PENSANDO EN CAMBIAR (2)
En
la columna anterior planteamos que LA EXPLOTACIÓN LABORAL -entendida
como la apropiación de la plusvalía por parte del capital- y LA TENDENCIA A
LA CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL -lo que Marx llamó la "ley de la
centralización capitalista", conforman la histórica contradicción
fundamental de este sistema, la existente entre capital y trabajo. Tal vez
alguien no haya percibido esto: todas las políticas pensables y practicables,
TODAS, sin importar qué ideas las sostengan, operan obligadamente sobre esta
contradicción, a favor de uno u otro de sus polos. Comenzamos entonces
planteando:
(I.)
La reconfiguración del trabajo
#1.1.
La democratización de los medios de producción
#
1.2. La reducción de la jornada y la
redistribución del tiempo
#
1.3. La renta básica universal como
desanclaje
Hoy
intentaremos pensar:
(2.) La transformación de la propiedad y la
circulación del capital
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2.1. Impuestos al capital y
patrimonio: romper el ciclo de acumulación
La
concentración del capital no es inevitable si se interviene activamente en el
ciclo de acumulación. Piketty demostró empíricamente que cuando la tasa de
rendimiento del capital (r) supera la tasa de crecimiento económico (g), la
desigualdad se amplía automáticamente. Romper esta dinámica requiere una
fiscalidad agresiva sobre el capital.
Un
impuesto global al patrimonio —progresivo, con tasas que escalen desde el 1%
hasta el 10% o más para las fortunas más grandes— es técnicamente viable y
éticamente necesario. La evasión fiscal, que hoy constituye un sistema paralelo
de extracción de recursos públicos, requiere medidas drásticas: eliminación de
paraísos fiscales mediante sanciones comerciales, registro público de
beneficiarios finales, y penalización criminal de la planificación fiscal agresiva.
Pero
los impuestos no son solo recaudatorios: son herramientas de transformación
estructural. Un impuesto a las transacciones financieras (la "tasa
Tobin") desincentiva la especulación de corto plazo. Un impuesto a la
herencia máximo (del 90% o más para fortunas extraordinarias) impide la
reproducción intergeneracional de la desigualdad. Un impuesto al carbono con
devolución progresiva redistribuye hacia los sectores populares mientras
acelera la transición ecológica.
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2.2. La democratización del crédito y la banca pública
El
crédito es el oxígeno del capitalismo, pero su distribución está profundamente
sesgada. Las grandes corporaciones acceden a financiamiento barato; los
pequeños productores, las cooperativas y los proyectos comunitarios enfrentan
tasas usureras o exclusión directa. La democratización del crédito pasa por una
banca pública con mandato social: financiar la transición ecológica, la
economía social, la vivienda digna, y la innovación orientada a necesidades
colectivas.
La
banca pública no debe replicar la lógica comercial. Debe operar con criterios
de rentabilidad social, con transparencia radical, y con participación
democrática en sus decisiones. Los bancos centrales, hoy capturados por la
lógica financiera, deben ser reorientados hacia el pleno empleo, la estabilidad
de precios de bienes esenciales, y la canalización del crédito hacia fines
productivos y sociales.
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2.3. La planificación democrática de las inversiones
El
mercado no es el mejor asignador de recursos: lo demuestra la crisis climática,
la obsolescencia programada, y la proliferación de bienes superfluos mientras
persisten necesidades básicas insatisfechas. Una planificación democrática de
las inversiones —no la planificación centralizada soviética, sino procesos
participativos que combinen experticia técnica con deliberación ciudadana—
puede reorientar la economía.
Esto
no significa abolir el mercado, sino someterlo a criterios sociales y
ecológicos. Sectores estratégicos (energía, agua, salud, educación, telecomunicaciones)
deben ser gestionados como bienes comunes, con acceso universal garantizado.
Las decisiones sobre inversión pública deben incorporar mecanismos de
presupuesto participativo, donde las comunidades decidan directamente sobre
parte del gasto. La planificación ecológica —la transición a energías
renovables, la economía circular, la agricultura regenerativa— debe ser
vinculante, no voluntaria.
Puede
decirse que nuestro incipiente programa requiere de unas fuerzas populares que
no se estarían expresando, cosa que no puede negarse, por supuesto. Pero nos
preguntamos si acaso hay fuerza política alguna que esté intentando pensar
alguna forma de programa que no esté, o bien haciendo seguidismo del capital
monopolista, esto es, "obedeciendo a sus mandos naturales", la
burguesía, o bien elaborando una revolución social y política que hoy no
consigue arrancar adhesiones o simpatías. Hay, por supuesto, además un problema
tal vez de mayor peso: El límite del Estado-nación y la necesidad de gobernanza
económica mundial. Ninguna de las medidas anteriores puede funcionar plenamente
si queda confinada al nivel nacional. El capital es global; la regulación,
fragmentada. En la puja internacional es donde se produjeron las derrotas,
parciales o totales, de los países que dieron en llamar "del socialismo
real". Nombrando apenas los problemas más notorios, y como aún no
terminamos nuestro análisis, dejamos en este punto y confiamos en continuar en
la próxima columna, sin dejar de recordar que es la organización de nuestras
fuerzas la única y exclusiva manera de conseguir su multiplicación para los
logros futuros.
Desde
Rosario- Militante Social
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