EL
GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE
COHERENCIA
Y DIGNIDAD
Saludo a los
oyentes de El Club de la Pluma
El 4 de noviembre
de 1970, se producía en Chile un hecho histórico: por primera vez, un político
marxista llegaba a la presidencia por el triunfo de las urnas, iniciando el
camino al socialismo dentro del marco jurídico existente. Estamos hablando de
Salvador Allende.
Había derrotado a
la derecha del Partido Nacional por un estrecho margen de votos. A falta de una
mayoría, el Congreso debía elegir. Pero el pronunciamiento de la Democracia
Cristiana, tercera fuerza electoral, a favor de la Unión Popular de Allende,
dejó claro quién sería el ganador.
Por documentos
desclasificados del Pentágono, la Casa Blanca y la CIA sabemos hoy, con certeza
histórica, cómo Estados Unidos, aliado con los opositores internos, trató de
impedir a toda costa la ratificación del Congreso. Su embajada en Chile recibió
órdenes para sondear la “permeabilidad” de los legisladores al soborno. Fracasada
esa posibilidad, el nerviosismo de la Casa Blanca aumentó. Es que, en 1970,
quedaba claro que la guerra de Vietnam estaba perdida, dejando tras de sí
60.000 muertos, miles de millones de dólares, buena parte de la imagen
internacional y un fuerte cuestionamiento social. No podía haber entonces un
gobierno socialista en el Cono Sur que, en plena Guerra Fría, generase
fenómenos similares en toda Latinoamérica. Por eso, decidieron pasar a la
acción. Las fuentes no dejan margen para la duda. En 1970, Kissinger afirmaba:
“No veo por qué debemos quedarnos como espectadores y mirar cómo un país se
vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Visión que
compartía el mismo presidente Nixon: “No hay que dejar ninguna piedra sin mover
para obstruir la llegada de Allende”.
El paso siguiente
fue tratar de convencer a las FFAA para dar un golpe preventivo. Estos intentos
encontraron un obstáculo infranqueable en el Comandante René Schneider.
Entonces, Nixon ordenó eliminarlo. Comenzaba así la “Operación Fubelt”, de la
que no fue ajeno el dueño de la cadena de diarios “El Mercurio”, Agustín
Eastman. Según registros escritos de una reunión en el Salón Oval de la Casa
Blanca, el presidente afirmó que enviaría a sus mejores expertos en
inteligencia para matar a Schneider y pondría D10 millones para campañas de
acción psicológica que produjeran el derrumbe de la economía chilena. De esto
último se encargaría la prensa y, muy especialmente, El Mercurio. Finalmente,
estos deseos encontraron eco en el Gral. Roberto Viaux, que por 50 mil dólares
y un seguro de vida de 200 mil, se hizo cargo del operativo. Recibió municiones
y “armas limpias”, sin número de serie para evitar su identificación. El 22 de
octubre de 1970 Schneider era asesinado; las armas, arrojadas al mar en Viña
por un diplomático estadounidense.
Esta muerte conmocionó
a la sociedad chilena, pero no pudo evitar la asunción. Se iniciaba así el gobierno
de Salvador Allende Gossens.
Recibía un país
que repetía una historia ya conocida en América Latina. La de una independencia
que heredó las estructuras socio económicas de la colonia, beneficiando a las
clases altas nativas, que consolidaron posiciones y privilegios. La de una
economía dependiente de los centros desarrollados, con inserción primaria en el
mercado mundial y la existencia de verdaderos enclaves extranjeros en
territorio nacional, como el salitrero en el norte, casi un Estado autónomo con
sus propias leyes. La de la violencia indiscriminada ejercida siempre sobre los
que nada tienen, como muestra la matanza de Santa María de Iquique, en 1907,
donde 3600 trabajadores perdieron la vida, 14 años antes de que Hipólito
Yrigoyen replicara la misma violencia en la Patagonia Argentina. Una historia
no exenta de autoritarismo y presencia militar, como el golpe de Estado de
1924, que cerró el Congreso y llevó al exilio al futuro mandatario Pedro
Aguirre Cerdá; o el “Tacnaso”, dirigido por el mismo Viaux, que en octubre de
1969 jaqueó al gobierno de Eduardo Frei.
En una entrevista
realizada por el periodista Oscar Giardinelli el día de la elección, el mismo
Allende exponía una radiografía del país que recibía. Una economía dependiente
que ha sufrido la explotación del capital extranjero, rica en recursos, pero
pobre en los hechos. En 1970, 1.300.000 dólares salían diariamente hacia el
extranjero. Mientras tanto, 3.200.000 chilenos no tenían agua potable, el 50%
de los niños hasta 15 años estaba desnutrido, había 300 mil desocupados, 4
millones no tenían dónde estudiar y faltaban 440 mil viviendas. 250 mil
chilenos habían emigrado desde Chiloé, Magallanes y Aysén hacia la Patagonia
Argentina por falta de trabajo. Chile, con 2.900 millones de dólares,
registraba, además, la mayor deuda externa per cápita. Es que América Latina
seguía siendo, a fines de los ´60, un continente marcado por las desigualdades.
