuestión menor. La confiscación de los ahorros de miles de argentinos derivada del Plan Bonex, hacía prever una lluvia de juicios contra el Estado. La abierta inconstitucionalidad del decreto tornaba imprescindible el control de la Corte Suprema, garante última de la validez de las normas. Fracasadas las presiones para lograr la renuncia de algunos de sus miembros, Menem envía al Congreso un proyecto de ley para ampliar su composición de 5 a 9 miembros. La Corte reaccionó con una Acordada en la que denunciaba que “es de la esencia de los gobiernos autoritarios librarse de las trabas de la Constitución y de la Ley”. Pese a las denuncias sobre irregularidades en el trámite parlamentario, el proyecto fue aprobado en abril de 1990. Como consecuencia, 2 integrantes de la Corte renunciaron y el presidente pudo nombrar, entre abril y septiembre, 6 cortesanos afines. Hacer la Corte, tituló Verbitsky. No conforme con eso, reemplazó al Procurador General por decreto, hecho que ocurría por primera vez en la historia constitucional argentina.

 

 El reemplazo de la Corte resultó como Menem esperaba. Cuando el Caso Peralta, primer juicio por el Plan Bonex, llegó a esa instancia, el decreto fue validado. En su fallo, la Corte sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Ejecutivo de normas como el decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por la sola razón de su origen”. La división de poderes se convirtió en una simple enunciación, desdibujando para siempre los límites que la Constitución establece en el ejercicio del poder. Poco después del fallo por el Caso Peralta, las facultades de la Corte fueron cercenadas por el DNU 2071/91, que suspendía la autarquía judicial para regular sus salarios. Demostrando una vez más que no fallan conforme a derecho sino a intereses, la Corte se apresuró a declararlo inconstitucional, ya que “interfiere en lo resuelto por otras Acordadas de este Tribunal… situación que torna ineludible un pronunciamiento en salvaguarda del sistema de división de poderes consagrado por la Constitución Nacional”.

 

 En 1994 y violando nuevamente las normas establecidas, nuestra Constitución fue reformada. Se hizo a través del Pacto de Olivos, acuerdo entre los líderes de las 2 fuerzas políticas mayoritarias: radicales y peronistas. El nuevo texto fue redactado por ellos y la Convención Constituyente, impedida de analizarlo o modificarlo. Y mientras la opinión pública y los medios se entretenían con la reelección, los DNU y las delegaciones legislativas eran consagradas. Salió de ahí un texto peligroso e incoherente. Peligroso porque habilita el uso despótico y autoritario del poder. Incoherente, porque aquello que prohíbe expresamente en su artículo 29, lo habilita en el 99 inciso 3 y en el 76.

 

 El modelo imperial que hoy padecemos no es ni casual ni momentáneo. Es el resultado de un proceso histórico construido del que son responsables las instituciones, los partidos políticos, los líderes mesiánicos, los medios de comunicación y una sociedad donde predominan el odio, la ignorancia y el bolsillo, dispuesta a inmolar la democracia en aras de sus pasiones e intereses individuales.

 

 Hoy, un presidente que parece Calígula deroga leyes por decreto, pone en vigencia DNU sin aprobación del Congreso, cierra organismos nacionales, despide trabajadores, atropella el federalismo, entrega soberanía, destruye la ciencia, ataca la cultura, recorta prestaciones imprescindibles y pone en riesgo la vida de los argentinos. Acá, como siempre, la crisis económica lo justifica todo. Pero la lección que Argentina no termina de aprender es que la estabilidad económica nunca estará garantizada si se basa en la debilidad de las instituciones. Porque el autoritarismo, en la medida en que rompe todo vínculo con la sociedad, termina generando la inestabilidad que, paradójicamente, dice combatir.

