INFORME PRELIMINAR
VIOLACION DE DDHH EN COLOMBIA
EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL 2021
INDICE
1-
Presentación
2-
El despliegue represivo del estado colombiano
3- Las victimas
4-
Rol de la institucionalidad
5-
Acerca de los delitos cometidos
6- Violaciones de los DDHH
en territorios recorridos por la misión Internacional de Solidaridad y
Observación de Derechos Humanos.
a.
Departamento del Cauca- Popayán
b.
Bogotá
c.
Pereira
d.
Cali
e. Medellín
1.
PRESENTACIÓN
La Misión Internacional de
Solidaridad y Observación de Derechos Humanos arribó a Colombia el día 25 de mayo del corriente
año.
Ante las reiteradas denuncias de
violaciones a los Derechos Humanos fue convocada por diversas organizaciones
sociales, plataformas de derechos humanos, espacios sindicales y eclesiásticos
entre otras, con el objetivo de constatar in situ la grave situación descripta.
En respuesta a estas denuncias, a
modo de relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio, es que un
conjunto de organismos de Derechos Humanos tales como SERPAJ, APDH LA MATANZA, CORREPI Y XUMEC; una diversidad de
organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente
Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, SOMOS Barrios de Pie,
organizaciones gremiales y de la sociedad civil como ATE, CTA- Autónoma, la Asociación Americana de Juristas. Se
concluyó que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad
humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos,
leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos.
Nuestros objetivos como Misión:
●
Relevar situaciones de violación a los DD.HH en el marco del Paro
Nacional.
●
Elaborar un informe minucioso que tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel
nacional e internacional.
●
Contribuír a la articulación internacional en defensa de los DD.HH
en toda la región.
Para cumplirlos, la misión se trasladó a las siguientes ciudades: Cali, Medellín, Pereira, Siloe,
Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar,
Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba, Soacha, Facatativá y
Madrid (Cundinamarca), Teusaquillo, La Caldera, y Portal Norte en Usaquén. Esto
ha permitido acceder y conocer de primera mano la realidad que atraviesa al
pueblo colombiano. La voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y
organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente
principal de nuestro informe.
El sufrimiento del pueblo colombiano,
exigía nuestro máximo esfuerzo, compromiso y rigor en la visibilizacion y
desnaturalización de las prácticas aberrantes que en todo tiempo y lugar
entrañan las violaciones a los derechos humanos.
- EL DESPLIEGUE REPRESIVO DEL
ESTADO COLOMBIANO.
Los testimonios recogidos han sido
abrumadores. Contestes todos ellos en reprochar la significativa violencia
represiva desplegada sobre población civil indefensa, se advierte que impera
entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad
de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los
Derechos Humanos.
Así, tanto la Policía Nacional en
general y en especial el ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD) de consuno con
el Ejército, descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación
de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la
psiquis de sus víctimas. Un auténtico escenario que combina fuego, humo, gas y
estampida (entre otros recursos letales) es retratado por los numerosos
testimonios recogidos. Posicionados en tanquetas y aún desde el mismo asfalto
(agravando el riesgo para la población) las vulgarmente conocidas como “bombas
aturdidoras” han provocado lesiones severas en centenares de personas y hasta
varios homicidios (cítase como ejemplo el de Sebastián Quintero Munera, Popayán
14 de mayo).
Es habitual que el personal policial
dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares en numerosos
manifestantes y transeúntes, del mismo modo que es frecuente la utilización de
“caucheras”, honderas y aún la misma mano para arrojar piedras de gran porte
sobre la multitud replegada. Es de público y notorio el atropello de manifestantes con las
tanquetas, provocando severas heridas. Tal el caso de Juan Diego Ortega Garzón
(24) Popayán el día 14 de mayo. La misma Policía Nacional cuando la dispersión
estuvo finalizada ingresó ilegalmente a los domicilios, detuvo a vecinos ajenos
a los incidentes, allanó ilegalmente y
luego provocó destrozos en sus casas, e
ingresó violentamente a espacios autónomos de la sociedad civil.
