ACADEMIA
NACIONAL DE PERIODISMO,
¿GASTO
PÚBLICO NECESARIO?
El
12 de diciembre de 1955, Pedro Eugenio Aramburu dictó el decreto ley 4.362, sobre
las Academias Nacionales. En sus fundamentos se sostiene: “en su seno se reúnen los hombres que, tras largos estudios y una
valorada obra personal, han adquirido el caudal de una experiencia decantada y
diversa” y agrega, “dan ocasión a
que se disciernan a los ciudadanos merecedores de la gratitud de la patria la
recompensa de un honor más apreciable que cualquier retribución material”.
La norma dispone a su vez, que “el título de
académico es vitalicio y constituye el honor que se discierne a quienes hayan
dedicado su vida, con relevante mérito”, (art. 1).
Después, el presidente
Carlos Menem, por el decreto 1.879, de fecha 16 de octubre de 1992, incluyó a
la Academia Argentina de Periodismo en el régimen de las Academias Nacionales
aprobado por el decreto-ley 4.362/55. El gestor del decreto presidencial fue el
ministro de Educación Antonio Salonia, estrechamente vinculado al Grupo Clarín.
En su estatuto la
Academia Nacional de Periodismo determinó, como uno de sus fines básicos: “Postular
que el ejercicio del periodismo se realice fundado en principios éticos y se
manifieste por un constante ejercicio de la verdad, de la expresión de un
pensamiento ecuánime para juzgar los actos individuales o sociales”, (art.
2 inc. c).
Asimismo, en el
Estatuto de la Academia se dispuso que, “los candidatos a académicos de número
y correspondientes deben ser propuestos por escrito cuando menos por tres
académicos de número… Dichas propuestas serán analizadas por una comisión
integrada al menos por tres académicos de número designados por la Mesa
Directiva”, (art. 19). “La propuesta del candidato o candidatos deberá hacerse
en sesión privada” y “la votación se realizará en la sesión privada siguiente,
será secreta... Para ser elegido es preciso reunir los dos tercios de votos de
los académicos de número presentes en la sesión, la que deberá contar con la
asistencia de la mitad más uno de los miembros de número”, (art. 20).
De lo referido surge,
claramente, que la integración de los miembros de la Académica de manera
vitalicia opera como un núcleo cerrado, en el que no se puede ingresar sino por
una serie de compromisos internos, tanto ante los que proponen el o la
candidato/a y ante los o las que aceptan la propuesta. Y todo ello, con lógicas
de un tipo de club cerrado, en el que existen verdaderas bolillas negras para
acceder o no, decidido en sesiones privadas y secretas.
Actualmente, con el
referido mecanismo, casi el 80% de sus integrantes y directivos la Academia pertenecen
o se desempeñaron, en los medios del grupo Clarín y La Nación. No se da una representación
amplia del periodismo en general y tampoco se respeta la paridad de género.
En la dinámica
referida las universidades, los gremios periodísticos, el Estado y la sociedad
no pueden proponer académico/a alguno/a. De esa forma, de ninguna manera
se responde integralmente, al objetivo de las Academias de reconocer libremente,
sin acuerdos secretos y vínculos con medios de difusión determinados, “a
quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito en el ejercicio del
periodismo” y merecer la gratitud de la patria.
A su vez, esa
estructura cerrada, con sede en la Biblioteca Nacional, se sostiene con fondos
del presupuesto del Estado Nacional. El presidente de dicha academia, el
periodista Joaquín Morales Solá, en una nota del diario Infobae, del 3 de marzo
de 2021, reclamaba más dineros para el funcionamiento de la Academia y decía:
“estamos en una situación muy extrema económicamente, al punto que, en el
último mes tuvimos que recurrir a fondos de contingencia que tiene la Academia,
pero eso se puede terminar en cualquier momento si no hay una actualización del
Estado de las sumas que se nos destinan… El aporte histórico que hace el Estado
a las academias, que no tienen forma de financiación, anduvo bien hasta
mediados del año pasado 2020”.
Hay que agregar
también que, gran parte de los/as periodistas de la Academia, siguiendo la
perspectiva política de los sectores mediáticos a los que pertenecen, por lo
general, en sus comentarios, se ensañan con los más débiles, criticando los
gastos públicos destinados a los subsidios que se les otorga, los que
consideran innecesarios y deficitarios. Pero no analizan que la “Academia-club
de Clarín y Nación” que los nuclea, recibe dineros del Estado, cuando en los
hechos, no se cumple con los requisitos que la justifican.
Tampoco la Academia se
ha ocupado de trabajar un código de principios éticos, como lo refiere el
estatuto, que rija el “ejercicio del periodismo” para que el oficio “se
realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio
de la verdad”.
Al respecto, hay que
referir, a manera de ejemplo que, el jueves 6 de abril de 2023, la periodista
Laura Di Marco, en diálogo con la periodista Viviana Canosa en el programa
"+ Viviana", emitido por el canal LN+, se refirió respecto de la hija
de la vicepresidenta y dijo que padecía "una anorexia nerviosa
galopante", que eso se da por "falta de madre, falta de nutrición
materna".
Las inaceptables afirmaciones
de las referidas periodistas, fueron repudiadas por muchos sectores sociales y
políticos. Así, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), organización de
periodistas de ingreso amplio, mantenida por fondos aportados por los
integrantes, presencia federal y elección de las autoridades democráticamente emitió
un comunicado, en rechazo a los dichos
estigmatizantes y discriminatorios que formularon Viviana Canosa y Laura Di
Marco sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hija, Florencia Kirchner. En
el mismo sostuvieron, que "Nuestro Código de Ética es muy claro al afirmar,
en su artículo 34, que 'los periodistas deben respetar la privacidad y la
intimidad de las personas´, la libertad de expresión conlleva el cumplimiento
de normas éticas y el respeto de las buenas prácticas profesionales".
Sin embargo, en la
situación no se pronunció la Academia Nacional de Periodismo. ¿Será porque su
presidente Joaquín Morales Solá es periodista estrella del diario La Nación y
del canal LN+; canal este último en el que se produjo la grave falta ética?
¿Se justifica seguir
destinando fondos públicos, para sostener un grupo de periodistas como
miembros/as vitalicios/as, que conforman un espacio cerrado, circunscripto a
los pertenecientes a medios hegemónicos o vinculados a ellos, que se eligen
entre sí, responden a los intereses de dichos medios, no han fijado principios éticos
para el ejercicio del periodismo, ni se han manifestado ante un accionar éticamente
reprochable?
Habrá que repensar el
tema y actuar en consecuencia.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado
constitucionalista cordobés y
Periodista
de opinión
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