 

 Desde Buenos Aires, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma

 

 

PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

Profesora de Historia

Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LEGADO DE LOS GOLPES DE ESTADO: EL AUTORITARISMO ARGENTINO - PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

 

EL LEGADO DE LOS GOLPES DE ESTADO: EL AUTORITARISMO ARGENTINO

 

 Soy Lidia Rodríguez Olives y, desde Buenos Aires, saludo a todos los que escuchan El Club de la Pluma

 

 Uno podría hacer muchos comentarios sobre el discurso de Milei el primero de marzo. En general, fue un discurso marcado por el autoritarismo que lo caracteriza desde el principio de su gestión. No faltaron ni la amenazas, ni los insultos ni la descalificación. Por eso hoy quisiera enfocarme en una cuestión que es estructural y profunda. Me refiero al proceso por el cual la sociedad argentina ha ido naturalizando lo que son verdaderas patologías institucionales y que hoy hacen que la concentración del poder y el autoritarismo se desarrollen a cielo abierto. Este proceso puede ser analizado desde dos planos o dimensiones. El primero se refiere a los gobiernos de facto y al impacto que han tenido sobre nuestro régimen constitucional. El segundo, a los gobiernos que, aunque llamados “democráticos”, concentran el poder en el Ejecutivo, violando el principio republicano de la división de poderes. Ambos son reflejo de una sociedad autoritaria que, aunque levanta las banderas de la democracia, no duda en inmolarla en el altar de los intereses individuales, de los prejuicios y del resentimiento. Hoy voy a referirme al primero de estos planos, el de los golpes de Estado. La semana que viene será el turno de analizar las prácticas imperiales que se esconden tras una fachada democrática.

 

 Los orígenes de nuestra Constitución son claramente liberales. Liberal fue Alberdi (frecuentemente citado por el presidente) y toda la Generación del 37, que volvió del exilio tras la caída de Rosas. Durante el largo período en que fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires, jefe militar de la Confederación y su representante en el exterior, Rosas recibió de la Legislatura de Buenos Aires delegaciones que le permitieron sancionar leyes y juzgar. Si algo quedaba claro para los Constituyentes de 1853 es que debían impedir que esa situación se repitiese ya que, a su entender, arriesgaba la vida, el honor y la fortuna de los argentinos. Así quedó plasmado en el artículo 29 de la CN, que declara la “nulidad insanable” de cualquier forma de concentración del poder y ejercicio autoritario.

 

 Pero esta convicción duró poco, demostrando una máxima de la Historia Argentina: en este país, no se juzgan los instrumentos sino los individuos, grupos o partidos que los utilizan. Sólo así se explica que, mientras Rosas, que ejerció un poder delegado, era considerado un tirano, Mitre, habiéndose alzado contra el gobierno constitucional y luego de la batalla de Pavón, se autoproclamase Presidente en Ejercicio. Con ese poder arrebatado por la fuerza, dictó una serie de normas que fueron declaradas válidas por la Corte Suprema de Justicia. Pero nadie lo llama tirano…

 

 Los golpes de Estado caracterizarán la Historia Argentina del S XX. Entre 1930 y 1983 fueron más los gobiernos de facto que los de derecho. Y en ese camino, nuestro régimen constitucional fue cediendo paulatinamente frente a situaciones de fuerza.

 

 El primer golpe se produjo en 1930. El Congreso fue disuelto y las provincias intervenidas. La clara ilegitimidad de un gobierno de facto fue salvada nuevamente por la Corte Suprema de Justicia. En una Acordada, que arrojaba al basurero el criterio según el cual los jueces sólo se pronuncian a través de sus sentencias, el máximo Tribunal entró de lleno en la arena política, declarando que (y lo cito) “el gobierno provisional (…) es un gobierno de facto cuyo título no puede ser discutido (…) en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión por la fuerza como resorte de orden y seguridad social”.

 

 La Corte salvó de esta manera la cuestión de la legitimidad, pero quedaba por resolver otro tema no menos importante: ¿qué pasa con las normas sancionadas durante un gobierno de facto? En franca adhesión a la ideología que estos sostienen, la jurisprudencia argentina recorrió un camino que la condujo a la aceptación irrestricta de esas normas, extendiendo cada vez más las facultades de los usurpadores. Al inicio del camino (en 1930), si bien validó el golpe, la Corte limitó el ejercicio legislativo a criterios de “necesidad y urgencia” y excluyó el campo penal. Además, estableció que las leyes derogadas por el gobierno volvían a tener validez al terminar el período de excepción. 

 

 En 1943 hubo un segundo golpe militar. La Corte produjo entonces una nueva Acordada en términos similares a los que había utilizado en 1930, que reconocía la legitimidad, pero aplicaba a las normas sancionadas un criterio restrictivo que las mantenía en vigencia sólo mientras estuviesen en el poder. Sin embargo, amplió el campo de la legislación que podían producir: al requisito de “necesidad y urgencia” se agregó el de “los fines de la revolución”, aceptando toda norma que apuntase a ellos.