El carácter pacífico de las
manifestaciones es constantemente alterado –cuando no por la provocación de
personal de civil infiltrado en las
filas de la protesta- por el permanente acoso, aparición subrepticia o
movimiento de pinzas sobre manifestantes y transeúntes en general.
El criterio abusivo y arbitrario de
las facultades para detener, el trato cruel dispensado a los detenidos que
incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las
mujeres y disidencias sexuales retenidas , constituyen especiales y repudiables
violaciones no sólo a los derechos sino primordialmente a la condición humana.
El ejemplo paradigmático de esos abusos lo constituyó el “caso ALISON”, la
joven cuyo suicidio en Popayán el día siguiente al de su detención, despertó la
indignación popular que derivó en los acontecimientos de la URI local el 14 de
mayo.
La arbitrariedad registrada en los
plazos de detención junto a la ausencia de toda información y colaboración con
familiares y asistentes legales constituyen una flagrante violación al legítimo
ejercicio del derecho de defensa.
Ha llamado la atención de esta Misión
las numerosas denuncias de los voluntarios
de atención sanitaria y plataformas de defensores de Derechos Humanos,
que aún formal y correctamente identificados fueron atacados por las fuerzas
represivas en violación a las más
elementales normas de resguardo y no obstrucción de sus imprescindibles tareas.
Igual proceder ilegal ha sido denunciado por periodistas, comunicadores sociales
y grupos multiculturales que por tradición suelen integrar las columnas de
manifestantes.
Los CAI (Centro de Atención
Inmediata) y las URI (Unidad de Reacción Inmediata) ambas a cargo de la Policía
Nacional, lejos de cumplir con las
disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen
como cárceles improvisadas en dónde el hacinamiento, la corrupción y el trato
deshumanizado constituyen denominadores comunes.
A su turno, concejales de la ciudad
de Bogotá denunciaron a esta Misión que en las barriadas humildes de la
periferia “no hay día en que el ESMAD no
actúe, llevándose a muchachos de las barriadas, trasladándolos muy lejos de sus
viviendas y familiares para luego encerrarlos por más de 36 horas
incomunicados, gasearles en la celda y finalmente criminalizarlos en orden a
delitos de diversa entidad (Obstrucción de vía pública, terrorismo, sedición,
etc.)-.”
Resaltan las denuncias de
organizaciones de la sociedad civil por los abusos sexuales cometidos por las
fuerzas de seguridad tanto en la vía pública como en los lugares de encierro.
Así, revelaron que al 26 de Mayo, del total de abusos sexuales cometidos, el
79% lo fue sobre mujeres y el 8% sobre disidencias sexuales.
Se han recibido denuncias (que luego
fueron ratificadas ante esta Misión) sobre la existencia de empresas privadas
(supermercados y talleres) en las que se habrían dispuesto traslados de
personas detenidas en las
manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de
móviles sin identificar y hasta francotiradores. El supermercado Éxito de la
localidad de Calipso (Cali) y el taller mecánico LA Playa (periferia de Bogotá)
son los dos casos denunciados.
Se ha acreditado la participación de
civiles armados ya sea desde las mismas líneas de las fuerzas de seguridad o
contando con su aquiescencia. Entre otros, destaca el caso de la referente
indígena Daniela Soto Pito baleada bajo esa modalidad en Cali el día 9 de Mayo.
No es menor la implementación de
maniobras persecutorias sobre líderes y lideresas sociales e integrantes de
comunidades indígenas a partir de falsas
imputaciones tendientes a neutralizar el libre ejercicio de la protesta. A
menudo, las fotografías habidas en los
afiches callejeros que llevan la firma y sello de la Policía Nacional dan
ilegal sustento a posteriores causas
(noticias criminales). El proceso de criminalización así iniciado, con
hostigamientos, intimidaciones y amenazas, indica claramente la participación
de la Policía Nacional en los montajes judiciales y falsos positivos, diseñados
desde los niveles más altos de la administración política del Estado.
