GOBERNAR UN PAIS CAPTURADO POR LA EXTREMA DERECHA - CARLOS MEDINA GALLEGO - MAURICIO IBÁÑEZ

 

GOBERNAR UN PAIS CAPTURADO

 POR LA EXTREMA DERECHA

 

Apreciados compañeros, amigos y escuchas de El Club de La Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez, con nuestro acostumbrado abrazo por la unidad latinoamericana.

 

El día de hoy quiero dar lectura a un texto publicado por el Dr. Carlos Medina Gallego, Historiador, Analista Político y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en su página de Facebook.

 

Gobernar desde una posición progresista en un país como Colombia no es solamente una cuestión de voluntad política o de diseñar buenos programas de gobierno. Es, ante todo, una lucha contra un sistema profundamente enquistado, estructuralmente diseñado para resistir cualquier intento de transformación real. La promesa del cambio choca con un poder que no es solamente oposición parlamentaria, sino una amalgama de intereses económicos, militares, judiciales, mediáticos y criminales que han aprendido a actuar en bloque para garantizar la conservación de sus privilegios. Un gobierno que intente revertir esa lógica se encontrará frente a un cerco implacable.

 

1. La democracia secuestrada

 

Uno de los principales obstáculos para un gobierno progresista es que, aunque haya ganado las elecciones presidenciales, el sistema político en su conjunto está capturado por sectores conservadores y de extrema derecha. El Congreso de la República, cooptado por clientelas, partidos tradicionales y bancadas que no representan los intereses populares sino los de los gremios, el capital financiero, las iglesias y los clanes regionales, se convierte en un dique contra toda iniciativa de reforma estructural.

 

Las reformas fundamentales –como las pensionales, laborales, de salud o agrarias– son torpedeadas no solo por ideología, sino por el temor de estas élites a perder control sobre los recursos del Estado. En ese escenario, el Congreso deja de ser un espacio de deliberación democrática y se transforma en una maquinaria de chantaje político, donde cada voto tiene precio y cada debate es una negociación de intereses.

 

2. Las altas cortes como trincheras del viejo régimen

 

Pero no basta con controlar el Legislativo. Las élites han extendido sus tentáculos a la rama judicial, y en particular, a las altas cortes. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema han sido infiltradas por una lógica de reparto burocrático, cuotas partidistas y favores mutuos. Jueces y magistrados, lejos de ser garantes de la justicia y el equilibrio de poderes, operan como factores de poder que bloquean, ralentizan o sabotean las iniciativas gubernamentales bajo el ropaje de la técnica jurídica.

 

Se judicializa la política como mecanismo de guerra: cualquier reforma, cualquier acto del Ejecutivo que toque privilegios, es denunciado como inconstitucional, populista o autoritario. Se acude a tutelas, demandas, suspensiones preventivas, y todo el aparato judicial actúa como contención institucional contra el cambio. No se trata de justicia, sino de poder.

 

3. La conspiración mediática: la mentira como arma de guerra

 

En paralelo, el ecosistema mediático funciona como el brazo armado de la reacción. Los grandes medios de comunicación, en manos de conglomerados económicos que han lucrado históricamente del Estado, lanzan campañas sistemáticas de desprestigio contra el gobierno, sus funcionarios y sus iniciativas. Se manipula la información, se tergiversan datos, se repiten mentiras hasta convertirlas en sentido común.

 

Los medios construyen un relato en el que el gobierno progresista es incapaz, corrupto, autoritario, amigo de criminales o cómplice de la violencia. No importa la realidad. Importa el relato. Es una guerra cultural y simbólica en la que se busca aislar al gobierno de su base social, sembrar desesperanza, generar confusión y alimentar el odio. La prensa no informa: combate.

 

4. El aparato militar y policial: entre la desobediencia y la connivencia

 

Un gobierno progresista también debe enfrentar la resistencia interna de las fuerzas armadas y de policía. Cuerpos entrenados en la doctrina del enemigo interno, moldeados durante décadas por una visión anticomunista, elitista y autoritaria, miran con recelo a cualquier presidente que hable de derechos humanos, paz, justicia social o reforma del aparato represivo.

 

Muchos altos mandos boicotean en silencio las órdenes del Ejecutivo, filtran información a la prensa hostil, sabotean políticas de seguridad humana y mantienen alianzas con redes ilegales. La connivencia entre sectores de la fuerza pública y el crimen organizado –en particular con el narcotráfico y el paramilitarismo– sigue siendo una realidad inconfesable que debilita la capacidad del Estado para gobernar con soberanía.

