JUBILADOS
APALEADOS Y EL BÚMERAN DEL ODIO
Soy Lidia
Rodríguez Olives y, desde Buenos Aires, saludo a los oyentes de El Club de la
Pluma
El 28 de agosto,
la sociedad toda fue testigo de la brutal represión que el gobierno de Javier
Milei ordenó contra los jubilados. Lo mismo ocurrió al miércoles siguiente,
dejando un saldo de más de 30 heridos. Estaban allí apoyando una Ley sancionada
por el Congreso por más de 2 tercios de ambas cámaras y vetada por el
Ejecutivo, que les permitiría recuperar algo de lo perdido en estos 9 meses de
gobierno libertario. Nada extraordinario: 14 mil pesos para las jubilaciones
mínimas, que representan el 0,4% del PBI. Modesto reclamo si se lo compara con
el 6% del PBI que se llevan las Grandes Empresas en exenciones impositivas,
promoción industrial y subsidios varios; o con los 100 mil millones
transferidos por el gobierno a la resucitada SIDE para volver a espiar. Mezquindad
presupuestaria que no se condice con los 2.300 millones de pesos que, según
informó Francos en el Congreso, gastó el presidente para hacer turismo por el
mundo junto con su hermana.
Decíamos en una
columna anterior que los represores que visitaron diputados de LLA en la cárcel
no son “viejitos” sino asesinos. Porque el paso de los años no atenúa la
responsabilidad sobre los actos, no nos reviste de dignidad ni nos convierte en
algo diferente de lo que siempre fuimos. La biología no deviene en impunidad y esto
es norma en todos los casos. El 53% de los jubilados votó a este gobierno. Significa
que, de los horrores que vive la Argentina de hoy, son en gran parte
responsables.
En diciembre de
2005, el presidente Néstor Kirchner promulgaba la ley que permitió la primera
moratoria previsional. Abarcaba a trabajadores que, estando por su edad en
condiciones de jubilarse, no podían hacerlo por no contar con los aportes
correspondientes entre los años 1955 y 1993. La incorporación al Sistema de
Seguridad Social permitió una reducción considerable de la pobreza en esos
sectores antes marginados, que pasó del 45% al 15%. En 2014, una nueva ley
incluyó a trabajadores con deudas previsionales hasta el 2003, abarcando así al
período que coincide con la peor tasa de desempleo e informalidad laboral en el
país: entre 1993 y 2003, 4 de cada 10 hombres y mujeres de 65 y 60 años no
podían jubilarse. A fines de 2023, según datos del Boletín Estadístico de la
Seguridad Social publicado por el Ministerio de Trabajo, el 58% de jubilados y
pensionados accedió al beneficio a través de alguna moratoria y, de ese
universo, el 73% son mujeres. Desde 2005, la cobertura escaló del 66,1% al
95,8% actual, convirtiendo a la Argentina en un ejemplo a nivel regional.
Las moratorias
significaron entonces una clara reversión de la lógica de exclusión y un
notable avance en el combate contra la desigualdad. Pero no habrían sido
posibles sin otras decisiones del gobierno. Las políticas neoliberales,
siguiendo los lineamientos del consenso de Washington impuestos por el FMI y el
Banco Mundial, se habían impuesto en Argentina y en América Latina en la década
de los 90, diseñando un modelo destinado a la obtención de ganancias
extraordinarias de bancos, sectores concentrados y grandes empresas. La
herramienta más potente para la imposición de este modelo fue la deuda externa,
en cuyas sucesivas renegociaciones los organismos internacionales de crédito
imponían sus condiciones. Así lograron el desmantelamiento del Sistema
Previsional existente hasta esa fecha y el ingreso de la AFJP. Fue un negocio
compartido entre las Administradoras y el sistema financiero, que les permitió
obtener una alta rentabilidad a costa de la calidad de vida futura de sus
aportantes. Resultó crucial entonces la decisión del gobierno, en 2005, de
cancelar la deuda con el FMI, como también la de desmantelar y luego eliminar
las AFJP. Esto permitió aumentar el grado de libertad a la hora de decidir la
orientación de las políticas públicas. Pero todo esto no evitó que, en 2015,
una mayoría de jubilados permitiese con su voto llegar a la presidencia a
Mauricio Macri, que nos ató nuevamente al FMI tomando la deuda más grande que
registran nuestra Historia y la del Organismo, incluyó en su programa la
privatización del sistema jubilatorio y siempre trabajó por el regreso de las
AFJP. En consonancia con sus ideas, a partir del 30 de noviembre de 2016,
rescindió los contratos de todos los médicos de cabecera del PAMI. Por la
Resolución 1895/16 el titular de ese organismo, Carlos Regazzoni, presentaba lo
que llamaron el “nuevo esquema”: los médicos que adhirieran a él conservarían
su puesto, pero con una quita del 30% en su salario.