Las diversas organizaciones sociales
que la Misión ha entrevistado, han denunciado la existencia de centenares de
personas desaparecidas de las cuales aún se ignora el paradero. En muchos de
ellos la Policía Nacional adquiere particular protagonismo ya que
numerosas víctimas han sido vistas por
última vez al tiempo de ser retenidas y trasladadas por sus efectivos. La aparición posterior del cuerpo (en algunos
casos mutilados) completa lo aberrante de esta práctica sistémica del Estado,
configurando delito de lesa
humanidad. En el marco del Paro
Nacional, Brahian Gabriel Rojas López de la ciudad de Pereira cuya desaparición
fue denunciada por sus familiares inaugurando la triste nómina de desaparecidos
por la Policía el mismo 28 de Abril y cuyo cuerpo fue hallado en el lecho del
río Cauca el día 3 de Mayo.
De acuerdo al art 218 de la
Constitución Política de Colombia, la Policía Nacional es considerada un cuerpo
armado permanente cuya finalidad es garantizar las condiciones para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas.
A tenor de las denuncias del Pueblo
de Colombia constatadas por la Misión, se puede afirmar sin temor a equivocarse
que las Fuerzas de Seguridad han violentado la manda del ordenamiento interno
supremo. La misma que finaliza su enunciación postulando también que la Policía
Nacional debe “asegurar que los habitantes de Colombia convivan en Paz” .
- LAS VICTIMAS
A lo largo y ancho del país, la
mayoría del pueblo colombiano salió a las calles con una consigna unificadora:
A PARAR PARA AVANZAR. Las medidas
antipopulares no sólo acentuaban la crisis, además recaían sobre los sectores
que más sufrían la pandemia.
El Estado colombiano reprimió la
protesta indiscriminada y brutalmente con un criterio aleccionador que sin
embargo se volvió en su contra. No sólo el paro se acentuaba sino que las
marchas cada día se nutrían de ciudadanos y ciudadanas ansiosos por expresar su
disconformidad y resistencia.
El recorrido que la Misión hizo,
permitió comprobar la masiva adhesión a las razones que motivaron la protesta.
El Estado insistió con medidas más cercenadoras de
derechos y acrecentó el número de efectivos de seguridad en un ejercicio de
militarización del paisaje social y policialización de la cotidianeidad que
derivó en el compendio de violaciones que en este informe se denuncian.
●
La Juventud ocupó la primera línea de la protesta. De los barrios
populares, desde las escuelas y Universidades al epicentro de las protestas. La
Misión recorrió las barriadas del sector suroriental de Bogotá y pudo comprobar
la decisión inquebrantable de muchachos y muchachas dispuestos a forjar un
futuro diferente al que le proponen. Fue también uno de los sectores sociales
que más sufrió los encarnizados ataques del ESMAD, la Policía Nacional y el
Ejército.
●
Las mujeres también sostuvieron la protesta. Las más jóvenes en la
primera línea y muchísimas madres en la segunda. Todas ellas también fueron un
objetivo de las fuerzas de seguridad que hicieron del abuso una constante. La
Misión fue testigo de una expositora de organizaciones sociales que en Bogotá
resumió la situación: “Nuestros cuerpos fueron botines de guerra”. Y aún
conmueve la lectura del último mensaje de Alison después de ser denigrada en la URI de
Popayán: “Me manosearon hasta el alma” dejó escrito antes de suicidarse. Pero
las mujeres también sufrieron los embates de la represión por su doble
condición de lideresa. En Santander de Quilinchao, en el Cauca, la Misión
recibió las denuncias de expresa violencia machista ejercida por los efectivos
policiales y civiles que actuaban en conjunto y que llegó al intento de
homicidio de la referente indígena Daniela Soto Pinto en Cali el 9 de Mayo.
