UNA
JUSTICIA CORRUPTA
Desde Buenos Aires, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma. Soy Lidia
Rodríguez Olives
En noviembre de 2023, una encuesta realizada por la Escuela de Derecho de
la Universidad Torcuato Di Tella mostraba que el nivel de confianza de nuestra
sociedad en la justicia es apenas del 8%. En cambio, un impresionante 86% la
considera entre poco y nada confiable. Sólo un 9% confía en la honestidad y
honradez de los jueces. Según la Universidad de San Andrés, también la Corte
muestra esta crisis de legitimidad: 7 de cada 10 encuestados señalan su mal
funcionamiento, su falta de transparencia y su corrupción.
Resulta necesario recordar que la concentración de poder es incompatible
con la República. Sin embargo, en nuestro país 3 personas tienen la última
palabra sobre constitucionalidad, sobre causas ordinarias y también sobre actos
administrativos que emanan de autoridades electas por el voto popular. Este
triunvirato todopoderoso forma parte de un Poder Judicial opaco, carente de
mecanismos de rendición de cuentas y dependiente en sus decisiones del poder
político, económico y mediático.
Deberíamos tomar conciencia de hasta qué punto hemos normalizado la
anormalidad, nos hemos acostumbrado a ella. Para esto, es un buen ejercicio
salir de nuestras fronteras y ver qué pasa en otras partes del mundo.
En una mayoría abrumadora de países la justicia ordinaria y el control
constitucional se encuentran divididos. Esto quiere decir que no hay una sola
Corte sino 2 con competencias diferentes. Sucede en Austria, Francia, Italia,
Suecia, España, Finlandia, Grecia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Polonia,
Túnez, Turquía, Egipto, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Guatemala, por
nombrar sólo algunos. Esta división de atribuciones no fue ajena a los
Constitucionalistas de 1853. Mientras el artículo 116 de la Constitución
Nacional reserva a la Corte “el conocimiento de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución”, el 75 inciso 12 otorga a los
Tribunales Federales y Provinciales la competencia sobre las normas
establecidas en los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo
y la Seguridad Social. Pese a esta limitación, en 1909 la Corte se atribuyó el
poder de revisar todas las sentencias de tribunales inferiores, convirtiéndose
en una instancia más tanto en materia federal como en derecho común. Y esto hay
que tenerlo claro: el monopolio de la última instancia sobre todas las causas
que se tramitan en la Nación no es una atribución constitucional sino una
competencia auto atribuida. Además de la concentración de poder incompatible
con un régimen republicano, esta atribución tuvo el efecto de abarrotar de
causas el despacho de los cortesanos. La lentitud de los procesos y la ineficacia
aparejada fue contemplada en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de
1990, que introdujo el famoso artículo 280. Así, la Corte puede rechazar sin
argumentos aquellas causas que se niega a tratar. Poder discrecional que atenta
contra el derecho de todos los ciudadanos a conocer el fundamento de las
decisiones emanadas de los poderes del Estado.
¿Qué sucede, en cambio, en Alemania, donde el Poder Judicial está en la
cúspide de credibilidad? La existencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional
Federal divide las atribuciones que en nuestro país se encuentran concentradas.
Pero no es la mera existencia de esta división lo que nos distancia: también su
composición. El máximo tribunal en materia Civil y Penal se compone de 12 salas
de 8 miembros cada una, en tanto que el Tribunal Constitucional está conformado
por 16 magistrados divididos en 2 salas. Y no cabe dudas que los argentinos,
acostumbrados a la existencia de jueces atrincherados en sus juzgados hasta el
último aliento, no saldríamos de nuestro asombro al enterarnos que estos jueces
alemanes tienen un mandato de 12 años y no pueden ser reelectos. También, que
su mandato no se extiende, bajo ninguna circunstancia, más allá de la edad
jubilatoria.
En las antípodas del ejemplo alemán, nuestra Corte actúa como un pulpo que,
a lo largo de la Historia, ha ido extendiendo sus tentáculos hacia todos los
espacios de nuestra vida política e institucional. Fue ella quien legitimó cada
golpe de Estado y permitió que las disposiciones de gobiernos de facto se
perpetuasen como leyes en el tiempo. También, que jueces nombrados bajo
dictaduras pudiesen continuar en sus cargos, alegando la “necesaria
estabilidad” del Poder Judicial. En diciembre de 2015, a través de un DNU del
recién asumido Mauricio Macri, la Corte pasó a controlar la DAJUDECO, único
órgano del Estado encargado de interceptar las comunicaciones ordenadas por la
justicia. Formada por profesionales de distintas disciplinas y especializada en
la investigación criminal, nada tiene que ver ni hacer en la estructura de la
Corte. En diciembre de 2021, declaró inconstitucional la ley del Consejo de la
Magistratura luego de 15 años de vigencia, lo que permitió que su presidente,
Horacio Rosatti, ejerciera también la presidencia del Consejo. En 2017, en el
fallo Fontevecchia, relativizó el impacto en Argentina del sistema interamericano
de Derechos Humanos, desconociendo la jerarquía constitucional del pacto que le
dio origen y afirmando, de hecho, que por encima de ella no existe poder alguno.
