LAS GRAVES RAZONES DETRÁS DE LA FÉRREA OPOSICIÓN A LA REFORMA AL SISTEMA DE SALUD PROPUESTA POR GUSTAVO PETRO - MAURICIO IBÁÑEZ

 

LAS GRAVES RAZONES DETRÁS DE LA

 FÉRREA OPOSICIÓN A LA REFORMA AL SISTEMA DE SALUD PROPUESTA POR GUSTAVO PETRO

  

 

 Apreciados amigos, compañeros y oyentes del Club de la Pluma, les saluda Mauricio Ibañez desde Colombia, con un fuerte abrazo latinoamericano.

 

 En 1993, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez presentó una iniciativa legislativa que buscaba la transformación significativa del sistema de salud del país, permitiendo la participación del sector privado en la prestación de este servicio. Con la Ley 100 de 1993 se introdujo el concepto de Entidades Promotoras de Salud (EPS), aseguradoras diseñadas para administrar los recursos destinados a la salud y garantizar la prestación de servicios médicos a la población. El objetivo era crear un sistema de salud mixto, donde coexistieran el sector público y privado, con la intención de mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.

 

 Las EPS conformarían una plataforma de seguros y estarían encargadas de afiliar a los ciudadanos, gestionar los recursos económicos y asegurar que los servicios de salud se prestasen adecuadamente. Tal como quedó establecido, la financiación del sistema proviene de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, así como de aportes del gobierno. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es una tarifa fija que las EPS reciben del Estado por cada afiliado, destinada a cubrir los costos de atención médica.

Aunque la creación de las EPS buscaba mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud, con el tiempo surgieron diversos problemas, muchos de ellos vinculados a la corrupción. La gestión de los recursos ha sido, en muchos casos, objeto de malas prácticas y fraudes por parte de algunas EPS. Se han documentado numerosos casos de desvío de fondos, sobrecostos en la prestación de servicios y contratación de proveedores con conflictos de interés. Estas prácticas no solo afectan la eficiencia del sistema de salud, sino que también ponen en riesgo la atención de millones de colombianos.

 

 Desde hace más de 10 años, la situación ha empeorado de manera alarmante: los desvíos de fondos por parte de los empresarios dueños de las EPS ya suman decenas de millones de dólares, la atención al público se ha precarizado gravemente y la disponibilidad de medicamentos se ha visto comprometida, poniendo en grave riesgo la salud de los colombianos.

 

 La corrupción no es el único problema que afecta al sistema de salud colombiano. La falta de gestión de los gobiernos y la falta de una reforma estructural al sistema de salud llegaron a tal punto que, para 2021, el rezago en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) acumulaba $15.5 billones de pesos colombianos (aproximadamente 3, 76 millones de dólares). Esta desfinanciación es otro factor crítico que ha limitado la capacidad de las EPS para prestar servicios adecuados. Por otra parte, éstas montaron un sistema de integración vertical donde cubren la deuda que tengan las clínicas de su propiedad, pero no con todas las instituciones prestadoras del servicio, con las cuales han acumulado millonarias deudas.

 

 Recientemente se descubrieron casos en que estas instituciones propiedad de las EPS han venido presentando facturaciones falsas, cobrando la atención de pacientes que llevan muertos varios meses, y hasta un caso de un paciente que aparece siendo transportado en 15.000 ocasiones en ambulancia. La estimación del impacto de esta poderosa cadena de corrupción puede ir desde cientos hasta miles de pacientes fallecidos por cuenta de este gravísimo fenómeno de corrupción del sector privado.

Ante la grave corrupción documentada y las deficiencias actuales en la atención médica, el colapso de hospitales y retrasos en pagos a los trabajadores de salud, además de la inflación y el crecimiento poblacional, estos problemas se han agravado aún más, dejando a una parte significativa de la población sin acceso adecuado a tratamientos y medicinas.

