DE LA
PROSCRIPCIÓN A LA RESISTENCIA
Desde Buenos Aires, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma. Soy Lidia
Rodríguez Olives
Mientras Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la justicia durante 3
años y responsable de una “mesa judicial” que, durante el gobierno de Macri,
armó causas judiciales y extorsionó empresarios, se pasea tranquilamente
disfrutando del sobreseimiento por “falta de pruebas” que le regaló la Cámara
Federal Porteña; mientras Mauricio Macri (el mismo del contrabando, los parques
eólicos y el espionaje ilegal) puede dilatar por más de 25 años el pago de la
deuda por el Correo Argentino, esquivar la quiebra y lograr que, en un fallo
bochornoso, la Corte de los “3 monigotes” aceptara pasar el expediente a la
justicia porteña, de inferior jerarquía pero más amigables con sus intereses; mientras
causas por delitos de Lesa Humanidad están durmiendo hace años en los cajones
de los Supremos; mientras esperamos hace un año y medio que esos mismos Supremos
se pronuncien sobre la constitucionalidad (o no) del decreto 70/2023, reforma
constitucional encubierta que, debido a esa dilación, sigue vigente; mientras
el Congreso y la Justicia blindan al presidente en la estafa Libra…mientras
esto y mucho más ocurre, la Corte se apresuró a ratificar la condena contra
Cristina Kirchner en un año electoral, contra su propia jurisprudencia, y sin siquiera
haber revisado un caso plagado de irregularidades y de violaciones al debido
proceso.
La conmoción política que esto implicó está a la vista. Sin embargo, debemos
tener en cuenta que la derecha fascista que nos gobierna utiliza la detención
de Cristina como un escenario más de su “batalla cultural”. Batalla que
consiste, fundamentalmente, en un esfuerzo persistente por aislar los hechos y
sacarlos de contexto; por limitar la comprensión y eliminar la capacidad para
establecer relaciones pertinentes entre los diferentes aconteceres sociales.
Es, en definitiva, un embate contra la Historia. Porque es, justamente, en este
campo donde reinan los procesos, donde nada ocurre aisladamente, donde existen
causas y consecuencias, y dónde resulta pertinente preguntarse ¿quién maneja
los hilos de los 3 monigotes de la Corte y del títere desquiciado que está en
la presidencia?
Una mayoría abrumadora de la población padece las consecuencias de las
políticas aplicadas. Sin embargo, no podemos confundirnos. La crisis no es para
todos: en ese escenario algunos pocos obtienen grandes beneficios. Es hora
entonces de mirar con detenimiento cómo opera este grupo selecto y en qué
medida son responsables de la situación actual.
Mientras la industria manufacturera registró en 2024 una caída del 9,2%
respecto del año anterior, la construcción un 17,7%, cerraron 10.902 empresas
(casi todas ellas pequeñas y medianas) y se destruyeron 182.000 puestos de
trabajo, las ganancias operativas de las empresas que cotizan en bolsa
alcanzaron, en promedio, el 141,6% y sus ganancias netas (que incluyen las
obtenidas en el mercado especulativo financiero), el 332%. Destaca entre ellas
la cementera Loma Negra. Lejos de verse afectada por el derrumbe de la
construcción, sus ganancias netas aumentaron, en 2024, 1487%. En Argentina, las
50 personas más ricas, que a fines de 2019 acumulaban 46 mil millones de
dólares reunían, a fines de 2024, 78 mil millones, un 70% más. Como ejemplo
podemos citar a Galperín, que pasó en ese lustro de un patrimonio de 4200
millones de dólares a 8500. Lo mismo ocurrió con Hugo Sigman, Pérez Companc,
Madanes, Brito, Bagó y Pagani. Parece entonces que el sufrimiento de los
pobres, de los científicos, de los trabajadores despedidos y de los jubilados se
traduce en la posibilidad para unos pocos de duplicar y hasta triplicar sus
fortunas.
La pregunta que surge hasta naturalmente es cómo es posible que, en un país
donde algunas empresas obtienen miles de millones de dólares de ganancias, no
se financien las universidades ni la investigación, se precarice el sistema de
salud y se mate de hambre a los jubilados. Cómo “no hay plata” para
discapacidad o para políticas de Derechos Humanos mientras el Estado se endeuda
permanentemente. Las respuestas a estas preguntas apuntan en la misma
dirección. Apuntan al montaje de un entramado offshore que les permite, a esos
pocos, evadir sus obligaciones tributarias; también, a un “Estado bobo” que las
beneficia con bajas y exenciones impositivas, con subsidios, con disminución de
sus costos salariales y, fundamentalmente, con un nulo control sobre sus
operaciones.
