NECESARIAS PRONTAS SOLUCIONES
PARA LOS INDÍGENAS NORTEÑOS
La Argentina firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto de San José de Costa Rica- y la incorporó con jerarquía constitucional en 1994, (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.).
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
ha sostenido que nuestro país, ha quedado obligado internacionalmente a que
todos sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen
a los supuestos que ese tratado contempla, a fin de no comprometer su
responsabilidad internacional,
(Fallos: 319:2411, 3148 y 323:4130). Además, se dejó sentado que el Estado
Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) para conocer en todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación de la Convención Americana y su jurisprudencia nos
obliga.
Asimismo, la Corte IDH, el 06/02/2020,
en el caso “Comunidades Indígenas
miembros de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina”
determinó, que el Estado Argentino no había respetado el derecho de propiedad
comunitaria en la Provincia de Salta, de las comunidades indígenas
pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba),
Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete). También estableció en la causa, que “el
Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a
la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de
medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos”
y, en función del artículo 26 de la Convención rescató, con firmeza, la
necesidad de defender “los derechos a un medio
ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural”. En función de las diversas
irregularidades señaladas de incumplimiento de la Convención por parte de
Argentina, resolvió el tribunal internacional condenarla y ordenó que efectuara
“las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que
reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas víctimas en el caso”.
También indicó las diversas reparaciones y acciones a cargo del país e le
impuso pagar las costas y gastos del juicio.
Las referidas situaciones criticadas
por la Corte IDH se dan ahora, en gran medida, en lo que están viviendo en la
Provincia de Jujuy los indígenas del lugar.
A ello se suma que, con motivo de
las protestas que hicieron por la falta de respeto a sus derechos fueron reprimidos
arbitrariamente y sometidos a procesos, -judiciales y administrativos contravencionales-
a muchos/as de los/as que reclamaban. Al punto tal que, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -órgano complementario de la Corte IDH-
urgió al Estado argentino que se ocupe de hacer “respetar los estándares interamericanos
en materia de protesta social”.
Mientras tanto, Corte Suprema nacional en Bs. As., en un
acto inaceptable como organismo de una democracia, no recibió para escuchar a
los indígenas del Tercer Malón de la Paz, cuando tiene una causa fundamental
que les compete, planteada ante dicho tribunal.
Por su parte, el poder legislativo nacional propone crear
una comisión para investigar las graves violaciones producidas, pero no hay
fecha de concreción de dicha comisión y tampoco tiempo para expedirse. Menos se
sabe, ante la comprobación de las graves violaciones, lo que se procederá a
hacer por los legisladores. Sin embargo, ya están dadas las condiciones para intervenir
a la Provincia de Jujuy, (art. 75, inc. 31 de la Const. Nac.) y no se actúa en
consecuencia.
Instaurado el miedo
Mientras tanto, en los hechos, en Jujuy, manda el miedo.
Las personas, particularmente los indígenas son amedrentados en verdaderos
acosos sicológicos inaceptables. Por ejemplo, frente a la casa de sus dirigentes,
les ponen un auto de la policía, sin razón. Obviamente se busca hacer sufrir,
miedo e incertidumbre, especialmente, a la familia y a los allegados del
dirigente.
En diálogo con AM750, (reproducido por el diario Pág. 12
de fecha 08/08/23), el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio
Pietragalla descartó una posible intervención de la provincia "porque no se
tienen los números" de legisladores necesarios en el Congreso de la Nación
para decidirla, pero llamó a "visibilizar con acciones políticas que hay
graves violaciones a los derechos humanos … Vemos como los tres poderes
responden linealmente al gobernador y eso es un peligro". Hizo referencia a los
abogados y abogadas que, en su tarea de defender a las comunidades indígenas,
terminaron imputados inaceptablemente, por el delito de sedición, como si
hubieran estado programando un golpe de estado.
En la entrevista Pietragalla agregó, respecto de las
justas quejas de los indígenas y su derecho de peticionar, "No se puede responder con procesamientos de delitos que
pueden llevar hasta 20 años de condena. Es un peligro lo que está pasando"
en todos lados en la provincia. Sostuvo, además, la importancia de la designación de interventores al
frente del Partido Justicialista jujeño, como lo ordenó el Presidente del
Partido Nacional Alberto Fernández.
Sin embargo, los interventores que se hicieron cargo,
perdonaron a muchos/as de los/as que actuaron convalidando el accionar indebido
de Morales.
Aún más, Daniel Scioli, importante referente
justicialista, en un reportaje efectuado por el periodista Daniel Salas,
publicado en el diario El Tribuno, el 05/08/23, respecto de la situación en
Jujuy, “remarcó como muy importante lo que Rubén Rivarola plantea en su campaña
como precandidato a senador por Unión por la Patria” y agregó, “Sé del
compromiso que Rubén (Rivarola) tiene con la provincia y el país" ¿Cómo? ¿Ahora
se felicita al presidente del Partido Justicialista intervenido y se apoya su
candidatura a senador nacional por la provincia, cuando una de las razones por
las que se justificó intervenir el Partido Justicialista provincial fue la
responsabilidad que se asignaba a Rivarola, en mucho de lo que pasó y pasa en
Jujuy?
Soluciones concretas pronto
A su vez, más allá de la buena voluntad, lo cierto es que,
frente a la oficina abierta por la Secretaría de Derechos Humanos en Jujuy, hay
un auto de la policía jujeña registrando todo lo que sucede y por supuesto
conociendo quién va a denunciar o entra y sale de dicha oficina. Evidentemente,
ello coarta la posibilidad de ir espontáneamente, porque luego no se sabe las
represalias directas o indirectas que pueden darse.
El Poder Ejecutivo nacional, responsable ante la
comunidad internacional de hacer respetar los pactos de derechos humanos,
debería actuar activamente, no quedar a la espera que le digan lo que pasa e ir
a inspeccionar las comisarías y las cárceles para ver la situación de los
detenidos y también, comparecer en las causas que se les ha abierto y como
tercero interesado (art. 28 de la CIDH), analizar si se respetan los derechos
humanos en ellas. No se debe esperar, hay que actuar y pronto.
Asimismo, resulta inaceptable que tantos y tantas
detenidas, por reclamar sus derechos, sigan con graves procesos judiciales,
mientras que, a los responsables directos de las situaciones injustas son
felicitados y promocionados como candidato a vicepresidente Gerardo Morales por
el partido radical y juntos por el cambio y a senador nacional Rubén Rivarola
por el partido justicialista. Así, la democracia representativa resulta
hipócrita con su pueblo.
Miguel Julio Rodríguez
Villafañe
Abogado constitucionalista
cordobés y
Periodista de opinión
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