Tal vez sea el caso de Mariano Ferreyra el que mejor ejemplifica el estado
de descomposición de nuestra justicia. Militante político que luchaba contra la
terciarización laboral, Ferreyra fue asesinado, el 20 de octubre de 2010, por
una patota sindical liderada por José Pedraza. La investigación mostró la
existencia de una red para encubrirlo inserta en el propio sistema judicial que
debía investigarlo y que involucraba a loobystas judiciales de la SIDE, a ex
secretarios y empleados judiciales y a jueces de la Cámara Federal de Casación
Penal. El vértice de esa pirámide de corrupción era Eduardo Riggi, juez de la
Cámara Federal de Casación Penal N° 3 y titular de las cuentas hacia donde
debían dirigirse los sobornos. El teléfono de su domicilio, el laboral y el
celular figuraban en la agenda personal de Pedraza, secuestrada de su casa en
Puerto Madero. Pese a estas evidencias, Riggi no fue procesado: en 2016, fue
sobreseído por Norberto Oyarbide, sobreseimiento confirmado por la Sala 1 de la
Cámara Federal, por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema. Tampoco
fueron procesados otras figuras de peso del Poder Judicial. 20 jueces se
excusaron de intervenir en una causa que apuntaba al corazón de Comodoro Py. El
Consejo de la Magistratura se apresuró a cerrar las investigaciones sobre los jueces
involucrados. Todos quedaron impunes demostrando, una vez más, que la familia
judicial se protege.
La corrupción es, desde hace tiempo, uno de los tópicos más importantes de
la agenda política y del debate social. Resulta interesante analizar la asignación
de sentido que en Argentina tiene ese concepto. Acá, es la conducta de los
individuos la que adquiere centralidad, olvidando que no existe la corrupción
sino los “intercambios corruptos” y que una conducta corrupta implica
transacciones, relaciones e interacción con otros individuos. Pero los
conceptos no son categorías estancas sino dinámicas y se construyen socialmente
a través de la Historia. En este sentido, el significado actual de este término
reconoce dos importantes mutaciones de las que somos herederos. El gobierno de
facto de 1955 creó la Comisión Nacional de Investigaciones con el fin de
detectar y penalizar irregularidades durante el peronismo. Pero rápidamente
dejó de lado los casos específicos de sobornos o enriquecimiento para avanzar
en una impugnación moral y política de carácter general sobre los gobiernos
peronistas. Por otro lado, la década del 90, con un claro sesgo antiestatista y
promercado, redujo la corrupción al abuso del poder público para obtener beneficios
privados. El mundo empresario quedó libre de toda sospecha. Reducir el Estado y
achicar sus funciones era la garantía de un plan exitoso contra la corrupción. El
presupuesto de esta afirmación es que ningún gobierno neoliberal será corrupto;
en cambio, siempre lo serán aquellos que pretendan ampliar las competencias del
Estado y utilizarlo como instrumento de redistribución. Y es por esto que los
escándalos del menemismo no tuvieron su correlato judicial, sino que su rasgo
más saliente fue la falta de investigación y la ausencia de castigo a los
responsables.
Son estas dos herencias las que nos permiten comprender el trámite que las
diversas causas tienen en la justicia. Sabemos que José López cometió cohecho;
pero nunca sabremos quién le entregó el dinero. Podrán aparecer encumbrados
empresarios en los Panamá Papers o en la lista de Falciani del HSBC en Ginebra;
pero ningún fiscal actuará de oficio para investigar evasión. Cristina irá
presa; pero Macri nunca pagará por el Correo ni será procesado por las
autopistas. Se regularizarán las propiedades sobre las que se asientan los
countries; pero no las tierras tomadas por familias precarizadas, que serán
criminalizadas y reprimidas. Porque el Poder Judicial, que junto con políticos,
operadores, lobbystas de negocios, de inteligencia y medios de comunicación
conforman una verdadera matriz de corrupción, se encargará de que así sea.
Como sociedad, debería avergonzarnos la indiferencia con que miramos una
Justicia que hoy es, claramente, corporativa, elitista y endogámica; donde
reina el nepotismo; que no rinde examen frente a nadie; que se niega al control
de su desempeño, a la rendición de cuentas y al ingreso democrático; que emite
sentencias escasamente fundadas; que decide a su antojo quién gobierna; que
judicializa la política según su ideología; que se perpetúa impunemente; que es
instrumento de la lucha partidaria y del capital concentrado. Nos debemos una
profunda reforma judicial. En defensa de la República, pero también en defensa
propia. Porque, como dijo Francisco Quevedo: “Donde hay poca justicia es un
peligro tener razón”
Desde Buenos Aires, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma
PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES
Profesora de Historia -
Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO
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