●
El campesinado y su recurrente lucha por la distribución de la
tierra, fue otro de los sectores sociales que protagonizó la protesta y que
también sufrió los embates del ESMAD, los sobrevuelos intimidatorios de
helicópteros, la intimidación mediante la descarga de bengalas lumínicas que
fueron intensas en la zona aledaña a la Vía a Cali en el Cauca.
●
El indígena, un ejemplo de organización con vocación de progreso y
aspiraciones para el buen vivir, es otro protagonista insoslayable. La férrea
defensa de sus tradiciones combinadas con la participación activa en la vida
social, política y económica del país fue otro de los objetivos de las fuerzas
represivas regulares y de muchos civiles que actuando a su amparo, expresaron su racismo y supremacismo. En
Santander de Quilinchao la Misión recibió un extenso informe sobre las diversas
situaciones violentas soportadas en el marco del Paro Nacional. El mencionado
registro integrará el definitivo de esta Misión.
●
La comunidad afrodescendiente recibió a la Misión en Puerto
Tejada. Más de la mitad de las víctimas de represión en el lugar son negras.
Denunciaron también el trato discriminatorio que sufren por parte de la policía
cotidianamente y que se suma a la explotación laboral que remite a tiempos que
se creían superados.
●
Los líderes y lideresas sociales encarnan otro objetivo perseguido
por la represión. Así, el montaje judicial y los falsos positivos constituyeron
dos instrumentos claramente persecutorios. Lo vio la Misión en Popayán con
referentes de los sin techo arbitrariamente señalados por el Ministro de
Defensa. En Bogotá lo hicieron con la concejala Eli Sánchez Barreto a quien le
montaron una causa por presunta agresión a una ambulancia.
●
Las organizaciones de la sociedad civil , los activistas de
Derechos Humanos, los solidarios grupos de asistencia sanitaria en
manifestaciones, periodistas independientes, actores multiculturales, y una
multitud de transeúntes y personas que iban y venían de sus cuestiones
cotidianas. Traemos el caso del muchacho Harold Conejo, un cotero de la
comunidad Totoró que perdió su ojo izquierdo por una perdigonada policial
cuando regresaba de su trabajo y que esbozó un relato estremecedor a la Misión,
que lo visitó en el Hospital San José de Popayán.
No sólo la Misión ha entrevistado a
las víctimas sobrevivientes en sus casas, centros comunitarios, escuelas y
hasta hospitales. También lo hizo con los familiares de los desaparecidos y
asesinados y fue recogiendo el inmenso dolor transitado con una enorme dignidad
y entereza, como –entre otros- el caso de Fabián Quintero en Barrio Bello
Horizonte de Popayán, padre de Sebastián, asesinado en los episodios del 14 de
mayo.
Víctimas todas de una violencia
estatal indefendible.
Se destaca que en la inmensa mayoría
de los casos denunciados – y que la Misión ha relevado - se ha tomado registro
de la existencia de concluyente prueba, en especial las de soporte audiovisual
así como la de testigos.
- ROL DE LA INSTITUCIONALIDAD:
Los Derechos Humanos están siendo
violados en Colombia y la comunidad percibe que –más allá de excepciones- las
diversas instituciones gubernamentales no asumen el compromiso que requiere el
cese de esas violaciones, las investigaciones pertinentes y la efectiva
vigencia de esos derechos.
La Misión ha recibido numerosas
denuncias por la inactividad de las distintas agencias del Estado destinadas al
esclarecimiento de esas violaciones.
Las víctimas o sus allegados suelen
dirigirse varias veces hasta la agencia interviniente para obtener novedades
sobre sus causas sin obtener respuesta alguna.
Los casos de re victimización son
notorios: suele investigarse y criminalizarse a la víctima antes que a su
atacante.
Personal de Fiscalías concurre a los
hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la
víctima sino para judicializarla
(criminalizarla) en función de los incidentes en dónde resultó lesionada.
La Misión ha recibido denuncias desde
plataformas defensoras de Derechos Humanos reveladoras de la peligrosa
indiferencia de los organismos destinados a impulsar las investigaciones.