 

 Frente a estos desafíos, el gobierno de Gustavo Petro ha propuesto una reforma estructural del sistema de salud. Esta reforma busca atacar las raíces de la corrupción, mejorar la financiación y asegurar un acceso universal y equitativo a los servicios de salud. ¿Cuáles son los principales planteamientos de la propuesta de este gobierno?

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Centralización de la gestión de recursos: La reforma propone centralizar la gestión de los recursos económicos para evitar desvíos y garantizar una distribución más equitativa.

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Fortalecimiento de la red pública: Se busca aumentar la inversión en hospitales y centros de salud públicos, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de calidad.

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Revisión del modelo de financiación: La reforma plantea una revisión del modelo de la UPC, buscando alternativas que permitan cubrir mejor los costos y adaptarse a las necesidades cambiantes.

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Transparencia y rendición de cuentas: Implementación de mecanismos de control y auditoría para garantizar que los recursos se usen de manera adecuada, reduciendo la corrupción.

 

 Lo anterior implica la desaparición (o reforma) de las entidades aseguradoras (EPS) para que el manejo de los recursos sea asumido directamente por el Estado, sin intermediarios, toda vez que ya se cuentan en cientos las EPS que han tenido que ser intervenidas y liquidadas debido a la malversación de fondos o la negligencia en su servicio.

 

 Siendo un negocio tan lucrativo, instalado en el país desde hace ya más de 20 años, con empresarios que se han enriquecido más allá de toda proporción, la EPS más poderosas han iniciado una costosísima campaña de lobby para oponerse contra cualquier intento de que se les quite el manejo y administración de los recursos del Estado. Esta campaña incluye expresidentes, exministros, congresistas, gremios empresariales y supuestos expertos o analistas que reclaman que el modelo de salud está bien y que no hay que cambiar nada.

 

 Aunque para todos los colombianos ha sido evidente la precarización del modelo de salud, así como la alarmante corrupción de las EPS y las enormes cantidades de recursos que se han desviado a paraísos fiscales o robado descaradamente a través de servicios falsos o facturaciones fraudulentas, el ataque que ha recibido la propuesta de reforma es tan fuerte que es dudoso que logre pasar del Congreso de la República, como ya sucedió con la reforma laboral y otras iniciativas que este gobierno ha planteado para lograr reducir la pobreza, brecha social.

 

 El Presidente Petro impulsó la propuesta de reforma estructural a la salud como una salida política al enorme problema de corrupción, planteando el desmonte del modelo y regresando el manejo de sus recursos al sector público, pero la oposición de los grandes empresarios es tan fuerte, que incluso han llegado al extremo de precarizar aún más los servicios sembrando temor entre la ciudadanía, a la vez que sus cómplices en la política, la prensa dominante y los gremios empresariales se han dedicado a echarle al gobierno la culpa de las actuales fallas del modelo, por cuenta de una reforma que ni siquiera se ha discutido en el congreso, y que ésta ya tiene planeado hundir para darle gusto a sus poderosos jefes y dejar las cosas como están.

 

 ¿Cuál es la alternativa? Si no es posible presentar una solución política, como se intentó, será necesario optar por la estrategia jurídico-penal: las dimensiones del delito de corrupción, entre la malversación y robo de capitales, desvío de recursos, facturaciones falsas y estafa llegan a los cientos de millones de dólares. Sus víctimas son la totalidad del pueblo colombiano, con enfermos mal atendidos y centenares, si no miles, de pacientes fallecidos, lo cual implicaría que el establecimiento colombiano ha venido, literalmente, asesinando a su población durante los últimos 20 años. Un escándalo de proporciones históricas.

 

 En Colombia, como ha sucedido en México y otros países de América Latina, la justicia está corrupta y se ha pasado del lado de los criminales, por lo que tendremos que acudir ante la justicia internacional. Ya se ha alertado a la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional sobre un problema que, por sus proporciones, requiere del esfuerzo mancomunado a escala global.

 

MAURICIO IBÁÑEZ – Desde Colombia –

Biólogo Especialista En Estudios Socio-Ambientales