40 LADRONES...Y TAMBIÉN ALÍ BABÁ
Como todos los domingos, saludo a los oyentes de El Club de la Pluma. Soy
Lidia Rodríguez Olives y les hablo desde Buenos Aires.
Los años electorales, en Argentina, son siempre intensos. Y en este, dos
modelos enfrentados polarizaron la sociedad. La pelea por el voto se libra en
los territorios, en la propaganda en las calles, pero también en los dichos,
acusaciones, respuestas y comentarios que circulan a diario en los medios de
comunicación. Crisis, inflación, deuda externa, precio del dólar, gasto del
Estado y reforma laboral, son temas recurrentes en medio de este fuego cruzado.
Si bien es importante percibir la coherencia que cada uno de estos temas tiene
dentro de un modelo específico, no es menos importante analizar cada uno de
ellos, porque alumbran la comprensión de la totalidad y vuelven más nítidas las
diferencias entre las propuestas y sus posibles consecuencias.
Hablar de crisis en Argentina es un tema recurrente. Desde 1976, la
Dictadura impuso a sangre y fuego el modelo neoliberal de valorización
financiera. Y aunque distintos gobiernos de orientación nacional y popular
trataron de revertirlas, las reformas estructurales impuestas por el Terrorismo
de Estado se han mostrado persistentes y profundas. En todo este tiempo,
sufrimos el impacto de 6 crisis económicas, cantidad que supera a las sufridas
tanto bajo el modelo agro exportador como bajo el industrialista. La primera se
produjo entre 1980 y 1982, cuando Martínez de Hoz era todavía el Ministro de la
Dictadura y su causa es la explosión de la deuda especulativa contraída en esa
etapa. Le siguió la crisis hiperinflacionaria de 1989, que llevó al estallido
social y a la renuncia del presidente Alfonsín. En 1995 fue la crisis del
Tequila, seguida por la del 2001, con un nuevo estallido social y la caída de
la Convertibilidad. En 2008, el derrumbe de Lehman Brothers, una empresa de
servicios financieros, arrastró al caos a la economía mundial y también se hizo
sentir en Argentina. La última corresponde al gobierno de Mauricio Macri,
continúa en la actualidad y está ligada al endeudamiento y al préstamo con FMI.
En esos momentos, la visión difundida por los medios de comunicación que se
instala en amplios sectores de la población, es que las crisis económicas
afectan de manera homogénea a todos en la sociedad porque, si bien los sectores
más pobres enfrentan peores condiciones de vida, también los más ricos ven
reducidos sus ingresos y afectada su situación patrimonial. Sin embargo, no es
eso lo que ocurre en la realidad. La evidencia empírica nos muestra que los
sectores más concentrados y de mayores recursos no sólo mantienen sus rentas y
activos durante las crisis: también los aumentan y mucho. En 1981, mientras el
salario del grueso de la población sufría una caída del 20% y la productividad
de la mano de obra se incrementaba por el aumento de las jornadas de trabajo y
la pérdida de derechos laborales, la cúpula empresarial, exponente de las
mayores fortunas en nuestro país, transfería al Estado la deuda que sus integrantes
habían tomado entre 1976 y 1980. 15 mil millones de dólares cayeron sobre las
espaldas de la sociedad toda. La socialización de esta deuda les permitió
hacerse de los activos necesarios para comprar, durante la administración de
Carlos Menem, empresas públicas que, en el marco de las privatizaciones, fueron
liquidadas a precio vil. También el estallido de la Convertibilidad, en 2001,
les permitió apropiarse de una gran cantidad de recursos, a pesar de haber sido
ellos los principales fugadores de divisas y también causa de la misma crisis.
Sólo Techint, la empresa de Paolo Roca, recibió beneficios por 940,3 millones
de dólares, derivados de la pesificación de su deuda y de la devaluación, que
aumentó el valor de sus exportaciones. Pero, durante ese año, la misma empresa
había fugado al exterior, a través de 80 operaciones, un monto de 81.463.022
dólares. Mientras tanto, miles de argentinos perdían sus ahorros en medio de la
hecatombe. Vicentín, Pérez Companc, Roggio, el Grupo Macri y Acindar, junto con
otras empresas, son ejemplos de los mismos beneficios. Tengamos en cuenta
entonces que lo que para la mayoría se traduce como un gran costo, para un
reducido grupo de actores económicos resulta un beneficio. Y puede entonces que
su estrategia no consista en evitar las crisis sino en producirlas.