Particularmente en el tema de la
desaparición de personas, se ha denunciado que desde las fiscalías se han
subvaluado los casos, subestimando la magnitud y gravedad que asume el delito
en cuestión.
Mientras las organizaciones
denunciaron -al 26 de Mayo- 52 homicidios en el marco del Paro Nacional (siete
días después supera los 70), la fiscalía sólo ha reconocido 17 y sólo 3 de
ellos vinculados directamente a la protesta.
La defensoría del pueblo y la
procuraduría fueron señaladas por las organizaciones denunciantes por su
inacción y por desconocer la existencia de más de tres mil denuncias en función
de los abusos policiales referidos.
Así mismo se supo que en aquellos departamentos
gobernados por partidos opositores, la Policía Nacional no responde a las
directivas de los alcaldes (jefe político de la fuerza en cada Departamento).
Esta circunstancia no es menor ya que hay una directa relación entre “la
desobediencia” de la fuerza policial y la desmedida, desproporcionada y
agraviante acción represiva. Se ignora si esa omisión ha sido denunciada -más
allá de declaraciones a la prensa- así como cuál ha sido el resultado de esa
investigación y las consecuencias que debieron recaer sobre los responsables.
Un defensor del Pueblo de la ciudad
de Popayán manifestó que sólo registra
25 quejas de abusos policiales en el marco del Paro. La desconfianza en lo
institucional es absoluta.
La pérdida de legitimidad de las
instituciones es la consecuencia inmediata de haberse esforzado más por
garantizar impunidad en lugar de proveer Justicia para el Pueblo.
- ACERCA DE LOS DELITOS COMETIDOS:
Puede concluirse que las conductas
atribuidas a las fuerzas de seguridad denunciadas y que deberán investigarse,
responden a diversos tipos penales cuya descripción fáctica y adecuación típica, se evaluarán al
tiempo de realizar el informe definitivo.
Aún con esa provisoriedad, y sin
perjuicio de otros encuadramientos legales que puedan corresponder, se puede
afirmar que la violación a los derechos humanos se puede subsumir en los
siguientes delitos:
✔ Desaparición Forzada de
Persona.
✔ Delitos contra la vida,
(homicidios)
✔ Delitos contra la
integridad física (lesiones oculares, lesiones varias)
✔ Delitos contra la
integridad sexual (abuso sexual)
✔ Delitos contra la
libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura)
✔ Delitos contra la
libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta.
✔
Delitos contra la propiedad (daño)
No hay dudas sobre el carácter de
lesa humanidad de estos delitos, atento su carácter sistemático, generalizado y
dirigido contra la población civil; ni
tampoco sobre la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales
universales.
- VIOLACIONES DE LOS DDHH EN
TERRITORIOS RECORRIDOS POR LA MISIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y
OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
Debemos mencionar en primer lugar,
que en el transcurso de nuestra visita hemos recibido el llamado de distintos departamentos y ciudades que no
hemos alcanzado a recorrer por limitaciones de tiempo, a los fines de realizar
diversas denuncias. Lo que da cuenta de la extensión y amplitud del escenario
represivo.
6.a) Departamento del Cauca- Popayán
La delegación recorrió el departamento del Cauca, y pudo recabar las siguientes denuncias:
●
146 Heridos en el marco de la manifestación.
●
32 Detenciones arbitrarias contra manifestantes , de los cuales 4
son menores de edad
●
9 Desaparecidos
●
2 Delitos Sexuales (acoso
sexual y tentativa de acceso carnal violento /acoso sexual y acto sexual
abusivo contra una menor de edad y una joven)
●
13/5 suicidio de Alison Lizeth Salazar Miranda luego de haber
sido víctima de abuso sexual por miembros de fuerzas policiales.
●
9 Ataques a Defensores de DDHH.
●
1 Ataque a la libertad de expresión, un periodista agredido por
seis agentes de policía nacional con intento de asfixia y golpes.
●
1 Ataque hacia voluntarios de salud.
●
1 Desaparición forzada y posterior homicidio de Cristian Torres
Cifuentes. Líder campesino de Mercaderes, Cauca.
