QUIERA EL
PUEBLO VOTAR
Soy Lidia Rodríguez Olives y, desde Buenos Aires, saludo a los que escuchan
El Club de la Pluma
Argentina es un país independiente desde 1816. Pero un largo período de
guerras civiles postergó la sanción de una Constitución hasta 1853. Se inicia
allí una etapa caracterizada por la puesta en funcionamiento de instituciones y
leyes que dieron vida al Estado Nacional. En un día electoral como el que
vivimos hoy, vale la pena indagar sobre el papel que los ciudadanos tuvimos en
estos más de 200 años de vida independiente. Preguntarnos cuántas oportunidades
reales existieron para expresar nuestra voluntad soberana; o cuán arraigadas
están las ideas de “participación ciudadana” y democracia.
Debemos remontarnos a 1821 para encontrar el primer intento de reforma
electoral. Limitada a la Provincia de Buenos Aires, fue propuesta por Rivadavia
durante el gobierno de Martín Rodríguez. Estableció el sufragio universal
masculino y la exigencia, para los candidatos, de ser propietarios. En la
práctica, su alcance fue limitado ya que la mayoría de los habitantes de la
campaña ni siquiera se enteraban cuando había elecciones. En su primera
aplicación, de una población de 60 mil personas, sólo votaron 300.
La primera ley nacional en materia electoral fue la 140, sancionada en
1857. Estableció el voto universal masculino, cantado y de lista completa. A
los peligros del voto expresado a viva voz, que siempre significó votar bajo
amenaza, se sumaba la falta de representación política de la oposición, ya que
el ganador se alzaba con todos los cargos. Se abre así un largo período
caracterizado por el fraude y la violencia, donde votaban “hasta los muertos” y
se compraban voluntades; donde se quemaban urnas y se falsificaban padrones;
donde la oligarquía terrateniente mostró abiertamente su desprecio por el
sistema democrático y autoproclamó su derecho exclusivo a gobernar la Nación, a
la que consideraba una prolongación de sus estancias. Sin abundar en detalles,
me remito a 2 fuentes del período: “Nuestra base de operaciones ha consistido
en la audacia y el terror (…) Establecimos en varios puntos depósitos de armas
y encarcelamos a varios extranjeros (…) Algunas bandas de soldados armados
recorrían de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo gente.
En fin: fue tal el terror que sembramos (…) que el día 29 triunfamos sin
oposición”. Esto se lee en una carta de Sarmiento a Oro, escrita el 17 de junio
de 1857 y referida a las elecciones de ese año.
“El analfabetismo, la barbarie, las fallas congénitas de vastos
sectores, rebajan mecánicamente el resultado del sufragio (…) La única fórmula
capaz de lograr buenos gobiernos es la de eliminar los elementos regresivos”. Y
este es Alberdi.
Pero a principios del siglo XX, la conflictividad social crecía. Los
sectores trabajadores se habían sindicalizado y sus reclamos fueron reprimidos
sin excepción. Por otro lado, un nuevo partido político, la Unión Cívica
Radical, a través de su “abstención revolucionaria”, presionaba por un espacio
en la conducción del Estado. Cada vez resultaba más difícil mantener la
“República sin ciudadanos” con la que soñaba Roca. Es en este contexto de
revoluciones, huelgas y represión, que un sector de la elite decide la
inclusión de la UCR, partido de clases medias pero conducido por un segmento
subordinado de la propia elite, mucho menos peligroso para sus intereses que
los anarquistas y socialistas que controlaban las centrales obreras. Así nació
la Reforma Electoral de 1912, conjunto de leyes no sólo referidas al sufragio.
La Ley 2189 de 1911 estableció el enrolamiento obligatorio y la elaboración
del padrón electoral sobre la base del empadronamiento militar. La Ley 8130 del
mismo año otorgó a los jueces electorales la facultad de formar y controlar los
padrones. Y, finalmente, la Ley 8871 (conocida como Ley Saenz Peña) estableció
el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, además de normas
precisas para la emisión del voto y el escrutinio. También se adoptó el régimen
de lista incompleta o tercio excluido. El ganador se adjudicaba 2/3 de los
cargos mientras que el tercio restante era para la lista que obtenía el segundo
lugar. Como se ve, sólo dos partidos lograban representación, quedando fuera
del sistema los restantes. Suele decirse que esta reforma puso fin al fraude
electoral. Sin embargo, si bien impactó positivamente en las elecciones
nacionales, en las provincias siguió prevaleciendo el fraude. En un mundo donde
la política es terreno exclusivo de los hombres, sobresale una pincelada
progresista. En 1927, una reforma en San Juan habilitó el voto a las mujeres,
que pudieron participar en los comicios provinciales.
