EL CLUB DE LA PLUMA: CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA

domingo, 13 de julio de 2025

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA - MAURICIO IBÁÑEZ

CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA

Apreciados amigos, compañeros y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez, como siempre, con un abrazo por la unidad latinoamericana.

Cuando ocurrió el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en Bogotá, el pasado 7 de Junio, aparecieron toda clase de teorías y especulaciones en las redes sociales. La oposición de la derecha se apresuró a explotar el asunto intentando culpar al Presidente Petro, e incluso convocaron a una movilización que llamaron “marcha del silencio” con el objetivo de hacer votos por la salud de la víctima. Durante esta marcha, que fue masiva, lo que menos hubo fue silencio. Se escucharon gritos de “fuera Petro” e insultos de todos los calibres.

Mientras esto pasaba, los organismos de investigación del Estado recopilaron más de 300 videos de celulares y cámaras de seguridad del lugar del atentado y sus alrededores, y lograron reconstruir la ruta seguida por el adolescente perpetrador, desde que llegó al área en un automóvil, se le entregó el arma, se comunicó por celular y coordinó con algunos cómplices sus movimientos. Cuando perpetró el atentado y huyó, fue capturado rápidamente por la policía y allí pasaron dos cosas extrañas: un agente de la policía manipuló el arma de forma irregular sin hacer control de custodia, y un transeúnte golpeó al joven asesino e intentó matarlo. El muchacho, al ser capturado, gritaba que estaba dispuesto a confesar quien lo había contratado y a entregar su teléfono celular, pero éste desapareció de la escena.

A la semana siguiente, la Fiscalía General de la Nación había avanzado en la investigación lo suficiente para declarar públicamente que se trataba de un crimen de tipo político, lo cual desató nuevamente una ola de especulaciones y acusaciones contra el gobierno. La Fiscalía debió aclarar que, si bien es cierto, había una motivación política en el atentado, no era de carácter ideológico. Era un asunto más profundo, un intento de las mafias por crear un clima de desestabilización en el país con el fin de afectar la gobernabilidad y favorecer a la oposición, donde desde hace años ha venido creciendo una red de apoyo con militares, políticos, magistrados y jueces que en estos tres últimos años se ha venido resquebrajando por cuenta de los resultados de la lucha del Gobierno Petro contra el Narcotráfico.

Durante más de 20 años de lucha antidrogas, el principal objetivo de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos se concentró en la fumigación y destrucción de cultivos de hoja de coca, lo cual tenía tres inconvenientes: primero, la fumigación y los procesos de erradicación manual eran lentos e ineficaces pues los cultivadores simplemente se trasladaban a otras zonas donde deforestaban y seguían cultivando. Segundo, los químicos usados para fumigar los cultivos eran dañinos para las personas y el medio ambiente, y tercero, estaba generando gran malestar en la población, que no encontraba ninguna alternativa para obtener ingresos ante el abandono estatal de estos territorios controlados por bandas narcotraficantes, guerrillas y grupos paramilitares.

El gobierno del Presidente Petro propuso una estrategia que fuera menos agresiva con el campesino productor, pero muy dañina para la cadena logística del tráfico de coca: concentró los esfuerzos de la lucha en la interdicción, es decir, en destruir todos los escalones del proceso de fabricación de la pasta básica de coca, el transporte, distribución y exportación de la cocaína refinada, y la coordinación con agencias internacionales en Estados Unidos, Europa y Asia para la incautación de grandes volúmenes de droga, asestando golpes severos a las mafias de distribución internacional.

Es cierto que, al no intervenir la producción, el área de cultivo creció hasta que la hoja de coca colombiana ha llegado a ser casi el 67% de la producción mundial, pero el gobierno está trabajando con los campesinos en reemplazar los cultivos por proyectos agrícolas legales y en buscar alternativas para la comercialización de productos derivados del cultivo de hoja de coca. En eso se han concentrado, también, los diálogos de paz con los grupos alzados en armas (ELN, Clan del Golfo, Disidencias de las FARC, etc.), dado que estos se dedicaron, desde 2017, a ejercer control territorial sobre las zonas de cultivo en asociación con las mafias del narcotráfico.

Con cifras récord en destrucción de laboratorios (879 Toneladas en 2024 y 1,291 en lo que va de 2025), incautaciones de base y pasta de coca (18.170 kg en 2025) e incautaciones de cocaína (772 Toneladas en 2024 y 442 en lo que llevamos de 2025), Colombia se ha convertido en uno de los principales socios de las autoridades antidroga de los últimos años. Esto, por supuesto, ha afectado sensiblemente las finanzas de las grandes organizaciones del narcotráfico.

Con el asesinato del Fiscal Paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una zona turística de Cartagena, Colombia, se confirmó la existencia de una alianza internacional de narcotraficantes de alto nivel provenientes de Italia, Albania, México, España, Paraguay, India, China y Serbia, la cual controla las rutas de exportación de cocaína, financia grupos armados ilegales y busca desestabilizar gobiernos en toda América latina. A esta presunta organización se le atribuyen también actividades como el lavado de activos a través de empresas legalmente constituidas, el contrabando, el tráfico de armas, la extracción ilegal de oro y el tráfico de personas.

En Colombia, el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, que hacen parte de esta red internacional, tienen fuertes nexos con grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de las FARC, los cuales abandonaron la lucha social, se refugiaron en las actividades criminales y libran cruentas luchas internas por el control de territorios productores. En sus niveles más altos, estos grupos han venido acaparando el control de empresas para el lavado de activos, infiltrando magistrados y jueces mediante jugosos sobornos e incorporando en su nómina a militares, congresistas, gobernadores y alcaldes. Sin embargo, en lo que llevamos del gobierno de Gustavo Petro se han realizado capturas, procesos y extradiciones a razón de casi una por día, sin lograr hasta el momento la desarticulación de una red que ha penetrado profundamente en la política, la justicia y el empresariado colombianos.

El esfuerzo de la oposición de la derecha, coordinado con las cortes, sus congresistas, los gremios de la industria privada, el empresariado y su prensa programada para causar malestar en la población y generar odio hacia el Presidente Petro, coincide sospechosamente con el malestar de las mafias del narcotráfico ante las pérdidas ocasionadas por los buenos resultados del gobierno. Por esta razón, la teoría con mayor agarre sobre el intento de asesinato del Senador Uribe Turbay es que hay una motivación política, pero no ideológica. Es un intento del crimen organizado de sembrar caos para producir cambios que favorezcan a su red de apoyo y le permitan seguir controlando la justicia, la política y el empresariado nacional.

Compañeros, acá lo que hay es una distorsión total del concepto de democracia y un atentado contra la voluntad y expresión popular, donde los únicos que se benefician son los ricos, que ya están contaminados por un mal que pareciera no tener salida.

Hasta la próxima semana compañeros.