Reestablecido el orden constitucional en 1946, la Corte Suprema fue reemplazada y la jurisprudencia respecto de los golpes de Estado cambió. El criterio restrictivo fue dejado de lado, admitiendo que las normas subsistían, aunque cesara el gobierno que las había sancionado y sin necesidad de ratificación del Congreso. También se estableció que el criterio de “necesidad y urgencia” era privativo del gobierno de facto y totalmente ajeno al control judicial. Si bien esto permitió al gobierno incorporar toda la legislación producida en el campo laboral y social durante el golpe de 1943, su aplicación provocó la reacción de todo el arco opositor, que tildó al gobierno de tiránico.

 

 Pero Perón fue derrocado en 1955. El gobierno de facto derogó la Constitución de 1949, volviendo al texto de 1853. Por el decreto 4161/56 se proscribió tanto al Partido Peronista como a su líder depuesto. Su accionar fue legitimado nuevamente por la Corte, que afirmó: “El gobierno surgido de una revolución triunfante tiene el poder de realizar todos los actos necesarios, y entre ellos los de carácter legislativo, para el cumplimiento de los objetivos de la revolución”. La capacidad de legislar ya no tenía límites.

 

 Normalizada la situación, esta vez fue el Congreso el que estableció que todas las normas sancionadas por un gobierno de facto tenían plena vigencia con posterioridad, criterio que acató la jurisprudencia de la Corte. Un radical (¡quién si no…!) Julio Oyhanarte fue el encargado de la justificación teórica. Afirmó que bastaba con que el gobierno de facto manifestara su voluntad de legislar para que sus normas siguieran en vigencia durante el período constitucional, aunque no fueran ratificadas por el Congreso. Esto hizo posible mantener la proscripción del peronismo, como resultado del contubernio entre militares, partidos políticos, Poder Judicial y una complaciente sociedad. Lo que hay que señalar es que esta concepción irrestricta de las normas de facto era la que había utilizado el gobierno peronista y que tanto escándalo había suscitado en la oposición. Pero al igual que Rosas, Perón era un tirano; al igual que Mitre, Aramburu, un salvador.

 

 El golpe de 1966 significó un grave avance sobre la normalidad constitucional. Los golpistas pusieron en vigencia el Estatuto de la Revolución Argentina, colocado por encima de la Constitución. Pero, además, los interventores provinciales pasaron a llamarse gobernadores, mientras que las normas dictadas dejaron de ser Decretos Ley para llamarse simplemente Ley. Como si esto fuera poco, el llamado a elecciones fue hecho según normas que operaron como una verdadera reforma constitucional, acortando el mandato presidencial a 4 años y estableciendo la elección directa.

 

 Tampoco esta reforma fue cuestionada. Pero se produjo un importante debate que tendría como protagonistas a Enrique Bacigalupo (Procurador del Tesoro) y a Germán Bidart Campos. El primero sostuvo que las normas dictadas durante un golpe de Estado pueden ser derogadas por un simple decreto del Poder Ejecutivo, dado que no es republicanamente aceptable que un gobierno de facto limite las acciones de uno constitucional. Sin embargo, Bidart Campos sostuvo que no importa el tipo de gobierno del que emana la norma: sólo importa que es una ley y sólo podrá ser derogada por otra norma de la misma jerarquía, es decir, una ley del Congreso. Le debemos entonces al “padre del constitucionalismo argentino” una de las patologías institucionales más dañinas: para sancionar una norma alcanza la voluntad de un dictador. Pero para derogar esa misma norma, todo un Congreso debe ponerse de acuerdo. Con padres como este, mejor ser huérfana…

 

 Equiparados de esta manera los gobiernos de facto con los constitucionales, dotados los primeros de amplias facultades para legislar y asegurada la permanencia de esas normas más allá de los períodos de excepción, no debe asombrarnos entonces que la Dictadura de 1976 haya redactado su propio Estatuto en reemplazo de la Constitución, ni que haya formado la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo que cumpliría las funciones del Congreso. De las 4449 leyes que, hasta la aparición de Milei, estaban en vigencia en Argentina, más de 800 fueron dictadas por gobiernos de facto y 417 corresponden a la última Dictadura.

