¿NO HAY PLATA? - PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

 

¿NO HAY PLATA?

 

 

Desde Buenos Aires. Saludo a los oyentes de El Club de la Pluma

En épocas de motosierra y ajustes permanentes, no deberíamos aceptar que cualquier intento de mejora en las condiciones de vida de sectores precarizados (llámense jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de la salud o de la educación) reciba por parte del gobierno la misma respuesta: no hay plata. Que esta afirmación es una falacia está a la vista de cualquiera. El Estado dispone de recursos. El tema es, entonces, el destino que da a esos recursos y las prioridades que establece a la hora de “gastar”.

Uno de los aspectos más oscuros y menos conocidos en este sentido es el referido a los Gastos Tributarios. Se denominan así los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo especial apartado de la legislación general. Debemos tener en cuenta que estos instrumentos funcionan como una transferencia de recursos desde el Estado hacia aquellos a los que beneficia y, por tanto, tienen un costo ya que reducen notablemente la recaudación fiscal. También que, dado que los recursos del Estado son limitados, la existencia de gastos tributarios implica la reducción de la inversión pública en otras áreas.

Argentina no es el único país que utiliza esta herramienta. Los Estados lo hacen para favorecer el desarrollo de alguna zona, actividad, contribuyente o consumo, o para fomentar el empleo. En síntesis, para generar efectos positivos en el crecimiento. Pese a su importancia, en nuestro país se conoce muy poco sobre este tema y muy rara vez se introduce en los debates del Congreso, a pesar del considerable peso que tiene en las cuentas nacionales: en 2023, los gastos tributarios representaron el 4% del PBI; en 2024, el 3,48%; la proyección para 2025 es del 3,54% del PBI. Y si a esto se suman otros beneficios impositivos, la pérdida para este año asciende al 4,72% del PBI. Estos gastos no están sujetos a revisiones ni tienen tiempos de caducidad razonables, lo que permite que el empresario se los apropie como “derecho adquirido”, sin creerse obligado a cumplir con ningún objetivo. Para dimensionar la anormalidad que esto significa podríamos tomar el caso de los Países Bajos, donde el Ministerio de Finanzas está obligado a someter ante el gabinete y el Parlamento la evaluación de los Gastos Tributarios, lo que permitió, en 2021, dar de baja al 35% de ellos por ineficientes y negativos.

Diversos organismos internacionales (como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, la ONU y la CEPAL) coinciden en que los gastos tributarios deben reunir al menos 3 características: 1) Deben ser el medio más eficaz para lograr fines legítimos; 2) Debe ser la alternativa más conveniente y de menor costo fiscal; y 3) Los beneficios que generan deben ser mayores a los costos que suponen. Nada más alejado del sistema argentino, donde predominan la falta de transparencia, la ausencia de pautas legales a la hora de establecerlos y la inexistencia de evaluaciones que permitan medir su eficacia. En un país con baja presión tributaria, con una estructura impositiva regresiva y altas tasas de evasión y elución fiscal, los gastos tributarios derivaron en privilegios concentrados en pocos actores de altos ingresos que aportan poco y nada a la sociedad. Uno podría preguntarse qué efectos positivos sobre el crecimiento o qué beneficios sociales tiene la exención de ganancias de jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial. Ninguna. Sin embargo, sus privilegios nos costarán este año 0,10% del PBI, la mitad de lo que cuesta subir el bono a los jubilados y 146% más que el presupuesto del Poder Legislativo Nacional.

Uno de los casos más emblemáticos por su peso en las cuentas nacionales es el régimen especial de Tierra del Fuego. Nacido en 1972 bajo la ley 19640, tuvo en su momento objetivos específicos. Se trataba de impulsar el crecimiento de la población y de la actividad económica sobre las bases del empleo industrial, operando sobre un territorio casi vacío. Este objetivo geopolítico fue alcanzado con creces: de 13500 habitantes en 1972, la población se multiplicó por 14 en 50 años llegando, según el censo de 2022, a 185732 habitantes. Pero el subrégimen industrial hoy en vigencia, que fue modificado por distintos decretos a lo largo de los años, desvirtuó los objetivos originarios hasta convertirse en un verdadero nicho de privilegios empresarios que no contribuyen al desarrollo del país. Tierra del Fuego goza de beneficios fiscales y aduaneros, como la exención del IVA, del impuesto a las ganancias, de impuestos internos y de aranceles de importación. En 2021, su costo fiscal fue de 1070 millones de dólares, equivalentes al 0,22% del PBI. En 2023, generó una pérdida en la recaudación igual a todo el presupuesto del Ministerio de Salud y al triple de los recursos destinados al CONICET.  Pero el esfuerzo que todos los argentinos hacemos resignando recursos para otras áreas, no se compensa en absoluto con los resultados obtenidos. El subrégimen industrial de Tierra del Fuego premia la facturación en lugar del valor agregado local y no ha promovido las exportaciones ni alcanzado la autonomía económica en esa provincia: su balanza comercial es negativa y sigue dependiendo para su supervivencia de los fondos girados por el Estado Nacional. En cambio, ha engrosado el patrimonio de dueños y accionistas de grandes empresas y conglomerados, como Mirgor, de Nicolás Caputo, Newsan y Radio Victoria, que computan los beneficios de los que gozan como ganancias empresarias.  