 

5. Un Estado desarticulado, una burocracia corrompida

 

Colombia no es solo un país de instituciones capturadas, sino también de instituciones que funcionan mal. El Estado ha sido intencionalmente debilitado en nombre del “modelo eficiente” neoliberal: privatización, tercerización, contratos temporales, burocracia clientelista. Un gobierno que quiera transformar se encuentra atado a una maquinaria administrativa que responde más a favores políticos que a planes de desarrollo.

 

No hay una tecnocracia leal al proyecto de país. Hay funcionarios que sabotean desde adentro, que retardan la ejecución presupuestal, que incumplen órdenes, que filtran información, que responden a padrinos políticos antes que a su jerarquía institucional. Gobernar es nadar contra una corriente de intereses, mafias y mediocridades enquistadas.

 

6. La oposición: una alianza entre políticos, banqueros y mafias

 

La oposición en Colombia no es simplemente un bloque parlamentario. Es un entramado de poder que articula partidos tradicionales, sectores empresariales, grandes bancos, medios de comunicación, iglesias, mafias territoriales y redes paramilitares. Es un régimen que no se resigna a dejar el poder y que está dispuesto a usar cualquier medio –legal o ilegal– para desgastar al gobierno y preparar su retorno.

 

Las estrategias van desde el sabotaje legislativo hasta el uso de la justicia para perseguir funcionarios del Ejecutivo, pasando por campañas de desinformación, incitación a la protesta desestabilizadora, alianzas internacionales para presionar políticamente al país y hasta la promoción de golpes institucionales. En Colombia, la oposición no compite: conspira.

 

7. Un país atravesado por el odio estructural

 

Todo esto ocurre en un país donde el odio ha sido sembrado durante generaciones. El odio al diferente, al pobre que reclama, al indígena que resiste, al negro que se organiza, a la mujer que protesta, al joven que sueña. Un odio funcional a las élites que lo han cultivado desde la educación, la religión, los medios y la guerra.

 

Colombia no es solo un país violento, sino una sociedad estructuralmente vengativa. La paz es sospechosa. El diálogo es visto como debilidad. La protesta se criminaliza. En ese contexto, cualquier gobierno que apueste por la justicia social debe hacerlo no solo contra los poderes fácticos, sino contra una cultura política profundamente antiliberal, autoritaria y clasista.

 

8. La ciudadanía desmovilizada y fragmentada

 

Uno de los grandes dramas que enfrenta un gobierno progresista es que, al llegar al poder, las bases populares que lo apoyaron tienden a desmovilizarse. Muchos piensan que al ganar la presidencia se resolvió todo, cuando en realidad es apenas el inicio de la disputa. La calle se vacía, la presión social se diluye, y el gobierno queda solo ante la embestida de los poderes tradicionales.

 

Peor aún: las divisiones internas entre sectores progresistas, los egos, los sectarismos y los cálculos personales hacen que incluso las fuerzas del cambio se fragmenten. Se pierden energías en disputas menores mientras la derecha actúa con frialdad estratégica y cohesión.

 

9. La urgencia del poder constituyente

 

Ante este panorama, queda claro que un gobierno progresista no puede gobernar solamente desde la legalidad establecida. El régimen está diseñado para impedir el cambio. Por eso, resulta urgente la activación del poder constituyente: una movilización social consciente, organizada, permanente, que respalde al gobierno y empuje la transformación desde abajo, desde los territorios, desde las calles, desde las bases populares.

 

No basta con administrar el Estado capturado: hay que subvertirlo. No basta con negociar reformas con quienes quieren impedirlas: hay que imponerlas con el respaldo del pueblo organizado. La soberanía no está en las urnas cada cuatro años: está en la acción colectiva que reconfigura el sentido común y reescribe el contrato social.

 

10. La esperanza como resistencia

 

Pese a todo, la historia no está escrita. Cada día que un gobierno progresista sobrevive, resiste y avanza, aunque sea un milímetro, es una victoria contra siglos de dominación. La tarea no es fácil. Exige valentía, lucidez, inteligencia táctica y, sobre todo, pueblo movilizado. Porque si algo teme el régimen es a un pueblo que ha perdido el miedo.

 

En Colombia, donde el odio ha sido política de Estado, la única salida es construir un poder popular capaz de disputar cada centímetro de democracia real. Porque cuando los poderosos conspiran con medios, jueces, congresistas, generales y banqueros, el pueblo tiene que responder con organización, con unidad, con dignidad.

 

El cambio no vendrá desde arriba. Solo será posible si abajo se enciende el fuego de la esperanza echa fuerza transformadora.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO

Historiador y Analista Político

 

MAURICIO IBÁÑEZ – Desde Colombia -Biólogo

Especialista En Estudios Socio-Ambientales