 

 Debemos saber, entonces, que la Dictadura no terminó. Persiste en las leyes que nos legó, como la de Entidades Financieras que hoy utiliza el Ministro Caputo. Con ellas se consolidó un modelo de exclusión del que no saldremos si no desmantelamos la estructura jurídica que lo hace posible. Entre tantos problemas cotidianos, bueno sería no perder de vista esta cuestión estructural.

 

 Desde Buenos Aires, les mando un gran abrazo a los oyentes de El Club de la Pluma.

 

PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

Profesora de Historia

 Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO

 

TRANSNISTRIA - PROF. VIVIANA ONOFRI

 

TRANSNISTRIA

 

 

RESURGE UNO DE LOS CONFLICTOS POSTSOVIÉTICOS DILATADOS EN EL TIEMPO: TRANSNISTRIA, UN ENCLAVE PRORRUSO DENTRO DE MOLDAVIA.

 

 Un cálido abrazo a toda la querida audiencia de EL CLUB DE LA PLUMA.

 Mi columna de hoy se centrará en una cuestión dilatada en el tiempo, un conflicto postsoviético, luego del derrumbamiento de la Unión Soviética: Hablaré sobre TRANSNISTRIA, un enclave prorruso dentro de Moldavia. Ya he sugerido que para muchas cuestiones tengamos un mapa a mano.

 

 Moldavia es una república pequeña que tiene fronteras al oeste con Rumanía y, al norte, sur y este con Ucrania. Existen otros conflictos postsoviéticos congelados en el tiempo, pero no serán motivo del espacio puntual de este domingo. No olvidemos que para destruir la Federación Rusa según la RAND CORPORATION, uno de los objetivos de la OTAN, entre otros, es desestabilizar Transnistria, otro lugar dentro de las fronteras de Europa.

 

 Moldavia perdió el control de facto de Transnistria en 1992, como consecuencia de la Guerra de Transnistria. Desde entonces, el partido gobernante, sólo ha recibido el reconocimiento diplomático de Abjasia, Osetia del Sur y la República de Nagorno-Karabaj, tres estados postsoviéticos con el reconocimiento mínimo de ellos mismos.

 

 La implosión de la Unión Soviética en la Navidad de 1991, dejó a su paso numerosos conflictos territoriales que se mantienen abiertos casi un cuarto de siglo después. Esta franja de Transnistria es un territorio de 4000 kilómetros entre el río Dniéster y Ucrania. Transnistria con un 60% de población rusoparlante proclamó su independencia en 1990 y pidió el apoyo de Moscú.

 

 Rusia mantiene allí desde entonces a un millar de soldados. Existe en el limbo internacional; la región es subvencionada por Rusia, que paga a pensionistas y funcionarios y le suministra gas. En 2006, el 97% de sus habitantes en un referéndum ilegal se manifestó a favor de su independencia y

de la integración en Rusia, algo que aún no se ha consumado. La OTAN está alerta de Transnistria.

 

 No olvidemos que la disolución de la Unión Soviética dio lugar a la aparición de varios Estados nacidos de las divisiones regionales de la Unión Soviética. La pequeña Transnistria que la administración soviética había vinculado a Moldavia después de la Segunda Guerra Mundial, proclamó su independencia 5 días después que Moldavia.

 

 Es importante recordar que los Estados Unidos trataron de aplastar militarmente a Transnistria. Es que en medio del desmembramiento de la URSS y de las proclamaciones de independencia de los Estados soviéticos, los medios de difusión concedieron muy poca atención a lo de Transnistria. Esto motivó que los Estados Unidos, ansioso por consolidar su propia influencia, se opusiera al reconocimiento de Transnistria por parte de la ONU y que Washington tratara incluso de aplastarla aportando su apoyo a una invasión rumano-moldava a través del río Dniéster, pero los estadounidenses cometieron un grave error al subestimar a los generales de Moscú que se oponían a Boris Yeltsin. Utilizando los medios del 14 Ejército ruso estacionado en la propia Transnistria, esos generales hicieron posible la victoria de la resistencia popular dirigida por el presidente de Transnistria de ese momento, Igor Smirnov.

