ELECCIONES ILEGÍTIMAS y DEMOCRACIA EN RIESGO
Queridos
compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma, desde Colombia los saluda Mauricio
Ibáñez, con un fuerte abrazo por la libertad de Cuba, la Unidad Latinoamericana
y el bienestar de nuestros hermanos en Venezuela.
Tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional
Electoral (CNE) que otorgó la victoria presidencial a Abelardo DelaEspriella en
los comicios del 21 de junio de 2026, diversos sectores del progresismo
—incluido el presidente Gustavo Petro— manifestaron su intención de acudir a
vías judiciales para cuestionar la validez de la elección. En este escenario,
el exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez presentó, el 7 de julio pasado, una
acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, buscando
no solo la revisión de la legalidad del proceso, sino también la suspensión de
la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto y, eventualmente, la convocatoria
de nuevas elecciones.
La iniciativa del exmagistrado fue acompañada por una
campaña pública de recolección de firmas para respaldar la demanda, consiguiendo
el apoyo ciudadano amplio (más de 500 mil firmas) para presionar políticamente
la admisión del recurso.
La acción de nulidad se dirige contra:
-
El Consejo Nacional Electoral (CNE), por la
declaratoria oficial de elección.
-
La Registraduría Nacional del Estado Civil, por
presuntas irregularidades en la organización del proceso electoral.
La demanda solicita dos decisiones principales:
-
Medida cautelar inmediata: suspensión de la posesión
presidencial mientras se resuelve de fondo la demanda.
-
Decisión de fondo: nulidad de la elección y
convocatoria de nuevas elecciones.
El Consejo de Estado deberá decidir primero si admite
la demanda y, posteriormente, si concede la medida cautelar solicitada.
Argumentos centrales de la demanda
Luis Guillermo Pérez y los sectores que respaldan la
acción estructuran la demanda en cuatro grandes argumentos mediante los cuales
buscan demostrar que la elección careció de garantías constitucionales y
legales suficientes para ser válida.
Argumento 1: Doble
nacionalidad del presidente electo
Este es el argumento más mediático y controvertido: Pérez
sostiene que Abelardo de la Espriella posee ciudadanía estadounidense, lo cual
—según su interpretación constitucional— sería incompatible con el ejercicio de
la Presidencia de la República.
Aunque la Constitución colombiana permite la doble
nacionalidad, el demandante argumenta que:
-
La doble ciudadanía comprometería la lealtad exclusiva
que la Constitución exige al Jefe de Estado.
-
Podría configurarse una incompatibilidad funcional,
dado que el presidente debe representar la soberanía nacional sin vínculos
jurídicos con otro Estado.
-
El juramento que se presta para obtener la ciudadanía
estadounidense implica que se renuncia a las obligaciones de la ciudadanía de
origen y se asumen obligaciones frente a Estados Unidos que podrían interferir
con el ejercicio del cargo.
Este argumento busca que el Consejo de Estado evalúe
si el juramento prestado como ciudadano estadounidense constituye una causal de
inelegibilidad sobreviniente o una violación del régimen de incompatibilidades
para el señor DelaEspriella.
Argumento 2: Presunta
injerencia extranjera en la campaña presidencial.
El segundo argumento afirma que hubo intervención de
actores extranjeros en la campaña de DelaEspriella, lo cual vulneraría la
soberanía nacional y las reglas de financiación y participación política de
nuestro país.
La demanda cita como ejemplo:
-
Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, quien afirmó públicamente que la victoria de DelaEspriella fue posible
“gracias a su apoyo”.
-
La posibilidad de que estas declaraciones hayan
influido indebidamente en la opinión pública colombiana.
Pérez sostiene que esta presunta injerencia constituye
una violación del principio de autonomía electoral, prohibido por la
legislación colombiana, y que afecta la validez del proceso.
Argumento 3: Conductas
de naturaleza penal durante la campaña.
El tercer argumento se refiere a presuntas conductas
del presidente electo que, según Pérez, podrían constituir delitos y afectar la
legitimidad del proceso electoral.
Entre las conductas mencionadas se encuentran:
-
Violencia psicológica contra opositores.
-
Amenazas de muerte.
-
Instigación a delinquir.
-
Hostigamiento.
-
Apología del genocidio.
Estas acusaciones se basan en declaraciones públicas y
en el lenguaje utilizado por DelaEspriella durante la campaña, que Pérez
considera violatorio de los límites constitucionales del debate democrático.
El demandante afirma que estas conductas deben ser
investigadas por la Fiscalía General de la Nación, pero que también tienen
efectos en el ámbito electoral, pues podrían configurar una alteración grave de
las condiciones de competencia
Argumento 4: Irregularidades
administrativas del CNE y la Registraduría.
El cuarto argumento señala que tanto el CNE como la
Registraduría incurrieron en las siguientes irregularidades que afectaron la
transparencia del proceso.
-
Falta de control adecuado sobre la financiación y
propaganda electoral.
-
Deficiencias en la supervisión de la campaña y en la
verificación de requisitos de elegibilidad.
-
Posibles fallas en la cadena de custodia y en la
consolidación de resultados.
La demanda solicita que se deje sin efectos el documento
mediante el cual se oficializó la
elección del
presidente electo.
Pérez y los sectores que respaldan la demanda insisten
en que no se trata de un cuestionamiento político, sino jurídico, orientado a
proteger la integridad del sistema electoral.
El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su
apoyo a las acciones judiciales, aunque insistió en que deben ser pacíficas y
ajustadas a la ley. Señaló que el progresismo entraría en una fase de “desobediencia
civil”, pero sin violencia, y que la demanda de nulidad sería uno de los instrumentos
centrales de esa estrategia.
Expertos consultados por medios nacionales coinciden
en que:
-
El camino jurídico existe, pero las probabilidades de
suspender la posesión son reducidas.
-
La demanda obligará al Consejo de Estado a
pronunciarse, lo que podría generar un precedente importante en materia de
control judicial de elecciones presidenciales.
La demanda de nulidad presentada por Luis Guillermo
Pérez constituye uno de los desafíos jurídicos más significativos al sistema
electoral colombiano en la última década. Sus argumentos combinan elementos
constitucionales, administrativos, penales y de soberanía nacional, y buscan no
solo cuestionar la elección de Abelardo DelaEspriella, sino también abrir un
debate sobre los límites de la doble nacionalidad, la intervención extranjera y
el comportamiento de los candidatos en campaña.
Aunque su éxito jurídico es incierto, la acción ya ha
tenido un impacto político considerable, polarizando el ambiente y obligando a
las instituciones a prepararse para un litigio de alto perfil.
Hasta la próxima semana compañeros, un fuerte abrazo.
MAURICIO
IBÁÑEZ – Desde Colombia -Biólogo
Especialista
En Estudios Socio-Ambientales
PARA SABER MÁS
· Demanda de Nulidad de las Elecciones Presidenciales - Enlace
· Demanda del Petrismo - Enlace
· El Colombiano - Enlace
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https://www.youtube.com/watch?v=qFl_4V15zfs&feature=youtu.be
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