DERECHOS HUMANOS Y
EL NEGACIONISMO
INACEPTABLE EN ARGENTINA
En Argentina se
vive una negación de derechos humanos básicos, por parte de sectores políticos
que buscan degradar la vigencia y la militancia en los mismos. Incluso
sostienen que el tema lo utilizan determinados sectores como “un curro”.
Postura inaceptable, cuando trabajar por la plena operatividad de los derechos
humanos integra objetivos fundamentales de nuestra Constitución Nacional y de los
Pactos Internacionales incorporados con jerarquía constitucional.
Además, niegan que hubo un terrorismo desde el
Estado, con motivo de lo cual, se cometieron delitos de lesa humanidad de
distintos tipos, como asesinatos, torturas, privación ilegítima de la libertad
-desapariciones-, abusos sexuales, daños -físicos, sicológicos y materiales-,
robos, secuestro de la identidad e historia de niños sacándolos del lado de sus
madres en cautiverio, etc.
Los métodos terroristas llevados adelante por
el Estado en nuestro país, en el período del último gobierno militar de facto
(1976-1983), son inadmisibles y ello quitó toda autoridad legal y moral al
accionar estatal.
Los integrantes de la fórmula presidencial
Javier Milei y Victoria Villarruel, del partido “La libertad Avanza”, presentan
dichas atrocidades estatales restándoles importancia, sin tener en cuenta las
sentencias judiciales condenatorias de dichos actos que se encuentran firmes,
con carácter de cosa juzgada. A su vez, sostienen que es “un mito” la postura
asumida de que existieron 30.000 desaparecidos. En todo momento pretenden
aminorar la envergadura de los hechos, diciendo que fueron sólo 8.753, como si la
reducción arbitraria del número, quitara responsabilidad a la gravedad de los
delitos cometidos.
Además, se argumenta que se dieron sólo
algunos “excesos”, haciendo aparecer que los crímenes fueron algo accidental o
propio de desbordes de sectores marginales. Omiten referir que la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el 09 de
diciembre de 1985, en el fallo dictado en el juicio a los ex comandantes de las
Juntas Militares afirmó, que no hubo una guerra, ni excesos y que se trató de
una verdadera operación siniestra, planificada, dirigida y ordenada, de manera
premeditada, generalizada y sistemática.
Asimismo, en la actitud por la que se pretende
restar culpa, se trata de poner a los y las actuantes, como víctimas
incomprendidas por las acciones criminosas que llevaron adelante, que lesionan y
ofenden a la humanidad misma, por eso son de delitos de “lesa humanidad”.
Por su parte, los y las responsables fueron
juzgados con todas las garantías propias de los derechos humanos. No estuvieron
detenidos en cárceles clandestinas, contaron con sus abogados, tuvieron
asegurado el derecho a la defensa y las condenas las aplicaron tribunales
imparciales conforme a la ley. Mientras que, los que defienden el accionar
estatal indebido no dicen nada que, durante el proceso militar, a los
desaparecidos, sin garantizarles defensa alguna, ni tribunal imparcial que los
juzgara conforme a derecho, les aplicaron, criminalmente, sin distinciones, la
pena de muerte.
El país debe reafirmar su coherencia con los
valores esenciales que lo nutren y justifican. Tampoco se pueden volver
relativos o perecederos conceptos fundamentales, como el respeto a la vida, a
la dignidad de la persona, a la igualdad y equidad, al ejercicio de una
libertad responsable, a la no discriminación, a la justicia social y a la plena
vigencia de los derechos humanos.
La corrupción social empieza por
relativizarlos, para luego, anularlos por indiferencia. No hay que tolerar que
se niegue o infravalore los graves crímenes de lesa humanidad que se llevaron
adelante en el país y menos que no nos comprometamos, esencialmente, con el
tema y sus consecuencias.
Debemos reafirmar las verdades últimas de la
humanidad, las que guían y deben orientar a las personas y a los pueblos para
el bien común. De lo contrario, las ideas y las convicciones humanas se pueden
instrumentar fácilmente, para fines de poder, contrarios a los objetivos de una
humanidad que se respete a sí misma.
También, el “negacionismo” de los delitos de
lesa humanidad que se cometieron, es la tergiversación deliberada de nuestro
pasado rechazando las evidencias. No se debe tolerar que se desdibuje la verdad
histórica.
Cabe referir que, respecto a otros crímenes de
lesa humanidad, como es el caso del genocidio, denominado “crimen de crímenes” como,
por ejemplo, en el caso del Holocausto judío, varios países han promulgado
leyes relacionadas con el negacionismo de la existencia de dicho genocidio, que
contemplan incluso sanciones penales. Así, en Francia, en 1990, se estableció, al
menos tres años de cárcel, a los negacionistas o personas que expresan dudas
sobre el exterminio nazi. De igual manera Bélgica aprobó una ley en 1995, por
la que se prohíbe el apoyo, justificación o negación pública del Holocausto. En
Suiza está penada la reivindicación o la negación de cualquier genocidio o
delito de lesa humanidad. En Alemania y Austria también está penalizada la
negación o dudas del holocausto. El Parlamento español, en julio de 2015, aprobó
una reforma del código penal en el que se estableció que se castiga la negación
o enaltecimiento de delitos de genocidio o sus autores.
En este sentido, el Papa Francisco, en el
mensaje que leyó el 24 de abril de 2015 en Roma, antes de comenzar la misa
conmemorativa de los cien años del genocidio armenio, dijo: “Es necesario
recordarlos, es más, es obligado recordarlos, porque donde se pierde la memoria
quiere decir que el mal mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal
es como dejar que una herida siga sangrando sin curarla".
El Congreso de la Nación Argentina, en el año
2002, promulgó la ley 25.633, que instituye, al día 24 de marzo, como “Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes
resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”, (art.1). Y
se tuvo particular cuidado de establecer, que en los establecimientos educativos
se determinen jornadas alusivas al Día Nacional instituido y de esa manera,
consolidar “la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos
a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de
Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”, (art. 2). Resulta
inaceptable entonces que, quienes deseen regir los destinos de país, no
defiendan dichos fines fundamentales a consolidar como política de estado.
Ellos son los símbolos patrios con contenidos, que hacen a la unidad de toda la
argentinidad y merecen un respeto especial, en el profundo pacto de convivencia
que nos une.
Dr. Miguel Julio
Rodríguez Villafañe
Abogado
constitucionalista cordobés y
Periodista de opinión
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