Durante los
gobiernos kirchneristas fue ampliada la cobertura que brindaba, desde 2002, el
Programa Remediar. Este plan significaba acceso y cobertura de medicamentos
esenciales a través de su distribución directa en 8.100 Centros de Salud de
todo el país. Incluía, entre otros, analgésicos, antianémicos, antibióticos, broncodilatadores,
anticonvulsivos, cardiovasculares, corticoides, hipoglucemiantes, productos
oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas. De esta manera, se
garantizaba la cobertura a 16 millones de personas que dependían exclusivamente
del sistema público de salud, entre ellas jubilados y se daba respuesta al 80%
de las consultas realizadas en el Primer Nivel de Atención. El efecto fue la
reducción de los gastos en medicamentos de los sectores más vulnerables. En
2005, apenas realizada su primera ampliación, los gastos en salud de los sectores
con cobertura pública (PAMI incluido) se habían reducido del 62% al 39%. En
junio de este año, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomó
al Plan Remediar como ejemplo de un programa exitoso, evaluado en términos de
un conjunto de parámetros que combinaban la auto focalización del gasto,
compras eficientes, distribución equitativa y oportuna al nivel provincial y
local, transparencia y control social.
Podríamos enumerar
una larga lista de medidas que beneficiaron, directa o indirectamente, a los
jubilados. Como el Pre Viaje que, a 2 meses de su implementación, en noviembre
de 2021, había sido utilizado por 300 mil afiliados del PAMI. Con un reintegro
del 70% de los gastos, viajaron al Partido de la Costa, a Mar del Plata, a
Bariloche, Iguazú, Villa Carlos Paz, Mendoza y Salta.
También podría
nombrar la Tarjeta Argenta que, con un descuento de hasta el 20%, permitía a
cualquier jubilado acceder a un crédito en 40 cuotas para la compra de algún
bien. O el Plan Procrear, con el que muchos cumplieron, por primera vez, el
sueño de la casa propia. Podría recordarles a los desmemoriados que el PAMI
brindaba una extensa lista de medicamentos gratuitos, lista que ahora el presidente
que votaron está recortando drásticamente. También, que podían viajar en tren
sin costo alguno. Pero votaron a Milei y ya no existen los Créditos ANSES que
les permitió hacer frente a gastos inesperados. Tampoco existe la Ley de
Medicina Prepaga sancionada en mayo de 2011. Ahora, frente a un mercado
totalmente desregulado, aquellos jubilados que podían acceder a un plan privado
de salud o se han tenido que bajar o ven cómo la cuota aumenta
desproporcionadamente mes a mes. También es hora de recordarles que, en 2015,
al finalizar el mandato de Cristina Kirchner, la clase media representaba el
51% de la población, incluyéndolos en gran medida. Hoy, apenas llega al 37% y
una parte importante de jubilados engrosa las filas de los nuevos pobres. Y aún
reconociendo que el gobierno de Alberto Fernández no fue ninguna maravilla, les
recuerdo que durante la pandemia de COVID 19, fueron los adultos mayores los
que ocuparon un lugar privilegiado, recibiendo del Estado primera dosis y
refuerzos que salvaron sus vidas y fueron totalmente gratuitos.
En este contexto,
cuesta entender su voto. Solo el odio visceral que profesan al peronismo puede
explicar sus preferencias electorales. Un odio añoso, irracional, dañino y
profundamente violento. Que les hizo aplaudir el Protocolo de Patricia Bullrich
cuando no sospechaban que los palos también eran para ellos. Que los hizo votar
a Javier Milei disfrutando de antemano la quita de Planes, el despido de
“Ñoquis” y el combate a “la grasa militante”; el restablecimiento del orden, la
desaparición de los Sindicatos y el sometimiento y la humillación de los
trabajadores que defendían. Porque sólo un odio que se volvió ceguera pudo
hacerles votar a un gobierno que los tendría entre sus principales víctimas.
Pero a pesar de
todo, los que militamos en el campo “Nacional y Popular” seguiremos
defendiéndolos, aún a costa de nuestra seguridad. La Justicia Social que
sostenemos es para nosotros un principio innegociable. Pero esta defensa no es
un “cheque en blanco”. Exigimos una profunda reflexión sobre el andamiaje
ideológico que soporta sus conductas porque el odio ya torna imposible la
supervivencia social. También exigimos coherencia entre la vida que quieren
tener y la forma de conseguirla. Basta de votar a Milei y usar la cuenta DNI de
Kicillof… El plazo vence en 2025. Allí tendrán la oportunidad de demostrar que
han saldado cuentas con el pasado; que son merecedores de la lucha que hoy
estamos dando; que han aprendido qué es la empatía y priorizan la dignidad por
sobre las molestias de un corte de calle; que estarán a nuestro lado
defendiendo una sociedad más justa y para todos; porque han decidido,
finalmente, honrar la vida…
Les mando un gran
abrazo a los oyentes de El Club de la Pluma.
PROF.
LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES
Posgrado
en Ciencias sociales por FLACSO
