NO A LA DEMOCRACIA DE MERCADO
Asistimos a la
construcción de una realidad, en la que se busca que mande, en gran medida, la
lógica comercial y financiera del llamado “mercado”, por sobre un abrazo leal y
fraterno en humanidad.
Asimismo, la llamada “sociedad de
control” tiene en el aspecto tecnológico-comunicacional el centro del
denominado “biopoder”, en el que el poder es direccionado a condicionar y
mandar sobre la vida y modo de pensar de las personas y las sociedades. La
propia vida se ha transformado ahora en un objeto del poder, para que éste
logre comandar efectivamente la misma, con lógicas de consumo. Y, sin educación
adecuada en su debido uso y con juicio crítico meditado, las nuevas tecnologías
de la comunicación, sus algoritmos y la inteligencia artificial, pueden
conducir a verdaderos colonialismos o neocolonialismos mentales virtuales al
servicio del mercado.
A su vez, el “mercado” es un
concepto anónimo y oscuro que decide, pero no asume responsabilidades directas
específicas y resulta diluido en un concepto amplio en el que, casi nunca, se
dice quienes lo manejan. Además, en muchos casos, éstos no tienen patria y sus
domicilios sociales y fiscales están en paraísos, para pagar menos impuestos.
Esos sectores, son los que se benefician con grandes ganancias y los que, si
les conviene, producen los llamados “golpes de mercado” aumentando el valor del
dólar o generando una inflación ficticia. Sin embargo, esas movidas de
intereses cancerígenos para la sociedad, se las presenta como determinantes y
necesarias a tener en cuenta y respetar, por sobre derechos y necesidades sociales
a cuidar en justicia.
Ahora, desde la perspectiva
mencionada, ciertas propuestas políticas neoliberales, como las de Javier Milei
y Patricia Bullrich, nos quieren hacen creer que nuestra realidad institucional
debe manejarse como un “Democracia de Mercado”. En dicho objetivo se propone
una libertad absoluta del capital y de sus movimientos y una apertura
irrestricta de nuestras fronteras al comercio internacional y a la explotación
de nuestras riquezas, sin importar que en ello se destruya nuestra industria
nacional o se contamine nuestro ecosistema. En sus propuestas se quiere que el
Estado deje en manos del mercado lo poco que le queda de poder soberano. El
mercado, también se dice, debe regular ámbitos sociales básicos, como la
educación, la salud, el trabajo, la previsión social (jubilaciones y pensiones)
e incluso se propone privatizar hasta un recurso básico como es el agua. Todo
eso, por sobre los mandatos constitucionales y las leyes que se opongan al
accionar o necesidades del mercado, sin importar que de esa manera se
empobrezca, precarice o destruya cualquier intento de justicia social.
Aranguren y el aumento indebido del gas
En el aspecto antes señalado, cabe
recordar que, como abogado, representando a las Pequeñas y Medianas empresas (APYME)
interpuse un amparo colectivo, en contra de los aumentos desmedido del valor
del gas efectuados en el año 2016, que traían gravísimos perjuicios a la
producción, el comercio y a la población en general. Fundé la postura, entre
otros argumentos, en la circunstancia que el Ministro de Energía y Minería Juan
José Aranguren, designado por presidente Mauricio Macri, estaba inhabilitado
para dictar las resoluciones del enorme aumento del precio del gas, ya que dicho
accionar violaba lo que dispone la ley 25.188 de Ética Pública. Esta norma establece
que todo funcionario debe “abstenerse de tomar intervención, durante su
gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos
a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años”, (art. 15, inc. “b”). Aranguren
había sido gerente (CEO) de la empresa Shell Argentina hasta poco antes de
asumir y dicha empresa es la que, desde 1914, explota y comercializa gas en el
país. Así y conforme a lo dispuesto por la referida ley, dicho funcionario no
podía resolver los aumentos dispuestos y sus resoluciones eran nulas de nulidad
absoluta (art. 17).
El planteo se ganó en primera instancia
en el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, pero el Estado Nacional, atento la norma
estorbaba los objetivos de Macri, al apelar la medida judicial de primera instancia,
sostuvo que las limitaciones de la Ley de Ética Pública, no deben aplicarse “en
cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a
profesionales empresarios de la actividad privada que son los más preparados
como Aranguren” e instó a los jueces a no acatar dicha norma. La Cámara Federal
de Córdoba obedeció y rechazó el amparo y todo el pueblo tuvo que soportar
aumentos desmedidos y nulos de la energía, que favorecieron a sectores como a
la empresa Shell Argentina.
Sin embargo, Macri dijo que, de
esa forma, se lograba "el mejor equipo de gobierno en los últimos 50
años". La realidad demostró, que dicho gobierno nos hundió, condicionó y
endeudó gravemente como país, con grandes deudas externas, incluso algunas de
hasta por 100 años.
Desde esa perspectiva de mercado lo
que estorba no se cumple y ahora en ese razonamiento, Milei sostiene que
seremos más libres, por ejemplo, eliminando o no respetando la Justicia Social
como lo que dispone el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Norma que ordena,
entre otros aspectos, la tutela de la protección del trabajo y asegura dignidad
en la labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas y retribución justa;
la protección integral de la familia; gozar de una jubilación y tantos otros
aspectos esenciales a cuidar en materia de derechos humanos.
No a la “mercadocracia”
La lógica del mercado produce relaciones
económicas desiguales y en el mercado a los individuos se los considera meros
espectadores a convencer, pero no sujetos con derechos a garantizar desde la dignidad
humana. En este papel asignado, sólo implica la consideración de su capacidad
adquisitiva para usar, consumir o comprar.
Además, en este contexto, el
gobierno en la Democracia termina funcionando como un ámbito que, en
definitiva, se ocupa, principalmente, de dar seguridad al capital y al mercado.
Detrás de los fines referidos, al mercado se lo transforma en un “Poder”, que
maneja las actividades económicas, financieras, comerciales, políticas,
educativas y sociales y vuelve a la Democracia, en una verdadera “Mercadocracia”,
en la que una minoría con hegemonía económica, financiera y mediática ejerce el
poder de hecho, sobre todas las instituciones del Estado.
Todo ello, con la complicidad de
grandes medios de difusión y del propio Poder Judicial.
El mercado debe ser controlado por
el Estado y las fuerzas sociales, para que se logre garantizar que se satisfagan
las exigencias esenciales de las personas y de la nación, en una Democracia que
asegure la verdadera soberanía del pueblo.
MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ
VILLAFAÑE
Abogado
constitucionalista cordobés y
Periodista de opinión
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