●
3 Homicidios de: 1-Sebastián Quintero Munera.2 Jordany Rosero
Estrella en la zona de Putumayo. 3-Geovanny Cabezas Cruz, perteneciente a la Comunidad Nasa, por impacto de arma de fuego.
●
1 Allanamiento arbitrario.
●
12 Amenazas dirigidas a
líderes indígenas.
●
2 Actos de discriminación a la guardia indígena.
En esta ciudad con fuerte presencia
del movimiento indígena, campesino y de transportistas, existe la mayor
concentración de la tierra de toda Colombia. En el marco del paro nacional, la
represión se concentró en el casco urbano, con presencia desproporcionada de
agentes de la policía nacional, así como
miembros del ESMAD y del Ejército. La mayoría de las víctimas son jóvenes,
estudiantes secundarios y universitarios, así como como jóvenes de barrios populares.
A pesar que el gobierno nacional
dictaminó mayor presencia militar y el toque de queda, la respuesta de la
comunidad y las organizaciones integrantes de la minga social, popular y comunitaria mostraron una postura
de diálogo. El mismo consistió en el desbloqueo progresivo de los cortes, a la espera de respuestas a los reclamos
planteados.
Además se distingue la agresión hacia
la población en general, con el gaseo sobre las viviendas de los pobladores.
Por último resultan de suma gravedad las acusaciones públicas de funcionarios
del estado, como el Mayor Arguello quien calificó de terrorista y vándalos a
los defensores de derechos humanos de la Universidad, junto con el Ministro de
Defensa Diego Molano Aponte, quien señaló como responsables de los ataques a la
URI el día 14/5 a 4 líderes sociales y defensores de DDHH.
6.b) Bogotá.
La Misión Internacional de
Solidaridad y Observación de DDHH, se hizo presente en diversas localidades de
Bogotá: Usme, Ciudad Bolívar y Portal de las Américas (Barrio Kennedy),
Engativá y Suba, Soacha, Facatativá y Madrid (Cundinamarca), Teusaquillo, La
Caldera y Portal Norte en Usaquén. Se pudo constatar, a través de distintos
relevamientos, testimonios y denuncias, e informes de plataformas de derechos
humanos, el modus operandi de las fuerzas de seguridad en el contexto represivo
al ejercicio del derecho a la protesta social.
●
97 Heridos
21 Detenciones arbitrarias
●
4Desapariciones
4 Delitos sexuales
2 casos de violencia política
9 Ataques a activistas de DDHH
●
5 Ataques a voluntarios de Salud
5 Ataques a la Libertad de expresión- ataques cibernéticos y manipulación de
las cuentas de redes sociales. Según la Fundación para la libertad de prensa se
han contabilizado más de 50 denuncias de estos mecanismos de ciberseguridad y
censura.
6 Homicidios
18 Amenazas a líderes sociales.
●
3 casos de discriminación contra comunidades indígenas
15 Daños a terceros (casas, autos, transeúntes)
12 denuncias de Infiltrados de la fuerza pública en el marco de las
movilizaciones.
6.c) Pereira
La Misión de Solidaridad y Observación de
DDHH pudo constatar en el territorio la
existencia de:
●
103 personas heridas
●
95 detenciones arbitrarias
●
9 baleados
●
5 muertos:
o
Lucas Villa (por impacto de arma de fuego)
o
Héctor Morales (por impacto de arma de fuego)
o
Evelio Flórez (asfixiado por gases)
o
Walter Buitrago (atropellado)
o
Brahian Rojas, desaparecido-encontrado en el lecho del Río Cauca
,luego de ser detenido por la Policía.
●
45 denuncias formalizadas por uso excesivo de la fuerza.
●
4 desaparecidos
●
2 defensores de DDHH agredidos
●
2 miembros de misión médica agredidos
Un niño de 15 años, quien se negó a
dar su identidad en función de la persecución política habitante del
barrio Cuba, denunció que el ESMAD le
disparó por la espalda y a corta distancia.