Otro tanto sucede con las grandes tecnológicas argentinas que, mal llevando en título de “Unicornios”, nada han hecho por la innovación. Por el contrario, su estrategia se ha basado en copiar tecnología exitosa y aplicarla en el país. Lo hacen Mercado Libre de Galperín, Globant de Migoya, Despegar y Ualá, que replican en Argentina a Paypal, Square, Alibabá, Tercent y Amazon. Ninguno de nuestros Unicornios cuenta con un departamento de Investigación y Desarrollo porque no invierten ni en infraestructura ni en tecnología independiente. Si bien esta inversión es imprescindible para la soberanía digital de nuestro país, no es negocio para ellas, cuyo único objetivo es que sus accionistas ganen plata. Lo mismo quieren las gigantes de EEUU, pero allí esto va de la mano de hacer desarrollo de frontera como única forma de mantener su dominio sobre el mercado. A diferencia de sus copias argentinas, que parasitan absorbiendo recursos del Estado, las tecnológicas estadounidenses son las que, en el mundo, más invierten en Investigación y Desarrollo. Lo que sí desarrollaron nuestras tecnológicas son aceitados mecanismos para evadir impuestos. Sus casas matrices están radicadas en paraísos fiscales: Despegar en Islas Vírgenes; Globant en Luxemburgo y Mercado Libre en Delaware. Omiten así su obligación de tributar en Argentina, cuyo Estado formó en el sistema educativo público y gratuito a parte de los desarrolladores y personal calificado que contratan. No olvidemos que la Inteligencia Artificial detrás de Mercado Libre fue aportada por la empresa Machinalis, proyecto de docentes y egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Para rematar, no cotizan en la bolsa argentina sino en la de EEUU. Pero esta “extranjerización” no les impidió acogerse a los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento y obtener, así, una reducción considerable en el pago de cargas sociales.

A los gastos tributarios debemos sumarle otros beneficios impositivos que representan cifras significativas de pérdidas fiscales en relación al PBI. Entre los más importantes tenemos: la exención de ganancias a la renta financiera; el reintegro de IVA a los exportadores; la exención de IVA y de Bienes Personales para los inmuebles rurales; los reintegros al comercio exterior; y la dispensa de IVA sobre los honorarios de directores de empresas. Sumando ambos ítems (gastos tributarios y beneficios impositivos) la pérdida en la recaudación de 2024 fue del 4,72% del PBI, en números más entendibles, 28.526 millones de dólares.

Y es por estos agujeros negros, que no pasan por evaluaciones que permitan verificar su eficacia, su idoneidad como mejor alternativa o su justificación; que favorecen a los sectores de mayores ingresos; que aumentan la regresividad de nuestra política fiscal y perpetúan la desigualdad; que nadie sabe cómo se distribuyen; que fomentan la corrupción empresaria, los lobbies y los sobornos con el único fin de mantener privilegios fiscales; que aumentan las fortunas de empresarios parásitos que quieren todo sin dar nada. Es por ahí que se van los recursos para jubilados, para el CONICET, para el Garrahan, para Vialidad Nacional y nuestras rutas, para Atucha I, II y III, para el Carem y la política nuclear soberana, para discapacidad, para vivienda y para cualquier programa social que permita atender a los sectores más vulnerables.

En estos tiempos de motosierra, no está en disputa ni el Estado ni su tamaño. Lo que se define es en manos de quién queda la riqueza producida socialmente. Los grandes empresarios argentinos, responsables en gran medida del estancamiento productivo, la desigualdad social y el deterioro de las condiciones de vida del 76 en adelante, van por un Estado mutilado y empobrecido, pero que, con la promiscuidad que siempre caracterizó las relaciones que con él mantuvieron, les garantice en palabras de Bercovich, “la más cuantitativa transferencia regresiva de ingresos y riqueza que se haya producido en la historia sin mediar un golpe de Estado”. Por eso, como buen títere y gendarme del gran capital, Milei repetirá “no hay plata” mientras veta, otra vez, las leyes que aprobó el Congreso.

Cierro esta columna con un abrazo enorme a la familia y amigos de un inmenso que se nos fue: el querido Carlos Pereyra Mele.

Desde Buenos Aires, saludo a los que escuchan El Club de la Pluma

 

PROF. LIDIA INÉS RODRIGUEZ OLIVES

Profesora de Historia - Posgrado en Ciencias sociales por FLACSO