La etapa de Gobiernos Radicales se cierra abruptamente el 6 de septiembre
de 1930 con un golpe de Estado, el primero de los 5 que tuvimos en el país. No
está de más recordar que 22 años del siglo XX los pasamos bajo la dominación de
las “botas”. Sin Congreso ni partidos políticos, la norma fue la violencia,
engendrada desde los delirios corporativistas de Uriburu hasta el Terrorismo de
Estado del Proceso.
Con el golpe del ´30 comienza la “Década Infame”. Infame por los negociados
y la corrupción, pero también por la vuelta de viejas prácticas electorales. La
expansión del sufragio fue bloqueada sistemáticamente, conformando un sistema
cerrado y elitista que giró, nuevamente, en torno al fraude electoral. Llamado
“patriótico”, sirvió para garantizar la permanencia de la oligarquía
terrateniente y ganadera en el gobierno. Deberemos esperar 16 años para tener
elecciones limpias.
Cuando los libros describen al peronismo como “democracia de masas”,
frecuentemente se vincula esta adjetivación con la irrupción de los sectores
trabajadores en la vida política. Pero la masividad está dada también por una
fuerte e incontrastable expansión de la ciudadanía efectiva. Fue la ley 13010
de 1947 la que estableció el voto femenino en todo el territorio. Y también fue
el peronismo el que incorporó a la vida política e institucional a los antiguos
Territorios Nacionales. Misiones había sido creado como tal y separado de
Corrientes en 1881, en tanto que en 1884 se creaban los Territorios Nacionales
de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en el sur; La
Pampa, en el centro; y Chaco y Formosa en el norte. Carentes de cualquier tipo
de autonomía, funcionaban como simples divisiones administrativas y sus gobernadores
eran nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado. Importantes
superficies quedaban así bajo el control del gobierno central cuyo poder no
sólo implicaba el nombramiento de funcionarios sino el reparto arbitrario de
tierras públicas con las que se pagaban adhesiones políticas. El proceso de
provincialización se inició en 1951, cuando los habitantes de estos territorios
votaron por primera vez electores presidenciales y delegados al Congreso
Nacional. En el mismo año fueron provincializadas Chaco y La Pampa; Misiones en
1953 y el resto (a excepción de Tierra del Fuego) en 1955, meses antes de la
caída del gobierno.
A partir del golpe de 1955 se abren 18 años en los que el peronismo estuvo
proscripto. Alternaron gobiernos civiles y militares, y esto da pie para que
algunos hablen de “democracia condicionada”. Sin embargo, diversos autores
(como el liberal Norberto Bobbio) coinciden en que existe un estándar mínimo para
la democracia. La línea divisoria está dada por la observancia del principio de
legitimidad basado en el consenso del pueblo. El peronismo había ganado las
elecciones legislativas de 1954 con el 64,28% de los votos. Levantada su
proscripción, ganó dos veces las presidenciales de 1973, la primera con el
49,53% y la segunda con el 61,86%. Entonces, y por más vueltas que le den, no
hubo democracia en Argentina entre 1955 y 1973. Como expresión de la voluntad
de la mayoría, recién será recuperada en 1983. A partir ahí, nos gusten o no
los resultados, nadie puede decir que no hay gobiernos representativos.
Pero el poco espacio que en nuestra historia ocupó el ejercicio de derechos
políticos se limita más aún si tenemos en cuenta que en distintos gobiernos
electos el poder se ejerció bajo el Estado de Sitio. De Mitre a De la Rua este
estado de excepción, que suspende las garantías constitucionales y dota al
Ejecutivo de un poder extraordinario sobre las personas, fue utilizado en 52
oportunidades. A esto se suma que en dos gobiernos de facto se aplicó la Ley
Marcial, que habilita el juzgamiento por tribunales militares y la aplicación
de la pena de muerte. Así fueron fusilados los anarquistas Severino Di Giovanni
y Paulino Scarfó, en 1931. También, el general Juan José Valle y numerosos
civiles y militares en 1956, hecho documentado en la obra de Rodolfo Walsh,
Operación Masacre.
Con una Historia a cuesta que muestra un prolongado cercenamiento de
nuestros derechos, que marginó a la ciudadanía por la fuerza y la violencia,
los argentinos no deberíamos ser cívicamente indiferentes. Indiferencia que no
sólo consiste en el desinterés por los asuntos públicos y la conducción del
Estado, o en el ausentismo a la hora de votar, sino también en la falta de
empatía con el otro, en el actuar individual y egoísta. Todavía no hemos
aprendido que el destino de cada individuo está ligado indefectiblemente al de
los demás. La indiferencia cívica daña la democracia porque atomiza la sociedad
y facilita el control arbitrario del poder por unos pocos; el triunfo de los
intereses sectoriales por encima del interés general. “Quiera el pueblo votar”,
expresó Saenz Peña. Habría que agregar: y tenga hoy la suficiente grandeza para
hacerlo bien.
Desde Buenos Aires, saludo a todos los que escuchan El Club de la Pluma.
PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES
Profesora de Historia -
Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO
No hay comentarios:
Publicar un comentario