Además se identifican claros
componentes patriarcales en la represión hacia las niñas, adolecentes, mujeres
y disidencias sexuales.
Denuncian que el ESMAD lanza gases
lacrimógenos a las casas de las personas que refugian a los jóvenes perseguidos
por las fuerzas policiales, después de reprimir una protesta pacífica. En ese
marco golpearon a niños, no los dejaron salir de la casa, amenazaron a las
familias y les impidieron acceder a un hospital.
El ESMAD deslegitima las credenciales
de los organismos de derechos humanos no estatales y les quita las mismas a los
organismos de derechos humanos estatales. También denuncian el robo chalecos
identificatorios.
Hemos registrado dos testimonios
donde por un lado una camioneta de la defensoría del pueblo transportaba
encapuchados en dirección a una protesta en Pereira. Por otro lado pudimos
tomar registro de un camión de carne que transportaba efectivos de la policía
en su interior
Abogados y trabajadores de prensa
denuncian persecución política, intervención de dispositivos de comunicación,
seguimiento en la vía pública por personal de civil, amenazas en las puertas de
sus casas y amedrentamiento anónimos.
Un Estudiante denunció que mientras
iba camino a su trabajo el ESMAD lo secuestró, lo golpeó, lo desnudó, lo
mojaron con agua y después lo torturaron con una taser. Horas después lo
liberaron. Por temor a represalias se negó a dar su identidad.
Evelio de Jesús Florez, adulto de 86
años quien mientras estaba durmiendo en su hogar junto a su esposa recibió
múltiples gases y piedras lanzadas por el ESMAD y como consecuencia perdió la vida.
Lucas Villa (37 años) estudiante
universitario, el 5 de Mayo de 2021, fue herido por ocho disparos de balas
realizados por personas sin identificar en el viaducto Cesar Gaviria de
Risaralda. Momentos previos a su asesinato se cortaron las luces del mismo, las
cámaras no tomaron registro alguno, testigos alegan haber visto drones por la
zona y un láser sobre el cuerpo de Lucas antes de los disparos.
Brahian Gabriel Rojas López (26 años)
arenero, fue agredido junto a sus hermanos por miembros del ESMAD el 28 de
Abril en el puente Francisco Jaramillo la última vez que se lo vio con vida.
Cinco días después, apareció su cuerpo sin vida rio arriba en Sabana Larga,
Antioquia.
6.d) Cali
Los integrantes de la Misión de
Solidaridad y DDHH tras recorrer la ciudad de Cali, Puerto Tejada, Yumbo, punto
de resistencia Ecopetrol, Siloe y Calipso pudieron constatar a través de diversos
testimonios de las víctimas, e informes de las plataformas de derechos humanos
la existencia de:
●
93 personas desaparecidas
●
46 personas asesinadas en
el marco de la movilización.
●
240 personas detenidas
●
149 personas heridas por armas de fuego.
La situación que vive la ciudad de
Cali ha desencadenado daños irreparables sobre la vida, la integridad física y
psicológica de la población, profundizado a partir del decreto 575 del gobierno
nacional, que estableció el toque de queda y la militarización de la ciudad.
Otro rasgo característico ha sido la actuación de civiles armados disparando a
la par y coordinadamente con las fuerzas públicas.
La represión en esta zona adquiere
características particulares como la connivencia empresarial con la estructura
represiva, llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones
comerciales como centros de detención y tortura, así como punto de
avituallamiento y cuartel. El escarmiento a la población ha recorrido hitos
represivos que van desde las balaceras indiscriminadas con armas largas hasta
los asesinatos atroces de personas previamente desaparecidas.
Se recibieron denuncias de referentes
juveniles, sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, religiosos, así
como periodistas y activistas de derechos humanos quienes son fuertemente
perseguidos, judicializados e investigados bajo la modalidad de espionaje.
La misión ha recogido denuncias
provenientes de las comunidades negras donde se enfatiza la dinámica de
limpieza social, el despojo territorial forzado y el racismo estructural.
