LAS OSCURAS JUGADAS
DE LA POLÍTICA TRADICIONAL EN
COLOMBIA
Hola, queridos amigos, oyentes y compañeros de El Club de la Pluma, con
ustedes como siempre, Mauricio Ibáñez, con un caluroso abrazo latinoamericano.
En una de mis columnas anteriores les contaba sobre el arduo camino que
ha tenido que recorrer el gobierno de nuestro Presidente Gustavo Petro para
lograr implementar las reformas estructurales que propuso durante su campaña, y
cuyo objetivo ha sido reducir la pobreza extrema y la brecha social en el país,
mientras se adelantan medidas para frenar la corrupción, el narcotráfico y
otras manifestaciones del crimen organizado que son los motores de una guerra
regional por el control de territorios que han sufrido, durante más de 200 años
de vida republicana, de un abandono crónico del estado.
Como representante de la expresión democrática que lo puso en la
presidencia, el Presidente Petro ha buscado la solución de la mayoría de los
problemas por la vía política, proponiendo y discutiendo las reformas en los
recintos del congreso de la república, concentrando la fuerza pública en la
protección de los derechos humanos y buscando alternativas de desarrollo en las
regiones para beneficiar al conjunto de la población colombiana, en especial a
la población más pobre y vulnerable. El Presidente se ha destacado por su
acatamiento de las decisiones del poder legislativo y los organismos de
control, siempre que se han mantenido dentro de los alcances de la Constitución
Política de Colombia de 1991.
Sin embargo, no le ha sido fácil: como ya lo he comentado varias veces
en este programa, la resistencia de los poderes tradicionales ha sido
sospechosamente fuerte. ¿y por qué digo “sospechosamente”?
En 200 años de vida republicana, surgieron dos tipos de aristocracia en
Colombia: los dueños de la tierra y las elites urbanas. Los primeros han
ocupado los territorios a sangre y fuego, desplazado campesinos a su antojo y
manejado sus fincas como si no hubiera ninguna ley que cumplir: el 80% de la
tierra cultivable en Colombia está ocupada por ganaderos y solo el 20% es dedicado
a la agricultura. En Colombia solamente el 0.4% de la población posee el 46% de
la tierra productiva.
Las élites urbanas provienen, en su mayoría, de los primeros dueños de
la tierra y de ahí proviene la mayor parte de sus riquezas, pero, además, han subido
en la escala social mediante el posicionamiento de sus herencias culturales,
apellidos u orígenes remotos en raíces europeas. Tanto el dominio de la
propiedad de la tierra como las oportunidades de educación universitaria que
han tenido les ha permitido establecer fuertes lazos políticos, al punto que no
solo se han convertido en las élites políticas del país, sino que han
transmitido esos poderes de generación en generación, acaparando desde la
presidencia de la república y los poderes ejecutivo y legislativo, hasta el
poder judicial y la élite empresarial. Hoy el pueblo colombiano elige
presidentes y gobiernos entre hijos, sobrinos y nietos de quienes han estado en
el poder por décadas, y por supuesto, nuestro actual presidente no es uno de
ellos. Es un hombre que fue elegido por una ciudadanía cansada de los continuos
abusos y abandono crónico por parte de esa minoría aristocrática y corrupta.
El gobierno en manos de esta aristocracia patética, con ínfulas de clase
alta y apellidos que suenan rimbombantes, consolidó su dominio en medio de un
descontento popular que, ante la falta de una educación básica, unas fuerzas
del orden represoras, una pobreza en aumento y una iglesia cómplice, llevaron a
crisis sociales donde el descontento terminó expresándose en la violencia de
los años 50 y el surgimiento de guerrillas en los años 60 y 70. Las élites firmaron,
entonces, un pacto con el diablo: en los gobiernos de los presidentes Alfonso
López y Julio Cesar Turbay, la DEA y el gobierno de los Estados Unidos
encontraron fuertes nexos con el narcotráfico, nexos que terminaron marcando el
inicio de la influencia del crimen organizado y el paramilitarismo en Colombia,
empezando los años 80.