Uno de los
objetivos de su gobierno fue tomar el control de la gran minería del cobre,
principal fuente de recursos que estaba en manos, en su mayoría, de empresas de
EEUU. El 11 de julio de 1971, el Congreso, por unanimidad, aprobó la
nacionalización de todos los yacimientos. Poco antes había estatizado las
compañías de carbón, creando la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR). Pero el
avance del Estado sobre otras empresas encontró una fuerte oposición legislativa.
Sin mayoría propia, el gobierno echó mano entonces de un decreto dictado en
1932, que le permitía expropiar cualquier empresa considerada estratégica para
la economía nacional. A través de este mecanismo y también de la compra de
acciones, pudo controlar el 80% de la industria y un número importante de
bancos.
También se
profundizó el proceso de reforma agraria, iniciado durante el primer mandato de
Jorge Alessandri y acelerado en la presidencia de Eduardo Frei. Sin embargo,
esta vez el gobierno no se contentó con la entrega de títulos, sino que
acompañó con ayuda técnica, créditos y semillas a los nuevos propietarios. En
1971 se habían expropiado más de 2 millones de hectáreas.
Un ambicioso
programa de salud destinó recursos para adquirir equipamiento y construir
infraestructura hospitalaria. Estas medidas fueron acompañadas por un programa
alimentario que entregaba medio litro de leche diaria a los niños menores de 15
años y alcanzó una cobertura del 80%.
En el campo
educativo, los programas incluyeron campañas de alfabetización, además de un
fuerte impulso a la enseñanza pre escolar, técnica e industrial. Estas medidas,
junto con la ampliación del acceso a la Universidad, permitieron un aumento del
17% de la cantidad de alumnos registrados en todos los niveles.
Pero la derecha y
EEUU le habían declarado la guerra. Por documentos desclasificados del Senado
norteamericano sabemos hoy que hubo una estrecha colaboración entre los
servicios de inteligencia de ambos países para desestabilizar y derrocar a
Allende, y que los contactos con los militares que prepararon el golpe fueron
permanentes y directos. El proceso en Chile debía ser abortado a cualquier
precio. Millones fueron destinados a financiar campañas mediáticas y huelgas
patronales, como la de los camioneros, que en octubre de 1972 paralizó el país y
acentuó las dificultades económicas. Por orden expresa de Nixon también fueron
bloqueadas todas las líneas de crédito hacia Chile.
Si bien es
innegable la participación extranjera en la caída de Allende, hubiese resultado
insuficiente sin el refuerzo desde adentro. Los empresarios aportaron
desabastecimiento, inflación y mercado negro, y coordinaron sus acciones a
través de distintas organizaciones, como la dirigida por León Vilarín o el
frente Patria y Libertad, encargado de acciones directas como el sabotaje.
Mientras tanto, el Congreso vetaba los proyectos del Ejecutivo y los tribunales
se negaban a hacer cumplir la ley.
A pesar de todo esto, en las elecciones legislativas de
marzo de 1973, la UP alcanzó el 43% de votos, 7% más que en 1970. La derecha
quedó muy lejos de los 2 tercios que necesitaba en el Senado para destituir al
presidente. Y, en este contexto, el plan golpista se aceleró.
En julio de 1973,
la Democracia Cristiana se alió con la derecha del Partido Nacional, dejando
aislado al gobierno. La Corte Suprema acusó al presidente de intentar someter
los tribunales a sus necesidades políticas y propiciar una crisis de Estado. En
agosto, una declaración de la Cámara de Diputados afirmaba que el gobierno
había causado un grave quebrantamiento del orden constitucional, que las FFAA y
policiales debían asegurar. En paralelo, era asesinado Arturo Araya, edecán
naval del presidente, y tanques del Regimiento Blindado N°2 avanzaron sobre La Moneda.
Si bien el jefe del Ejército, Carlos Prats, pudo sofocar la insurrección, los
días del gobierno estaban contados. Señalado Prats por la CIA como “el
principal factor atenuante contra el golpe de Estado”, se vio forzado a renunciar,
siendo reemplazado por Augusto Pinochet.
El 11 de
septiembre, amparados en la declaración de Diputados antes mencionada, tanques
dirigidos por el general Palacios ingresaron en el perímetro de La Moneda,
mientras cazabombarderos lanzaban cohetes sobre la casa de gobierno y dos
aviones bombardeaban la residencia presidencial de Tomás Moro. Y a las 10.15Hs,
por Radio Magallanes, habló por última vez a la Nación quien dirigiera la más
grande experiencia de justicia social e igualdad en Chile; quien desafió con
coherencia y firmeza a los poderes dominantes; quien se mantuvo junto al pueblo
y pagó con su vida tamaña osadía. “No voy a renunciar. Colocado en un tránsito
histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”. Cierro con sus palabras
porque sólo sus palabras están a la altura de tanta dignidad.
Desde Buenos
Aires, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma y ¡hasta la victoria
siempre!
PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ
OLIVES
Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO
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