EXCESO DE
PRIVATIZACIONES:
CUANDO
BRASIL VENDE MÁS DE LO QUE DEBERÍA
En las últimas décadas, Brasil ha seguido un camino marcado
por sucesivas privatizaciones de empresas estatales, bajo la justificación de
la modernización, la eficiencia y el alivio fiscal. Sin embargo, lo que comenzó
como una estrategia puntual de ajuste económico se ha convertido, en muchos
casos, en un proceso acelerado e imprudente de enajenación de activos públicos,
con consecuencias que van más allá del efectivo inmediato del gobierno.
La lógica de la privatización, en teoría, es simple: vender
las empresas estatales para reducir el tamaño del Estado, atraer la inversión
privada y mejorar la calidad de los servicios. Pero la realidad es más
compleja. Cuando el Estado desinvirtió en empresas estratégicas sin un análisis
profundo del impacto social, económico y geopolítico, el resultado puede ser un
debilitamiento de la capacidad del público para inducir el desarrollo y
proteger el interés colectivo.
El costo invisible de la venta de activos públicos
Según un estudio del Cebrasse (Centro Brasileño del Sector
de los Servicios), aunque algunas empresas estatales tienen déficit, como EBC y
Conab, otras, como Petrobras y Banco do Brasil, transfirieron en conjunto más
de R$ 150 mil millones en dividendos a la Unión entre 2023 y 2024, lo que
representa más del 80% del total recibido por el gobierno federal en este
período. Es decir, son fuentes recurrentes de ingresos que, una vez
privatizadas, ya no aportan al presupuesto público.
Además, el mismo estudio advierte que la privatización de
empresas rentables puede generar un efecto fiscal negativo en el mediano y
largo plazo. La venta de activos públicos genera ingresos extraordinarios, pero
elimina las fuentes permanentes de ingresos, creando un "agujero"
estructural que puede llevar a la necesidad de nuevos recortes o aumentos de
impuestos.
La falacia de la eficiencia automática
La idea de que la iniciativa privada siempre es más
eficiente también merece ser cuestionada. Una encuesta del Brazilian Journal of
Economics muestra que, si bien algunas empresas privatizadas han mejorado los
indicadores de rentabilidad y eficiencia operativa, los efectos sobre las
inversiones, la producción y el pago de impuestos son "menos claros"
y varían según el sector. En otras palabras, la eficiencia no está garantizada
y, en algunos casos, el servicio empeora o se vuelve inaccesible para las
poblaciones más vulnerables.
Soberanía y desigualdad en riesgo
La privatización de sectores estratégicos como la energía,
la logística, el saneamiento y las comunicaciones también genera preocupaciones
sobre la soberanía nacional y la desigualdad regional. Las empresas públicas
tienen el deber de servir a las regiones menos rentables, promoviendo la
inclusión y el desarrollo. Las empresas privadas, por otro lado, naturalmente
priorizan el retorno financiero, lo que puede dejar a comunidades enteras sin
ayuda.
El caso de Petrobras, por ejemplo, es emblemático. Con más
del 47% de su capital en manos de inversionistas extranjeros, la empresa
comenzó a priorizar la distribución de utilidades en detrimento de políticas de
precios más asequibles, impactando directamente en el costo de vida de la
población.
El riesgo de decisiones irreversibles
La privatización es fácil. Renacionalizar, no tanto. Una vez
vendido, el control de los sectores estratégicos difícilmente regresa al
Estado, incluso frente a fracasos o abusos. Por lo tanto, es fundamental que
cada proceso de privatización sea analizado con rigor técnico, transparencia y
participación social.
La venta de empresas estatales no puede ser tratada como una solución mágica a los problemas fiscales o como una bandera ideológica. Brasil necesita un Estado eficiente, sí, pero también presente, estratégico y capaz de proteger el interés público. Privatizar sin criterio es renunciar a instrumentos esenciales para el desarrollo nacional.
LÍVIA MARTINS
Desde Brasil –Comunicadora Social