Desde esa década y hasta 2022, no
ha sido posible sacar a Colombia de su estigma de país mafioso y
narcotraficante, donde las élites amarradas en los gobiernos de turno en todos
estos años no han hecho otra cosa que direccionar la corrupción política al
servicio del crimen organizado y de un empresariado que se ha servido del lobby
para abusar del pueblo colombiano y ampliar la brecha social en forma
alarmante.
Esa élite es la misma que se apropió de los medios de comunicación de
mayor circulación en Colombia, a través de sus empresarios, para declarar una
guerra sucia en contra del presidente y su gobierno: en programas anteriores
les comentaba cómo Gustavo Petro ha sido atacado en todos los frentes posibles
mediante fake news, chismes de cocina y publicaciones insultantes cargadas de
odio. Pero lo más grave, actualmente, ha sido la consolidación de los poderes
legislativo y judicial en su contra.
Ante la imposibilidad de lograr la aprobación de varias reformas, entre ellas
la laboral en el congreso de la república, el presidente convocó al pueblo
colombiano y llamó a una consulta popular para que la ciudadanía misma le
expresara a sus representantes democráticos su deseo de que discutieran la
reforma en plenaria. La solicitud para la celebración de la consulta debía
recibir un concepto del senado y este, por supuesto, la hundió mediante una
votación llena de fraudes y jugadas de la oposición, que dejó más dudas que
certezas.
El Presidente Petro acudió, entonces, a otra instancia que le da la
Constitución Colombiana, y es que cuando el congreso de la república no obedece
el mandato popular y se niega a aprobar una consulta del pueblo que ellos dicen
representar, él puede decretar directamente la celebración de una consulta
popular y pedirle directamente a la ciudadanía que se pronuncie sobre las
reformas.
Por supuesto, las mayorías opositoras del congreso, todas vinculadas a
las élites tradicionales, los partidos corruptos que han gobernado el país por
200 años, los empresarios que se sienten afectados por el restablecimiento de
los derechos de los trabajadores, y la prensa que obedece servilmente a sus
dueños, han tildado al presidente de dictador. Esto último parece un mal
chiste: El Presidente Petro no ha cerrado el congreso a la fuerza como lo ha
hecho Nayib Bukele en el Salvador, ni ha impuesto reformas en contra de la
voluntad popular. El apoyo de la gente a su gestión se ha manifestado en
marchas masivas que ya son un hito en la historia de Colombia. La verdadera
dictadura la ha venido ejerciendo un congreso cuyo presidente, Efraín Cepeda,
declaró recientemente: “El Congreso no le ha dado permiso al pueblo de
expresarse mediante una consulta popular”.
El 11 de Junio vamos a salir a las calles nuevamente, en apoyo a nuestro
presidente, para que, en presencia del pueblo colombiano, firme el decreto
presidencial con el que convocará a la gran consulta popular para que todos
juntos decidamos sobre la conveniencia de las medidas para recuperar los
derechos que nuestra clase trabajadora había perdido durante los gobiernos
anteriores.
Amigos, esperamos contar con su respaldo moral y todas sus buenas
energías para que el pueblo de la patria grande nos ayude en nuestra lucha por
sacar adelante los nobles objetivos de reducción de la pobreza y eliminación de
las brechas sociales que se ha propuesto nuestro admirable presidente. Hasta la
próxima compañeros.
MAURICIO
IBÁÑEZ – Desde Colombia -Biólogo
Especialista
En Estudios Socio-Ambientales
PARA SABER MÁS:
·
El Problema de
la Tierra en Colombia – Video YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=PDZRVaqA0TU&feature=youtu.be
·
Nexos de
políticos colombianos con el narcotráfico años 70 – US Blacklist
https://colombiaone.com/2024/04/16/us-blacklist-colombian-politicians-drug-trafficking-declassify/
·
El Rechazo del
Presidente del Senado a la Consulta Popular: - No dimos permiso al pueblo