 

 Los moldavos soñaban con el modelo estadounidense mientras que la población de Transnistria optaba por el de Gorbachov: construir una nación simultáneamente democrática y comunista. Al año siguiente, en 1992, vuelvo a repetirlo, los Estados Unidos trataron de destruir Transnistria lanzando contra ella un ejército de mercenarios. El gobierno del presidente ruso Boris Yeltsin abandonó a la población de Transnistria, pero esta se defendió sola y derrotó a los invasores, conquistando así su libertad.

 

 Hoy en día, el gobierno de Moldavia no reconoce la independencia de Transnistria, llamada “República Moldava del Dniéster”, no paga allí ningún tipo de prestaciones sociales ni los salarios de sus empleados públicos, pero afirma que la población de Transnistria es moldava.

 A pesar de que Moldavia y la República no reconocida proclamada por la población de Transnistria habían concluido un acuerdo para que esta última pudiera tener acceso, a través del territorio moldavo, al mercado de la Unión Europea y al mercado global en general, el gobierno moldavo adoptó este año 2024 nuevas normas que obligan a las empresas transnistrias a registrarse en Moldavia para que sus productos puedan transitar en suelo moldavo. Pero las empresas de Transnistria no pueden registrarse en Moldavia porque los bancos moldavos les niegan esa posibilidad.

 

 Al mismo tiempo, la guerra impide que los productos de Transnistria puedan transitar a través de Ucrania. Vamos, el doble discurso de los Amos del Cortijo, como decimos aquí.

 Durante todo el mes de enero de este año, la capital de Transnistria, Tiraspol, ha sido escenario de manifestaciones populares contra la forma de bloqueo económico descrita antes. La mayoría de la población de Transnistria tiene triple nacionalidad: es simultáneamente moldava, transnistria y rusa.

 En suelo de Transnistria, hay una misión permanente rusa de paz que cuenta entre 1500 y 2000 militares rusos.

 

 El 21 de febrero, el presidente de Transnistria, Vladim Krasnosselskin, anunció por primera vez en dieciocho años, la convocatoria de todos sus diputados para reunirse en Congreso. Ucrania que había intentado asesinar al presidente transnistrio en septiembre de 2023, envió inmediatamente su embajador para garantizar que la situación no se volviera en su contra.

 El 27 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos envió a Christopher Smith , un segundo de la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland.

 El 28 de febrero, la RAND CORPORATION, el “tanque pensante” del complejo militar-industrial estadounidense, redactó un plan que propone debilitar al contrincante ruso de Estados Unidos obligándolo a intervenir militarmente en Ucrania y después en Transnistria. Ese plan fue presentado a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos el 5 de septiembre de 2019.

 

 No olvidemos a la RAND CORPORATION que ya tenía todo planificado para destruir a la Federación Rusa en varios frentes. Uno de ellos, era armar a Ucrania, entre otros frentes: Todo estaba escrito en el plan de la RAND CORPORATION. Y volviendo a Victoria Nuland y su esposo Robert Kagan, ambos forman parte del complejo militar-industrial, es decir, están a ambos lados del mostrador: promueven las guerras y obtienen ganancias más que millonarias, imposibles de imaginar. También podría mencionar a Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos que guarda estrecha relación con el complejo militar-industrial estadounidense, pero eso podría ser motivo para otra columna. Cuántos personajes siniestros, ¿no?

 

 En enero de 2022, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, estuvo personalmente en la frontera entre Ucrania y Transnistria para reunirse allí con la Misión de Asistencia de la Unión Europea para las Fronteras de Moldavia y Ucrania. El objetivo del viaje de Josep Borrel era preparar la crisis actual. Es que Josep Borrel, jefe de la “diplomacia” europea, organiza el bloqueo contra Donbass y Transnistria.

 

 La Unión Europea que se presenta oficialmente como una potencia de paz, en realidad, está preparando los teatros de guerra de la OTAN. ¿Y por qué la cuestión se torna tan caliente en Europa? Porque Transnistria ha pedido ayuda a la Federación Rusa. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos.

 

 Son tiempos muy complicados en Europa, de muchísima tensión, porque podrían involucrar la supervivencia, no solamente de la población europea, sino de toda la especie humana sobre el planeta. Me refiero a la guerra termonuclear a la que nos está llevando la OTAN.

 

 Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención y deseando que nos volvamos a encontrar en otra emisión más de EL CLUB DE LA PLUMA.

  

PROF. VIVIANA ONOFRI

Profesora en Letras

ex catedrática de la Universidad Nacional de Mar del Plata