EL CLUB DE LA PLUMA: IMPLICACIONES LEGALES Y POLÍTICAS DE UNA CONDENA HISTÓRICA

domingo, 10 de agosto de 2025

IMPLICACIONES LEGALES Y POLÍTICAS DE UNA CONDENA HISTÓRICA - MAURICIO IBÁÑEZ

IMPLICACIONES LEGALES

Y POLÍTICAS DE UNA CONDENA HISTÓRICA

Apreciados compañeros, amigos y escuchas de El Club de La Pluma, desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez, con nuestro acostumbrado abrazo por la unidad latinoamericana.

En el programa de la semana pasada les presenté un contexto histórico del fallo judicial proferido en contra del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El caso se inició en el año 2012, cuando Uribe era senador de la república y debió enfrentar un debate citado por el Senador Iván Cepeda por conformación de grupos paramilitares.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas en el debate, el Senador Uribe se retiró del recinto del congreso y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a su adversario por presunta fabricación de testigos falsos para sustentar su acusación. La Corte Suprema aceptó la demanda de Uribe y se dedicó a estudiar el asunto.

En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los senadores en ejercicio, determinó que el caso era, al contrario, es decir, que era el senador Uribe, y no el Sr. Cepeda, quien había incurrido en falsificación de pruebas y soborno a testigos, por lo que lo acusó formalmente y ordenó su detención domiciliaria.

Con el fin de evitar su detención, Álvaro Uribe tomó la decisión de renunciar a su curul en el congreso y someterse a la justicia ordinaria, así que la Corte Suprema tomó su expediente y lo envió a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento bajo la dirección del Fiscal Francisco Barbosa, uno de los mejores amigos del entonces presidente de la república Iván Duque, amigo y copartidario de Uribe.

Como era de esperarse, no bien el Fiscal General tomó el caso, nombró a uno de sus fiscales de reparto, su amigo Gabriel Jaimes, para que se hiciera cargo de establecer el documento de acusación contra el ahora exsenador Uribe. El fiscal Jaimes, siguiendo las instrucciones de su jefe, optó por desestimar todas las pruebas en su contra y solicitar formalmente la “preclusión del proceso”, algo así como una suspensión temprana del caso contra el exsenador expresidente.

El juez a cargo del caso no aceptó la preclusión, que fue solicitada insistentemente, y el fiscal Jaimes fue retirado del caso. Otro fiscal lo asumió y nuevamente la solicitó, también desestimando las pruebas que habían sido aportadas por la Corte Suprema en el expediente. El juez nuevamente rechazó la solicitud, configurando un estruendoso fracaso jurídico y político para el Fiscal General Barbosa y el presidente Iván Duque, en su intento por dejar en la impunidad los delitos cometidos por Uribe.

Con el nombramiento de la Fiscal Luz Adriana Camargo, valiente jurista independiente con formación legal y hoja de vida intachables, las víctimas de los delitos de Uribe, el Senador Iván Cepeda y otros, solicitaron reactivar el proceso, y esta vez se nombró una fiscal que estudió cuidadosamente las pruebas reunidas por la Corte Suprema y redactó el escrito de acusación contra el exsenador. El caso fue presentado ante una juez del circuito de Bogotá, quien dedicó toda su atención al proceso y acusó formalmente a Uribe por tres delitos: Fraude Procesal, Soborno a Testigos y Falsos Testigos.

La defensa de Uribe hizo toda clase de jugadas y maniobras para ralentizar el proceso, pues en Colombia los delincuentes pueden salir libres por vencimiento de los términos legales, es decir, si el proceso tarda más de lo previamente establecido según el tipo de delito. Con esta medida, cientos de criminales han evitado su condena en Colombia, y los abogados de Uribe son expertos en ese tipo de jugadas. La defensa llamó a más de cien testigos para que hablaran en favor del exsenador. Curiosamente, la mayoría de estos testigos eran paramilitares o personas acusadas de delitos de narcotráfico.

La estrategia de demorar el juicio no funcionó. La juez encargada del caso mantuvo la dinámica del proceso hasta que, finalmente, el 28 de Julio pasado publicó lo que en Colombia llamamos “El Sentido del Fallo” en el cual explica los antecedentes, el contexto y las pruebas que se usaron para declarar al acusado inocente del delito de falsos testigos, y culpable de soborno a testigos y fraude procesal. Pocos días después publicó su sentencia: 12 años de prisión domiciliaria, 8 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos después del cumplimiento de su pena, y una multa de 800 mil dólares para resarcir a sus víctimas.

Las implicaciones de esta sentencia son enormes y agregan un interesante capítulo a la historia de Colombia: en nuestro país nunca se había procesado a un expresidente por sus delitos, a pesar de que ha sido evidente que los han cometido: los nexos de López y Turbay con el narcotráfico, la negligencia de Betancur en el ataque al Palacio de Justicia en 1985, los dineros de la mafia en la campaña de Samper, el fracaso del Pastrana con las FARC y la corrupción de su gobierno, los delitos de Uribe como gobernador y presidente, y los robos descarados cometidos contra el erario público por Duque y su equipo de gobierno. Todos estos casos han quedado suspendidos en medio de una especie de pacto silencioso de que “a un expresidente no se le toca”.

Con este fallo histórico, la historia del país cambia por completo. Ya un expresidente no es intocable.

Para el pueblo colombiano, esta es una reivindicación de la justicia: los poderosos pueden ser acusados, procesados y condenados. Uribe todavía puede apelar el fallo y, por supuesto, adelantó trámites legales para evitar su encarcelamiento (así fuese en una de sus fincas), sin éxito. Pero lo cierto es que, aún si gana la apelación, ya está condenado ante la opinión pública, y eso de por si representa una victoria moral para la nación.

Las implicaciones políticas son complejas y abundantes: lo primero que hizo el condenado fua apelar a los medios y las redes para desacreditar a sus acusadores y amenazar a la juez, posar de víctima de persecución y convocar a una marcha de sus partidarios que, cuando se emita este programa, ya habrá pasado. La mayoría de las instituciones de control ha reclamado respeto por la justicia, la juez y su fallo, tratando de separarlo del escenario político.

Como era de esperarse, algunos de los dirigentes políticos amigos de Uribe ya acudieron a senadores republicanos de los Estados Unidos reclamando sanciones para Colombia por este asunto, lo cual constituye, en las leyes colombianas, traición a la patria. Una jugada típica de la oposición de derecha.

Bueno compañeros, los dejo por ahora y veremos qué pasa. Hasta la próxima semana.