Asimismo, cabe mencionar que un
aspecto distintivo de esta zona, la connivencia empresarial en los hechos
represivos, siendo los casos más emblemáticos la empresa Huevos Kike y la
Empresa Integral de Empaques.
En el punto de resistencia Yumbo, se
pudo constatar varios homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad entre
los que se encuentra el caso de Maicol
López Cano.
Varios testigos relatan el ingreso al barrio de fuerzas de seguridad disparando balas de plomo, gases y bombas aturdidoras al grito de
“Les manda saludos Duque”. Producto de este hecho dos jóvenes perdieron la vida.
El punto de resistencia de Ecopetrol ha sido público y nacionalmente
conocido por ser el sitio desde donde un
técnico de la fiscalía disparó contra 3 manifestantes. En la zona los
organismos de derechos humanos denuncian la existencia de 149 heridos de bala y al menos 6 asesinatos.
En el Punto de resistencia de Siloe, de la comuna 20 comuna 20
En este punto hubo una concentración
de mecánicas represivas, que van desde la desaparición forzada de una persona
golpeado por miembros del ESMAD y la policía nacional, encontrándose el cuerpo calcinado al día siguiente frente al Dólar City. Este
punto de resistencia cuenta a la fecha
con los siguientes asesinados por parte de las fuerzas de seguridad: José
Emilson Ambuila; Kevin Antonio Agudelo Jimenez;
Harold Antonio; Rodríguez
Mellizo; Daniel Andrés Forero Olave; Nicolás García; Cristhian Arturo Hinojosa
Murillo, Nelson González, Andrés Antonio Mejía, Daniel Stiven Sánchez y Michael Andrés Aranda. Se le agregan dos
víctimas encontrados en la Vía Cali, Palmira, cuyas identidades son: Gregorio
Angelvis Bello Pérez y Carlos Sierra.
Por último en la zona Calipso se
recibieron denuncias sobre el local de
tiendas “Éxito” utilizado como centro de detención y tortura. A la fecha
funciona como centro de avituallamiento y acuartelamiento de la policía,
denunciando los manifestantes que el traslado de armas y pertrechos se
realizaba en una ambulancia.
6.e) Medellín
Los integrantes de la Misión de
Solidaridad y DDHH estuvieron presentes en Medellín al cumplirse un mes del
paro nacional. Allí se realizó un acompañamiento a la comisión de DDHH durante
la movilización. En dicha jornada existieron detenciones arbitrarias y un uso
desproporcionado de la fuerza. Se ha podido constatar para el periodo del 28 de
abril al 30 de mayo en base a los informes de las plataformas de DDHH
locales las siguientes violaciones a los
derechos humanos:
●
2 asesinatos
●
699 privaciones de la libertad
●
133 casos de tortura o tratos crueles
●
71 casos de desaparición de personas
●
57 intentos de judicialización
●
43 lesiones a manifestantes
●
20 casos de amenazas.
●
3 mutilaciones oculares
Además se recibieron denuncias sobre
negación y ocultamiento de información sobre personas privadas de la libertad
y hostigamiento hacia los manifestantes
En el marco del aniversario del paro,
un conjunto de comerciantes, sacó una declaración pública bajo el título
“Muerte a la primera línea” incitando a la violencia, sin que se conozca el
repudio ni la investigación por parte de las autoridades locales.
- Conclusiones
Este informe de carácter preliminar
permite a la Misión concluír que:
●
El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del
PARO NACIONAL y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares,
habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e
intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada
impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y
el derecho a la protesta.
●
El Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa,
prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento
sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus
efectivos.
●
El Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado
como enemigo interior a la mayoría de su pueblo, representado por: jóvenes de
los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad lgtbiq ,
trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes,
líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa
independiente, así como organizaciones
de la sociedad civil.
●
Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los
delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho.
●
El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las
instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la
reparación integral , a través de la verdad y la justicia.
Bogotá, Junio
3 de 2021
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