Todos conocemos la existencia de guaridas fiscales. También, la
participación que en ellas tienen empresas y empresarios argentinos, como quedó
demostrado en los Panama Papers, en la exposición de cuentas bancarias del HSBC
en Ginebra y en las denuncias del ex banquero Hernán Arbizu. Grandes empresas
fugan sus ganancias al exterior, comportamiento que impacta negativamente en
varios frentes. Por un lado, el montaje de sofisticadas tramas les permite
evadir impuestos, lo que significa que, aunque siempre los escuchemos llorar
por la “carga tributaria insostenible”, los ricos contribuyen muy poco al
sostenimiento del Estado. Por otro, aunque las ganancias las obtienen en
nuestro país, estas son declaradas en empresas “cáscaras” ubicadas en paraísos
fiscales, lo que facilita la elusión, es decir, reducir considerablemente el
monto a pagar. Como si esto fuera poco, el secreto bancario en estas filiales
fantasmas les permite ocultar y blindar sus activos y, cuando se produce un
conflicto, ya sea con el Estado, con acreedores o con trabajadores, sólo
responden con el capital declarado en Argentina. Un caso emblemático es el de
Vicentín que, luego de ser vaciada por sus propietarios con permanentes giros
de divisas al exterior, entró en concurso de acreedores en 2020. En ese
momento, la deuda con productores rurales y entidades financieras (incluido el
Banco Nación) ascendía a 1500 millones de dólares. Y aun sabiéndose que gran
parte de las transferencias se habían dirigido a Vicentín Family Group, con
sede en Uruguay, esos activos quedaron fuera del concurso por tratarse de “una
empresa extranjera”.
Todos debemos preocuparnos y ocuparnos de este comportamiento nocivo de
nuestra elite económica. Porque reduce significativamente los recursos del
Estado y su capacidad para diseñar y desarrollar políticas de impacto social. Entonces,
cuando escuchemos que “no hay plata”, deberíamos tener en claro a quiénes se la
vamos a reclamar.
Pero este no es el único comportamiento perjudicial que tienen nuestros grandes
empresarios. También son el engranaje que sostiene la llamada “bicicleta
financiera”. El esquema actual funciona con un Estado que se endeuda para
facilitar a las empresas la compra de divisas a un precio irrisorio. Esos
dólares no se invierten productivamente, sino que son destinados a la compra de
otros activos financieros, como los bonos que vende Caputo, por los que el
Estado paga altas tasas de interés. Las ganancias obtenidas por esta
especulación son fugadas al exterior y la rueda vuelve a empezar. Es obvio que
el modelo funciona mientras el Estado, principal proveedor de divisas, se siga
endeudando. También resulta obvio responder a la pregunta ¿dónde están los
dólares del FMI? En los paraísos fiscales de esta clase depredadora. Tener en
claro esto nos permite comprender también por qué, una elite económica que
cuenta en sus filas con industriales perjudicados en forma directa por las
políticas aplicadas, se alinea masivamente detrás del gobierno de Milei. Es que
sus ganancias se han desvinculado de la producción. Han devenido en
especuladores y financistas, perjudicando seriamente el desarrollo del país y
la generación de empleo. Y mientras el Estado, en lugar de ponerles freno, actúe
como aliado de sus intereses, seguirán aumentando la desigualdad y la pobreza.
Pero la elite sabe que el modelo tiene fecha de caducidad. La crisis (de la
que ya hablan propios y ajenos) está a la vuelta de la esquina. Porque un país con
sus capacidades productivas destruidas y endeudado hasta lo indecible es
inviable en el mediano plazo. La lucha que libran hoy no es por Milei sino por
quién lo sucederá; quién manejará la lista de beneficiados y perjudicados que
hoy tienen en su poder cuando todo esto vuele por el aire. Podrá ser otro
engendro de la derecha, un radical con peluca y hasta un ignoto salido de
alguna parte. Pero lo que no puede ser es peronista. Porque peronismo significa
apuesta por la industrialización y obsesión distributiva; también, “gasto” en
políticas sociales, en universidades, en ciencia y tecnología. Significa
dignidad para los trabajadores, derechos y reivindicaciones. Pero, sobre todo
significa la amenaza de políticas que, finalmente, les obligue a repartir la
riqueza que todos construimos, pero sólo ellos atesoran.
Es en este cuadro complejo de nuestra realidad donde se inserta Cristina
presa. El Poder Judicial ha sido y es el bastión más firme en la defensa de sus
intereses: si falla Ficha Limpia, siempre quedará la Corte. Su detención no es
sólo una jugada para borrar de la arena política a la dirigente que mejor los
señala y acusa, capaz también de aglutinar bajo su liderazgo la rebelión de los
desposeídos. Es una apuesta por la fragmentación del peronismo, por su
definitiva extinción.
Pero los peronistas sabemos de proscripción, de detenciones, de torturas,
de fusilamientos y persecución. Tenemos identidad y nos unimos en la adversidad.
Nunca nos resignamos ni olvidamos nuestra Historia. Defendemos nuestros
derechos y sabemos qué es la lealtad. Y es por eso que Cristina no está sola: la
acompaña una legión de militantes que no duda en poner el cuerpo porque ha sido
forjada al calor de la resistencia.
Les mando un gran abrazo a todos los oyentes de El Club de la Pluma.
PROF.
LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES
Profesora
de Historia - Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO
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