Otro tema en estas elecciones es la inflación. Para nuestra derecha liberal,
sus causas son la emisión monetaria y el gasto del Estado. Pero en 2012, un
grupo de economistas que formaban el Plan Fénix, encontró una relación estrecha
entre la presencia de oligopolios y las tendencias inflacionarias. Y hasta el
FMI reconoció en 2020 que la inflación en Argentina es un fenómeno multicausal,
que tiene en la concentración económica su principal explicación. Porque
Argentina no es un mercado de competencia perfecta donde los precios dependen
del libre juego de la oferta y la demanda. Acá, un conjunto acotado de empresas
que concentran la producción se han convertido en fijadoras de precios. En la
región metropolitana de Buenos Aires, el 91% de caldos saborizados los produce
una sola empresa: UNILEVER. Y el 89% de la facturación por artículos de
limpieza, repelentes e insecticidas queda en manos de SC Johnson. Entre 2001 y
2010, según la información disponible, las empresas altamente concentradas
subieron el precio de sus productos 7,5% por encima de la media. Mientras las
de escasa concentración lo hicieron 10% por debajo. Quiere decir que las
industrias concentradas fijaron sus precios en un nivel sustancialmente
superior al del sector. Eso es traccionar la inflación a través del
comportamiento oligopólico. A partir de 2007, las ramas altamente concentradas
que más influyeron en el proceso inflacionario fueron la azucarera, láctea,
elaboradora de cigarrillos, jabones y detergentes; pastas alimenticias y
gráfica, donde sobresalen empresas como Ledesma, Atanor, Mastellone Hermanos,
Massalin Particulares, Nobleza Piccardo, Unilever, Molinos Río de la Plata,
Vicentín, Arcor y el Grupo Clarín. Su posición dominante les permitió aumentar
los precios por encima del promedio, en un marco de expansión de la demanda
interna y más allá de los esfuerzos del gobierno por acordar “precios de
referencia”.
Estos grupos, también presionan para definir el precio del dólar. En medio
de una economía inflacionaria, su exigencia es siempre la misma: devaluación.
Esa medida, que impacta sobre los precios internos, los salarios y hace la vida
de los más vulnerables cada vez más difícil, tiene para ellos justificación en
la competitividad. Lo que se resume en la frase que más se les escucha repetir:
las empresas argentinas no son competitivas porque la legislación laboral eleva
el costo de los salarios. Con devaluación, sus gastos en pesos se reducirían y
serían más competitivos a la hora de exportar. Sin embargo, según Schumpeter,
las empresas más competitivas son las que invierten en innovación tecnológica
para su línea de producción. Esto nos lleva a analizar qué pasa con la
inversión en esas empresas. Y si tomamos como ejemplo el decenio 2001/2010, lo
que vemos es que, a pesar del elevado ritmo de crecimiento económico, de la
expansión de la demanda interna, de las prebendas obtenidas a través del Estado
y de los importantes márgenes de ganancia, la tasa de inversión fue apenas del
10%, cuando las ganancias promedio se ubicaron en el orden del 40%. El caso más
emblemático es el de Celulosa Fate, que declaró inversiones netas negativas; es
decir, su inversión no alcanzó ni a cubrir el desgaste de los bienes de capital
que insumió el proceso productivo. En la lista de los que “no quieren invertir”
están, entre otras, Minetti, Pirelli, Molinos Río de la Plata, Arcor, Clarín, Siderar;
Carboclor, Longvie, Ferrum, Rigolleau, Toyota y Fiat.
Cualquier novato en economía se estaría preguntando: y si no invierten,
¿cómo pueden haber crecido tanto? ¿Cómo pueden ocupar esa posición dominante en
el mercado? Y la respuesta es simple: son lo que son gracias al Estado. Un
Estado que transfirió y transfiere millones de dólares al sector. Promoción
industrial, exenciones impositivas, asignaciones directas, compras
sobrevaluadas y protecciones arancelarias son sólo algunos de los beneficios
que reciben. Según Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu, por cada peso que ponen
las empresas, el Estado Nacional pone otro. Sin embargo, esos recursos no se
reflejan en inversión productiva, sino que son derivados a la formación de
activos en el exterior. A la fuga de capitales. En 2017, el Buró Nacional de
Investigación Económica (NBER) calculaba que cada país tiene en paraísos
fiscales un equivalente promedio del 9,8% de su PBI. Señalaba a la Argentina
como uno de los casos más alarmantes: ubicada en cuarto lugar, un 39% de su PBI
estaba oculto en paraísos fiscales. Y hace unos días, la vicepresidenta
Cristina Kirchner denunciaba que la cifra ya se acerca al 100%: 429 mil
millones de dólares de argentinos están escondidos en guaridas fiscales.
El neoliberalismo, como ya dijimos en otra ocasión, no es sólo un modelo
económico: también es un modelo de “Estado Benefactor para pocos”, que no asume
la defensa de la mayoría. Una mayoría que construye con su trabajo y esfuerzo
una riqueza de la que se apropian unos pocos, que evaden impuestos y privan a
la sociedad de recursos necesarios para políticas sociales, salud, educación,
vivienda, inversión productiva, investigación y desarrollo. Una mayoría
degradada en su forma de vida y bajo amenaza permanente de futuros recortes. Ni
ajuste, ni inflación, ni deuda, ni falta de dólares deberían formar parte de
nuestras preocupaciones diarias. Porque en Argentina no faltan recursos: sobran
delincuentes. Es hora que el Estado se asuma como expresión de la voluntad
general y vaya por ellos.
Desde Buenos Aires, saludo a todos los oyentes de El Club de la Pluma
Profesora
de Historia - Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO
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